Adicae ha estudiado 278 contratos de 52 entidades financieras en España, correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros.

La asociación de usuarios bancarios Adicae ha denunciado más de 400 cláusulas abusivas en contratos entre entidades bancarias y clientes que limitan la responsabilidad de los bancos y obligan a pagar elevados costes.

Las denuncias las ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, y otras autoridades competentes. En un informe elaborado por Adicae, en el que se ha estudiado 278 contratos de 52 entidades financieras correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, tanto de crédito como de ahorro, la asociación ha detectado 469 cláusulas que limitan los derechos de los consumidores. Entre las 52 entidades analizadas se encuentran Bankia, Liberbank, Banco Sabadell, CaixaBanc, Ibercaja, Banco Santander, Banco Popular o la Kutxabank o NCGBanco.

Adicae critica que muchas de las entidades que han sido denunciadas hayan sido nacionalizadas o se encuentren integradas en entidades debido al proceso de reestructuración financiera, y lamenta que siga «prevaleciendo» en los contratos una posición de «fuerza» de las entidades bancarias frente a los consumidores.

Según el estudio, en algunas de las cláusulas abusivas detectadas se obliga a los clientes a sufragar y mantener costes y gastos muy elevados «que en ocasiones no tienen la obligación de soportar». Las condiciones más alarmantes tiene que ver con las comisiones cobradas de manera irregular o sobrevaloradas, con la compensación de saldos que no están justificados, intereses abusivos por demora o capitalización. «El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea», añade Adicae en un comunicado en el que indica que se han analizado desde contratos de tarjetas de crédito y débito y cuentas corrientes y de ahorro, hasta contratos de préstamo con garantía hipotecaria y contratos de inversión. «Esta cifra de abusos en las mesas de las oficinas bancarias españolas es mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y de la defensa de los derechos de los usuarios», asevera la asociación.