Colombia frena el encarecimiento fiscal del campo: fertilizantes, maquinaria agrícola y alimentos quedan fuera de los nuevos gravámenes anunciados
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha decidido modificar uno de los apartados más controvertidos de su Ley de Rescate Económico y descartar nuevas cargas de IVA sobre productos de la canasta familiar y diferentes elementos utilizados en la producción agropecuaria. La decisión supone un cambio importante en la propuesta tributaria presentada al Congreso, aunque todavía quedan por concretar las modificaciones definitivas del proyecto y las alternativas con las que el Ejecutivo pretende compensar los ingresos que dejaría de recaudar.
La posibilidad de que producir alimentos en Colombia resultara más caro por una modificación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) ha provocado una importante reacción entre agricultores, ganaderos, empresarios del sector alimentario y representantes políticos. La controversia se originó tras conocerse el contenido de la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa presentada por el Gobierno nacional para mejorar las finanzas públicas y aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, después de las críticas recibidas y de las conversaciones mantenidas con diferentes sectores económicos, el Ejecutivo ha anunciado un cambio de orientación: no impulsará nuevas cargas de IVA sobre la canasta familiar ni sobre los insumos del sector agropecuario.
El anuncio fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 16 de noviembre y posteriormente ratificado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante las reuniones con los coordinadores y ponentes del proyecto en el Congreso.
La decisión supone un giro en una reforma que había generado inquietud por sus posibles consecuencias sobre los costes de producción agrícola y el precio final de numerosos alimentos.
¿Qué pretendía cambiar inicialmente el Gobierno?
El origen de la polémica se encuentra en el Proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara de Representantes, conocido como Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre.
La propuesta inicial contemplaba modificaciones importantes en el tratamiento tributario de determinados bienes y servicios. Entre ellos figuraban fertilizantes, semillas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas y diferentes productos utilizados en las explotaciones agrícolas.
También se incluían cambios relacionados con tractores, cosechadoras, sistemas de riego y determinados equipos y herramientas necesarios para desarrollar actividades agropecuarias.
Uno de los aspectos que más preocupación despertó fue la posibilidad de que algunos productos y servicios que hasta entonces estaban excluidos o exentos del IVA pasaran a tributar al tipo general del 19 %.
La iniciativa también planteaba eliminar, a partir de enero de 2028, la tarifa reducida del 5 % para determinados productos, entre ellos café tostado, azúcar, pastas y chocolate de mesa.
Aunque el Gobierno defendía que la reforma debía mejorar la progresividad del sistema tributario y proteger a los hogares más vulnerables mediante mecanismos de compensación, diferentes sectores advirtieron de que el incremento de los costes fiscales podría terminar repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
Tras las objeciones recibidas, el presidente ordenó revisar estos apartados y anunció que no se impondrían nuevas cargas tributarias sobre los alimentos esenciales ni sobre el sector agropecuario.
Los agricultores temían que producir alimentos fuera más caro
Una de las organizaciones que reaccionó ante la propuesta fue la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que representa los intereses de diferentes actividades productivas del campo.
Su presidente, Jorge Enrique Bedoya, respaldó el anuncio del Ejecutivo, aunque pidió que las modificaciones quedaran incorporadas expresamente en el texto que finalmente se debatirá en el Congreso.
En declaraciones a La FM el 17 de noviembre, Bedoya explicó que la preocupación del sector estaba relacionada con el posible encarecimiento de productos esenciales para desarrollar las actividades agrícolas.
Los fertilizantes, las semillas certificadas y los productos destinados al control de plagas y enfermedades son elementos fundamentales para mantener la productividad de los cultivos.
Si estos insumos pasan a soportar una carga tributaria mayor, los agricultores podrían encontrarse ante un incremento de sus costes, especialmente aquellos pequeños y medianos productores que disponen de menos recursos financieros.
La preocupación no afecta únicamente a quienes trabajan directamente la tierra. También puede repercutir en las empresas transformadoras, los distribuidores, los transportistas y, finalmente, en los consumidores.
Por ejemplo, si producir determinados alimentos resulta más costoso, los agricultores pueden verse obligados a trasladar parte de ese incremento a los precios de venta para mantener la rentabilidad de sus explotaciones.
Esto podría generar una presión adicional sobre los precios de productos de consumo habitual, aunque el efecto real dependerá de los costes de cada actividad, la competencia y la evolución de los mercados.
Por ese motivo, la SAC considera fundamental que el compromiso anunciado por el Gobierno se convierta en una modificación concreta del proyecto legislativo.
Arroz, leche y carne: una aclaración necesaria sobre el IVA
Uno de los asuntos que más interés ha despertado entre los consumidores es qué ocurrirá con productos básicos como el arroz, la leche y la carne.
En este punto conviene distinguir entre los alimentos que estaban amenazados por los cambios tributarios y aquellos que ya conservaban un tratamiento favorable en el proyecto original.
Según el articulado de la iniciativa publicado por el Congreso, productos como el arroz para consumo humano y la leche mantenían su condición de bienes excluidos del IVA. Por su parte, diferentes carnes, como la bovina, porcina y de pollo, conservaban su tratamiento de bienes exentos.
Esto significa que no todos estos productos estaban destinados a experimentar una subida del impuesto con la propuesta inicial.
La importancia del anuncio del Gobierno está, por tanto, en confirmar que tampoco pretende introducir nuevas cargas sobre el conjunto de la canasta familiar y en mantener la protección tributaria de los alimentos esenciales.
