Aragón abre un nuevo frente político: el Gobierno PP-Vox elimina la financiación autonómica para cooperación internacional en los presupuestos de 2027
La decisión del Ejecutivo de Jorge Azcón, defendida públicamente por Jorge Buxadé y Alejandro Nolasco, reabre el debate sobre las prioridades del gasto público. Las organizaciones de solidaridad alertan de que la desaparición de una partida de 1,45 millones de euros puede afectar a proyectos que prestaban asistencia a cientos de miles de personas en países desfavorecidos.
18 DE NOVIEMBRE DE 2026.
La política presupuestaria del Gobierno de Aragón vuelve a situarse en el centro de la controversia. La decisión de eliminar la financiación específica destinada a cooperación internacional para el ejercicio de 2027 ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico, integrado por el Partido Popular y Vox, y las organizaciones sociales que trabajan en proyectos de ayuda al desarrollo fuera de España.
El asunto ha adquirido una nueva dimensión después de las declaraciones realizadas este miércoles por Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, durante una visita a La Almunia de Doña Godina, en Zaragoza. El dirigente ha defendido públicamente la orientación de las políticas impulsadas por su formación en el Gobierno autonómico y ha presentado la reducción de las ayudas exteriores como una muestra del cumplimiento de sus compromisos políticos.
Buxadé ha sostenido que la influencia de Vox ya se está dejando notar en las decisiones del Ejecutivo aragonés, destacando que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los ciudadanos españoles, los trabajadores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.
El dirigente también ha defendido que este planteamiento podría trasladarse al ámbito nacional si su partido llegase a disponer de capacidad suficiente para determinar las políticas del Gobierno de España.
Sin embargo, detrás de estas declaraciones existe una decisión presupuestaria concreta que merece analizarse más allá del enfrentamiento entre partidos: la desaparición de los fondos autonómicos específicos destinados a financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
Una partida de 1,45 millones de euros que desaparece de las cuentas de 2027
La cuestión no es nueva. El Gobierno aragonés ya había presentado su proyecto de presupuestos para 2027, en el que la financiación específica del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos aparece eliminada.
Según la información publicada por distintos medios de comunicación, entre ellos El País y la Cadena SER, la última dotación presupuestaria aprobada para esta finalidad ascendía a aproximadamente 1,45 millones de euros.
La desaparición de esta partida supone un cambio importante en una política pública que, según las organizaciones del sector, llevaba más de tres décadas formando parte de las actuaciones de solidaridad internacional impulsadas desde Aragón.
La decisión se encuentra vinculada al departamento dirigido por Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno autonómico y representante de Vox, responsable de las áreas de Desregulación, Familia y Bienestar Social.
El presupuesto autonómico proyectado para 2027 asciende a 9.594,7 millones de euros, según las cifras recogidas por El País. Se trata de unas cuentas de mayor volumen que las del último ejercicio presupuestario aprobado, por lo que la supresión de la cooperación exterior ha abierto también una discusión sobre si el cambio responde a una necesidad de ahorro o a una decisión de orientación política.
Desde Vox se defiende que los recursos deben concentrarse en las necesidades de los ciudadanos españoles. La formación presenta la medida como parte de una política de prioridad nacional.
Por su parte, las organizaciones de cooperación consideran que la eliminación de la partida no puede justificarse exclusivamente mediante argumentos económicos, especialmente cuando el presupuesto global de la comunidad experimenta un incremento.
Conviene precisar que los 1,45 millones de euros no representan el conjunto del presupuesto autonómico ni la totalidad de las políticas sociales de Aragón. Se trata de la financiación específica que se destinaba a cooperación internacional, una diferencia importante para comprender correctamente el alcance de la medida.
Buxadé reivindica la influencia de Vox y plantea trasladar el modelo al conjunto de España
Las declaraciones de Jorge Buxadé permiten entender cuál es la intención política que Vox atribuye a estos cambios.
Durante su intervención en Zaragoza, el dirigente defendió que el dinero público debe permanecer prioritariamente en España y beneficiar a quienes, según su formación, necesitan una mayor atención de las administraciones.
En esa misma línea, aseguró que, si Vox tuviera capacidad para influir de manera determinante en el Gobierno central, intentaría aplicar una política semejante a escala nacional.
El mensaje coincide con el discurso que Alejandro Nolasco ha venido defendiendo en relación con los presupuestos autonómicos.
El vicepresidente aragonés aseguró este miércoles que Vox cumple sus compromisos electorales y destacó varias actuaciones que considera representativas de la influencia de su partido en el Ejecutivo.
Entre ellas mencionó la eliminación de la financiación para cooperación exterior, los cambios relacionados con el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y el refuerzo de determinadas prestaciones sociales.
Nolasco también destacó la dotación de 145 millones de euros para financiar prestaciones de dependencia durante 2027, con un incremento del 7 % en las prestaciones correspondientes a los grados II y III.
