Colombia ordena regreso de Embajador en Caracas
Crisis en Venezuela, el Gobierno colombiano, llamo a su embajador en Caracas y argumentó que se trata de “un llamado a informar”.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que ese organismo se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional, dio paso a que el Gobierno de Colombia –que previamente había rechazado lo que consideró una “no división de poderes”– ordenó el regreso del embajador del país en Caracas, Ricardo Lozano. La canciller Colombiana María Ángela Holguín, informó que se trata de un ‘llamado a informar’ para que el Ejecutivo entienda de cerca la situación por la que atraviesa el vecino país, luego de que la más alta instancia judicial de Venezuela asumiera las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato. “Es un llamado a informar para entender la situación de hoy. Queremos conversar con é y no lo vamos a retirar definitivamente de Venezuela por las necesidades propias de los colombianos que residen en ese país, Venezuela pasó una línea que no había pasado”, declaró la canciller Holguín en referencia a la sentencia judicial.
En un comunicado emitido poco después por la cancillería colombiana, el gobierno de Juan Manuel Santos señaló su «profunda preocupación» por la decisión adoptada por el TSJ: «El Gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho», indicó el texto.
La relación entre Colombia y Venezuela durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido convenientemente fluida. Colombia, por su parte, le ha dado oxígeno al gobierno Maduro en momentos de inestabilidad, en los que a través de la Cancillería se ha promovido el diálogo con la oposición calmando los ánimos cuando en las calles se habla de golpe de estado. El asunto va más allá del incidente diplomático que se presentó en la frontera por el ingreso de 60 militares de Guardia Venezolana en Bocas del Jujú, municipio de Arauquita. Tiene que ver también con la posición que ha venido asumiendo el Gobierno en escenarios internacionales frente a la situación política y democrática del país vecino. La semana pasada, Colombia con 13 países del hemisferio, firmó un documento en el que hicieron tres peticiones concretas al gobierno de Nicolás Maduro: “Que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas».