La distinción entre bienes excluidos y exentos también tiene consecuencias para los productores. Aunque en ambos casos el consumidor no paga directamente IVA por la compra del producto, el tratamiento que reciben las empresas a la hora de descontar o recuperar el impuesto soportado en sus compras es diferente.
Por ello, las decisiones tributarias pueden afectar a la estructura de costes de las empresas incluso cuando el alimento que llega al supermercado mantiene una tarifa del 0 %.
El Gobierno busca alternativas para no perder capacidad de recaudo
La modificación de la reforma plantea ahora otro problema para el Ministerio de Hacienda: encontrar recursos que permitan mantener los objetivos de estabilización de las finanzas públicas.
La propuesta inicial pretendía ampliar la base de productos y actividades sujetas al IVA y revisar diferentes beneficios tributarios. Con el cambio anunciado, parte de esos ingresos previstos tendrá que compensarse mediante otras medidas.
El ministro Miguel Gómez Martínez reconoció ante las comisiones económicas del Congreso que el Ejecutivo está estudiando alternativas para mantener la capacidad de recaudo sin trasladar nuevas cargas a los alimentos y al sector agropecuario.
Entre las posibilidades que ha mencionado el Gobierno también figura revisar la tarifa general del IVA, actualmente situada en el 19 %, con la posibilidad de reducirla al 18 % o incluso al 17 %.
No obstante, esta reducción todavía debe considerarse una alternativa en estudio y no una modificación aprobada.
El Ejecutivo sostiene que necesita recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y reducir las presiones sobre el presupuesto nacional. Por esa razón, el debate no ha terminado con la retirada de los cambios más polémicos.
La cuestión ahora consiste en determinar qué otros impuestos, ajustes de gasto o mecanismos de financiación podrían incorporarse para evitar que la reducción de las medidas inicialmente propuestas genere un agujero adicional en los ingresos del Estado.
Los consumidores también están pendientes de la decisión
La controversia ha trascendido el ámbito agrícola porque cualquier modificación del IVA puede tener consecuencias sobre el coste de la vida.
Para los hogares colombianos, la posibilidad de que determinados alimentos y productos de consumo habitual pasaran a tributar al 19 % había generado preocupación.
Aunque el proyecto contemplaba mecanismos de devolución del IVA para determinados sectores vulnerables, diferentes analistas advertían de que su aplicación podría no compensar completamente el impacto sobre todos los consumidores.
Las familias de ingresos medios también podrían haber soportado parte del incremento, especialmente si las empresas trasladaban los nuevos costes tributarios al precio final de sus productos.
El sector agropecuario, por su parte, había advertido de que la medida podía perjudicar la competitividad de los productores nacionales frente a productos importados.
En este contexto, la decisión de no introducir nuevas cargas sobre la producción agrícola representa una señal favorable para los gremios, aunque todavía habrá que comprobar cómo se concreta en el texto legislativo.
La reforma continúa en manos del Congreso
Pese a los anuncios presidenciales y las declaraciones del ministro de Hacienda, la Ley de Rescate Económico continúa siendo un proyecto en trámite.
La Cámara de Representantes recoge la iniciativa bajo el número 477 de 2026 y su discusión corresponde a las comisiones económicas conjuntas.
El Gobierno ha manifestado su intención de trabajar con los congresistas para elaborar una nueva versión que recoja los cambios anunciados y permita avanzar hacia el primer debate durante los primeros días de diciembre.
Este paso será fundamental porque los compromisos políticos deben transformarse en disposiciones concretas dentro del articulado.
La SAC ha insistido precisamente en esa cuestión: no basta con que el presidente anuncie que los fertilizantes, las semillas y otros insumos no tendrán nuevas cargas. Es necesario que esa decisión aparezca reflejada en el documento que los legisladores deberán estudiar y votar.
Hasta que el Congreso apruebe la iniciativa y se complete su correspondiente trámite legislativo, las modificaciones propuestas no pueden considerarse una nueva ley tributaria vigente.
Una decisión que puede marcar el futuro del campo colombiano
El debate sobre el IVA ha vuelto a poner de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y la protección de las actividades económicas que garantizan el abastecimiento de alimentos.
Colombia necesita mejorar sus ingresos públicos, pero también debe evitar que las decisiones tributarias terminen dificultando la producción nacional o encareciendo productos esenciales para millones de familias.
Los fertilizantes, las semillas, los sistemas de riego y la maquinaria agrícola no son simples bienes comerciales. Constituyen herramientas necesarias para mantener los cultivos, mejorar la productividad y garantizar que los alimentos lleguen a los mercados.
Por eso, cualquier modificación de su tratamiento fiscal requiere analizar no solamente cuánto dinero puede recaudar el Estado, sino también qué consecuencias puede generar sobre los productores y los consumidores.
La retirada de los nuevos gravámenes anunciada por el Gobierno ha reducido una de las principales fuentes de preocupación del sector agropecuario. Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre la financiación de las cuentas públicas, el alcance definitivo de las modificaciones y las garantías que se incorporarán al proyecto.
La próxima prueba para el Ejecutivo será demostrar que puede proteger la producción de alimentos y aliviar la carga tributaria de los colombianos sin renunciar a la estabilidad económica del país. El resultado de las negociaciones en el Congreso determinará si el anuncio se convierte en una garantía legislativa o permanece, por ahora, como un compromiso político pendiente de aprobación.