Esta cifra fue recogida por Europa Press en su información del 18 de noviembre.
No obstante, es importante diferenciar las partidas presupuestarias: que el Gobierno destine 145 millones a dependencia no significa que ese importe proceda directamente de los 1,45 millones eliminados de cooperación internacional. Son conceptos presupuestarios distintos y no debe establecerse una relación directa de financiación sin documentación que la demuestre.
Las organizaciones sociales advierten de las consecuencias fuera de España
La otra cara de esta decisión está representada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), una organización que agrupa a más de 60 entidades que desarrollan actividades de cooperación en 46 países.
La federación ha mostrado su rechazo a la desaparición del Fondo de Solidaridad y ha reclamado al Gobierno autonómico que recupere una dotación suficiente para mantener los programas de cooperación al desarrollo.
Su preocupación no se limita a la reducción de subvenciones para las organizaciones aragonesas. Según los datos facilitados por la propia federación, los proyectos financiados con fondos del Gobierno autonómico estaban llegando a cerca de 500.000 personas.
La cifra fue trasladada por Estrelicia Izquierdo, coordinadora de la FAS, en declaraciones recogidas por El País y la Cadena SER.
Entre las actuaciones que podrían verse afectadas se encuentran proyectos relacionados con el acceso al agua potable, la atención sanitaria durante el embarazo y el parto, la escolarización de niñas y niños, el desarrollo de actividades productivas y la protección de personas defensoras de los derechos humanos.
Son iniciativas que, según las organizaciones, contribuyen a cubrir necesidades básicas en comunidades que afrontan situaciones de pobreza, desigualdad, conflictos o dificultades para acceder a servicios esenciales.
La federación sostiene que la supresión presupuestaria puede provocar la interrupción de programas que dependían de esas ayudas públicas.
Ahora bien, conviene señalar que la cifra de casi medio millón de beneficiarios corresponde a estimaciones comunicadas por la propia FAS y no a una auditoría independiente que permita asegurar que todas esas personas dejarán automáticamente de recibir asistencia.
La posible pérdida de financiación autonómica tampoco significa necesariamente que todos los proyectos vayan a desaparecer: algunas organizaciones podrían buscar recursos de otras administraciones, instituciones privadas o entidades internacionales.
Lo que sí resulta evidente es que la eliminación de esta partida supone la retirada de una fuente de financiación pública que hasta ahora contribuía a mantener esas actuaciones.
El debate jurídico: ¿puede una comunidad autónoma eliminar estas ayudas?
Uno de los aspectos más relevantes de la controversia tiene que ver con el marco legal aragonés.
El Estatuto de Autonomía de Aragón contempla expresamente la cooperación para el desarrollo dentro de las competencias de la comunidad autónoma. En concreto, su artículo 71.36 recoge la cooperación para el desarrollo como expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos.
Además, Aragón dispone de una legislación propia en esta materia: la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo.
Esta norma establece los objetivos de la política autonómica de cooperación y contempla diferentes instrumentos para llevarla a cabo, entre ellos las ayudas destinadas a satisfacer necesidades básicas, los programas de desarrollo económico y social y la asistencia humanitaria.
La propia legislación también contempla la participación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo y otras entidades sin ánimo de lucro en la ejecución de estos proyectos.
Existe, además, un dato documental especialmente relevante: el Boletín Oficial de Aragón publicó el 26 de febrero de 2026 la Orden BSF/312/2026, por la que se convocaban subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondientes a ese ejercicio.
En dicha orden se reconoce expresamente el marco competencial establecido por el Estatuto de Autonomía y la Ley 10/2000.
La existencia de estas disposiciones explica por qué la desaparición de la financiación ha generado también un debate jurídico.
La Federación Aragonesa de Solidaridad sostiene que la decisión incumple el marco normativo autonómico. Sin embargo, esa es una interpretación defendida por la organización y no debe presentarse como una infracción judicialmente acreditada.
La cuestión que habrá que determinar es si la eliminación de una partida presupuestaria concreta, sin perjuicio de otras posibles actuaciones administrativas, resulta compatible con las obligaciones y previsiones establecidas en la legislación aragonesa.
La diferencia es importante: tener competencia y un marco legal en materia de cooperación no implica necesariamente que cualquier convocatoria concreta de subvenciones deba mantenerse con idéntica cuantía todos los años. Para valorar la legalidad de la decisión habría que examinar el conjunto de la normativa aplicable y el contenido definitivo de los presupuestos.
La oposición social también crece dentro de Aragón
El rechazo a la eliminación de las ayudas no procede únicamente de las organizaciones especializadas en cooperación internacional.
La Plataforma del Tercer Sector de Aragón, integrada por diez entidades sociales, también ha reclamado la recuperación de la cooperación al desarrollo en los presupuestos de 2027.
Entre las organizaciones que forman parte de esta plataforma se encuentran Cáritas Aragón, Cruz Roja Aragón, CERMI Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la ONCE.
