La Fuerte Corrupción del MinTic
El dinero de los Colombianos paga la corrupción en MinTic
El Fondo Nacional de Garantías, sirvió como garante para que dos bancos le prestaran dinero a miembros de esa unión temporal llamado Centros Poblados, quienes debían llevar conectividad de internet a 7.000 escuelas rurales, dice haber sido víctima del entramado de corrupción con el que se hicieron al contrato. Por ello el Estado Colombiano no debería pagar por este irresponsable manejo que le dio la unión temporal Centros Poblados a los recursos del contrato del Ministerio de las TIC para llevar conectividad a 7.000 escuelas en zonas rurales. Según cuenta el Fondo Nacional de Garantías, luego de que se conocieran las supuestas irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato y aún con varias personas judicializadas por el escándalo, los bancos han seguido cobrando Y el Estado tendría que pagar $5.600 millones de pesos que pertenecen a todos los Colombianos.
Todo este entramado de corrupción en el Ministerio de las Tecnologías de la Información comenzó hace un año y medio cuando El Mintic le adjudicó a finales del año 2020 un millonario contrato a la unión temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque y conformada por las compañías Omega Buildings, ICM Ingenieros y Novotic. Mintic les giró un anticipo de $70.000 millones de pesos para que empezaran la tarea de llevar internet a miles de escuelas rurales, no obstante a este millonario desembolso las compañías de Omega Buildings y ICM ingenieros pidieron préstamos en los bancos de Bogotá y BBVA. En este trámite el Fondo Nacional de Garantías respaldaron que si incumplían el pago de las deudas, el Estado respondería.
A mediados del año 2021 se reportaron incumplimientos en el contrato, se conoció que otra garantía, supuestamente emitida por el banco Itaú y que Centros Poblados había presentado para quedarse con el contrato, habría sido falsificada. En septiembre del año pasado la Fiscalía les imputó cargos a Duque, al corredor de seguros que le habría ayudado a conseguir la supuesta garantía falsa, Juan José Laverde, y al zar de la contratación, Emilio Tapia. El Fondo Nacional de Garantías ahora se niega a pagar por los presuntos hechos de corrupción que han rodeado todo el contrato del Mintic. Es evidente que se requiere la defensa del patrimonio público, el cual se encuentra en una amenaza grave de ser afectado, en tanto los recursos con los cuales se realizaría un eventual pago a los intermediarios financieros saldrían del tesoro público, por cuanto amparar los créditos en mora de ICM Ingenieros y Omega Buildings sería tanto como que el Estado asuma por una fuente distinta el grave e irresponsable manejo que de los recursos ha hecho la unión temporal, le aseguraron a la Fiscalía.
El Banco de Bogotá renunció a reclamar la garantía ante el FNG, el BBVA ha insistido en varios frentes. A la fecha, la deuda que los miembros de Centros Poblados no le han pagado a este banco ascienden a $5.600 millones, cifra que tendría que asumir el Estado. La última palabra la tendrá el juez del caso. El mismo juez que determine si Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y sus supuestos socios se aliaron en un entramado de corrupción.
La Periodista Paola Herrera quien destapó el escándalo de corrupción en MinTIC, reveló los documentos irregulares que presentó la Unión Temporal Centros Poblados para ganarse el millonario contrato de MinTIC con mucha anticipación en la cadena radial la W a su adjudicación, pero la
Corrupción en este Ministerio y la Politiquería nos ha hecho presenciar el desarrollo de un caso que tiene varios protagonistas, una ministra muy criticada desde cuando asumió su rol porque no tenía la formación técnica necesaria para liderar uno de los renglones de la economía más importantes justo en medio del uso de internet como vehículo para poder educarnos, trabajar, comprar en línea, pagar servicios públicos o comunicarnos de la manera más básica y por otro lado, a unos contratistas con $70.000 millones, del Estado, en su poder y con graves deficiencias en el cumplimiento de sus compromisos, un banco internacional, con operación en nuestro país, que dice no tener velas en este entierro, un intermediario asegurador que se mueve para salvar su propio pellejo, entes de control investigando y buscando a responsables, pero sobre todo a una Colombia rural engañada, que sigue confiando, por obligación y necesidad, en las buenas labores de los políticos que prometen y prometen pero nunca llegan a cumplir con los más necesitados que utilizan siempre para sus fechorías y enriquecimientos ilícitos.