A un año de la consulta anticorrupción lo que ha pasado.

De los siete puntos de la consulta que fue votada en el año 2018, solamente uno fue aprobado.

Hoy, un año después de que más de 11 millones de personas con su voto se manifestaran en las urnas en la consulta anticorrupción, la realidad política sigue igual, no ha pasado nada con ello y lo más indignante el irrespeto con las más de 11 millones de votos y pese al compromiso que adquirieron el presidente, Iván Duque, y el Congreso de tramitar en la primera legislatura, 2018-2019, los mandatos votados, entre ellos la reducción del salario de los funcionarios de alto nivel donde se incluyen los parlamentarios, cárcel para los corruptos, una contratación transparente a través de los pliegos tipo, los presupuestos públicos participativos, rendición de cuentas, publicidad de la declaración de renta y registro de intereses, y el límite de períodos en el poder. De todos estos, solo uno logró superar todos los debates y 4 de ellos se hundieron. 

En un principio, cuando se tramitó la propuesta de preguntarle a los ciudadanos Colombianos sobre la corrupción, se recogieron más de cuatro millones de firmas que la apoyaron. Lozano dijo: Esta ha sido la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia del país. Tuvimos más firmas válidas que la segunda reelección de Uribe y la inscripción de la candidatura de Vargas Lleras. Si esto tiene casi cinco millones de nombres, claramente no es porque tengamos cinco millones de afiliados verdes, sino porque es un pacto de país. Pese a la resistencia uribista, la consulta obtuvo más de 11’600.000 votos y le faltaron solo 468.922 para alcanzar el 33 % del umbral electoral que exigía la ley para que el Congreso le diera obligatorio cumplimiento.

En cuanto a la reducción del salario, El proyecto se archivó en primer debate de la Comisión Primera de la Cámara, luego de que 37 de los 38 representantes se declararon impedidos, por lo que la iniciativa se hundió a falta de quórum, explicó la representante verde Juanita Goebertus. Nueve meses después de esto, el presidente Duque firmó un decreto y aumentó de nuevo el salario de los congresistas a $32’741.000.

En el punto de mayor responsabilidad penal para los corruptos, esto venía compuesto de varias iniciativas legislativas, una de ellas eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos y era la que en un principio iba más adelante en el trámite, pues se vinculó a un proyecto de la Fiscalía que estaba en marcha en el Congreso, una supuesta confusión en la asignación de conciliadores dio como resultado la muerte del proyecto por tiempos de vencimiento, para la actual legislatura, se radicó de nuevo y sigue viva la propuesta de inhabilitar a los corruptos para contratar nuevamente con el Estado a esto le quedan dos debates.

A la contratación transparente tipo pliego, le falta un debate en la plenaria de la Cámara para ser realidad, esta iniciativa busca eliminar la práctica de contratos sastre, diseñados para un solo proponente, para, en cambio, estandarizarlos y hacer un mayor control fiscal.

En los presupuestos públicos con participación de los ciudadanos, no logró pasar su primer debate en la Comisión Cuarta del Senado por falta de quórum, esta era una de las iniciativas que necesitaron mensaje de urgencia, pero nunca llegó. Para esta legislatura, fue nuevamente radicado y está a la espera de que se asignen ponentes.

En el punto de rendición de cuentas, fue el único proyecto aprobado en su totalidad en este primer año. Se encuentra en revisión constitucional. Hay que decir que unos de los elementos más interesantes de la iniciativa, como la publicidad del voto de los congresistas, la agenda y la gestión de partidas presupuestales, fueron eliminados, Congresistas, diputados, concejales y ediles estarán en la obligación de rendir informes de gestión.

Publicación de la declaración de renta, proyecto donde se pretende hacer públicos la declaración de bienes y rentas, el impuesto sobre la renta y el registro del conflicto de intereses y de esto se radicaron dos iniciativas, a las que les falta el último debate en plenaria de la Cámara de Representantes, algunos congresistas han procurado que la publicación de estos documentos sea por orden judicial o de órganos de control, escenario que no cambiaría las condiciones actuales. Hay otros peros que se quieren adherir, como el de no exigir estos papeles a los cónyuges y familiares de los parlamentarios.

En el punto del límite de períodos donde se dice que los atornillados le han hecho daño al país y han estancado el desarrollo de la política. Este mandato era clave para que en los cuerpos colegiados puedan ser elegidos por máximo tres períodos en la misma corporación. La legislatura anterior hundió esta iniciativa dos veces. La primera vez fue archivada en segundo debate en Cámara de Representantes y la segunda con la reforma política en su segunda vuelta. Este año fue radicado nuevamente y está pendiente por designar ponentes.

Las conclusiones que se pueden obtener un año después es muy adverso y más por el apoyo que se le dio en el Congreso a la realización de la consulta, que no se vio reflejado en el trámite de los siete mandatos. El partido político de la Alianza Verde insiste en dar la batalla, ahora cuando se celebra un año de la consulta, hoy la bancada se citará en la Plaza de Bolívar a firmar el compromiso de aplicar cinco de los siete puntos en Bogotá.