En un posicionamiento difundido el 16 de noviembre, las entidades expresaron su preocupación por las consecuencias que podría tener la supresión del Fondo de Solidaridad y defendieron la importancia de mantener esta política pública.
Su argumento principal es que la cooperación internacional no debe entenderse únicamente como una ayuda económica a terceros países, sino también como una herramienta de actuación ante crisis humanitarias, conflictos, catástrofes y situaciones de vulnerabilidad.
La reclamación de estas organizaciones amplía el debate más allá de Vox y PP, porque incorpora la posición de entidades que trabajan en ámbitos sociales muy diversos dentro de la propia comunidad autónoma.
Por otro lado, la Federación Aragonesa de Solidaridad insiste en que la decisión rompe con una trayectoria institucional de más de 30 años.
Una decisión que puede marcar el futuro de la política aragonesa
La controversia refleja dos maneras diferentes de entender las prioridades del gasto público.
Por una parte, Vox defiende que las administraciones deben concentrar sus recursos en las necesidades de la población española, dando prioridad a cuestiones como la dependencia, la agricultura, la vivienda y el apoyo a trabajadores y empresas.
Por otra, las organizaciones sociales consideran que la cooperación internacional constituye una responsabilidad pública que no debería desaparecer de las cuentas autonómicas, especialmente cuando existen proyectos que atienden necesidades esenciales en comunidades vulnerables.
El Partido Popular, como socio de Gobierno, comparte la responsabilidad política de las decisiones presupuestarias del Ejecutivo que preside Jorge Azcón, aunque la defensa pública más explícita de la supresión de esta partida ha correspondido a los representantes de Vox.
La cuestión también tiene una dimensión electoral. Las declaraciones de Buxadé se han producido durante la campaña para los comicios del 29 de noviembre, por lo que el dirigente ha aprovechado la situación aragonesa para presentar las decisiones de su partido como un ejemplo de lo que pretende impulsar en otros territorios.
Por ahora, el dato central es que el proyecto presupuestario de 2027 elimina la financiación específica para cooperación internacional que anteriormente ascendía a unos 1,45 millones de euros.
La evolución del debate dependerá de la tramitación parlamentaria de las cuentas, de las posibles modificaciones que puedan introducirse y de la respuesta de las organizaciones afectadas.
También habrá que comprobar si el Gobierno autonómico mantiene otras vías de colaboración internacional o si la desaparición del Fondo de Solidaridad implica, en la práctica, una retirada completa de esta política pública.
En definitiva, Aragón se enfrenta a una decisión que va mucho más allá de una discusión entre partidos. Lo que está en juego es el modelo de prioridades que debe seguir una administración autonómica y hasta dónde debe llegar su responsabilidad en materia de solidaridad internacional.
Mientras Vox presenta la medida como un compromiso cumplido con sus votantes, las organizaciones sociales advierten de que el coste de esa decisión podría terminar repercutiendo en proyectos esenciales para miles de familias fuera de nuestras fronteras.
La última palabra todavía no está escrita: los presupuestos deberán completar su tramitación y las consecuencias reales de la supresión de las ayudas tendrán que comprobarse a medida que avance su aplicación.
Fuentes consultadas y contraste documental
Estas son las fuentes que he utilizado para construir una información diferente de la original y contrastar sus principales afirmaciones:
1. Europa Press – 18 de noviembre de 2026. Declaraciones de Jorge Buxadé sobre la influencia de Vox en Aragón, la cooperación internacional y la redistribución de recursos. Europa Press
2. Europa Press – 18 de noviembre de 2026. Declaraciones de Alejandro Nolasco sobre las partidas presupuestarias, la dependencia y la prioridad nacional. Europa Press
3. El País – 5 de noviembre de 2026. Investigación sobre la eliminación de los fondos de cooperación, la cuantía anterior y las consecuencias denunciadas por las ONG. EL PAÍS
4. Cadena SER – 5 de noviembre de 2026. Información sobre la eliminación del Fondo de Solidaridad y las declaraciones de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Cadena SER
5. Federación Aragonesa de Solidaridad. Comunicado oficial de la organización contra la eliminación de los fondos. Federación Aragonesa de Solidaridad
6. Boletín Oficial de Aragón – 26 de febrero de 2026. Orden BSF/312/2026, convocatoria oficial de subvenciones para cooperación al desarrollo. BOA
7. Boletín Oficial del Estado. Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo de Aragón. BOE
8. Aragón Digital – 16 de noviembre de 2026. Posicionamiento de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón contra la supresión de la partida. Aragón Digital
9. Heraldo de Aragón – 6 de noviembre de 2026. Reacciones de la Federación Aragonesa de Solidaridad ante la decisión del Gobierno autonómico. heraldo.es
10. La Gaceta – 18 de noviembre de 2026. Noticia original facilitada para elaborar una información independiente. LA GACETA

