De la Espriella da marcha atrás con el IVA a los alimentos y recibe el respaldo de Uribe: la reforma fiscal colombiana busca una salida en el Congreso
El presidente colombiano anunció que su Gobierno no impondrá nuevos gravámenes a los productos de la canasta familiar ni al sector agropecuario, después de las fuertes críticas recibidas por su propuesta tributaria. Álvaro Uribe celebró públicamente el cambio de postura, mientras las fuerzas políticas negocian una alternativa para afrontar el déficit fiscal sin trasladar el coste directamente a los consumidores.
El debate económico y político en Colombia ha dado un giro significativo después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara que su Gobierno retirará la propuesta de ampliar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los productos de la canasta familiar. La decisión, comunicada durante su intervención pública del 15 de noviembre, supone una modificación de uno de los apartados más controvertidos de la denominada Ley de Rescate Económico y llega después de varios días de presión parlamentaria y críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
El anuncio ha tenido una repercusión inmediata en el Congreso. Uno de los pronunciamientos más destacados ha sido el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien respaldó públicamente la decisión y consideró que representa un motivo de tranquilidad para los hogares colombianos.
«Buen anuncio del presidente De La Espriella que no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad», manifestó Uribe a través de sus redes sociales.
Sus palabras reflejan un cambio importante en el ambiente político que rodea la iniciativa económica del Ejecutivo. El Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe y que mantiene una posición relevante dentro del Legislativo, había expresado sus reservas sobre la posibilidad de aumentar la carga tributaria sobre los alimentos básicos.
La rectificación presidencial podría facilitar el acercamiento entre el Gobierno y varias bancadas que habían advertido de que no respaldarían una reforma que encareciera los productos esenciales para las familias.
Sin embargo, el anuncio no significa que toda la reforma haya quedado resuelta. El proyecto todavía debe superar su trámite parlamentario y existen otros puntos fiscales que continúan generando discrepancias.
Una marcha atrás después de la presión política y social
La decisión de De La Espriella se produce después de que la propuesta inicial de modificación del IVA encontrara importantes obstáculos en el Congreso.
La iniciativa gubernamental pretendía ampliar la base de productos sometidos al impuesto y modificar determinados tratamientos tributarios que actualmente benefician a alimentos de consumo habitual.
Entre los productos que podían verse afectados figuraban frutas, hortalizas, café, azúcar, pastas, legumbres y determinados aceites, además de otros artículos relacionados con la producción agropecuaria.
La posibilidad de que estos cambios terminaran trasladándose a los precios de los supermercados generó preocupación entre los consumidores y las organizaciones vinculadas al sector productivo.
La oposición política también encontró en este apartado uno de sus principales argumentos para cuestionar la reforma.
Según informó EL PAÍS el 16 de noviembre, diferentes partidos del Legislativo habían manifestado su rechazo a introducir nuevos gravámenes sobre los alimentos, incluidos sectores que mantienen afinidad política con el actual Gobierno.
La presión no procedía exclusivamente de la oposición. También había discrepancias dentro de las propias fuerzas que respaldan al Ejecutivo.
El Centro Democrático había defendido que el ajuste de las cuentas públicas debía concentrarse principalmente en reducir el gasto estatal y revisar la estructura administrativa antes de exigir un esfuerzo adicional a los ciudadanos.
Ante la falta de respaldo suficiente, el Gobierno terminó modificando su posición.
Durante su intervención del domingo, De La Espriella aseguró que su Administración no impondría IVA a los productos de la canasta familiar ni promovería nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario.
También insistió en que la Ley de Rescate Económico continúa abierta a modificaciones y que está dispuesto a negociar con las diferentes fuerzas políticas para encontrar una fórmula que permita recuperar la estabilidad financiera del país.
Álvaro Uribe encuentra motivos para respaldar el cambio
La reacción de Álvaro Uribe ha sido uno de los elementos políticos más destacados de este episodio.
El expresidente no solo celebró el anuncio, sino que también volvió a situar sobre la mesa una de las principales reivindicaciones de su partido: evitar que el ajuste fiscal termine perjudicando directamente el consumo de los hogares.
La relación entre el Gobierno y el Centro Democrático resulta especialmente importante para el futuro de la iniciativa.
Según publicó EL ESPECTADOR, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, mantuvieron una reunión con Uribe y representantes de su bancada en Rionegro, Antioquia, el día anterior al anuncio presidencial.
Durante ese encuentro se abordaron las diferencias existentes sobre la reforma y la necesidad de buscar alternativas para reducir el tamaño del Estado.
La reunión permitió trasladar al Ejecutivo la falta de apoyo político a la propuesta de gravar los alimentos.
El respaldo posterior de Uribe representa, por tanto, algo más que una simple felicitación pública. Es una señal de que el Gobierno ha conseguido retirar uno de los principales obstáculos que dificultaban el diálogo con una de las fuerzas parlamentarias más influyentes.
También el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, celebró el cambio de postura y defendió la necesidad de continuar trabajando en acuerdos que permitan sacar adelante una reforma fiscal.
Desde Salvación Nacional, la senadora Sara Castellanos expresó igualmente su satisfacción por el compromiso de proteger los alimentos y evitar nuevas cargas para el campo.
No obstante, el respaldo político no debe confundirse con la aprobación definitiva de la ley. Las diferentes bancadas tendrán que examinar el contenido actualizado de la iniciativa y decidir qué medidas consideran aceptables.
¿Qué alimentos estaban en riesgo de pagar más impuestos?
Uno de los aspectos que más inquietud había generado entre los ciudadanos era la posibilidad de que productos habituales de la alimentación diaria experimentaran cambios en su tratamiento tributario.
Según el análisis publicado por La República el 16 de noviembre, la propuesta original contemplaba modificar las condiciones fiscales de determinados alimentos que actualmente disfrutan de tarifas reducidas o están excluidos del IVA.
Entre los productos que aparecían en el debate figuraban:
- Frutas: banano, plátano, aguacate, mango, papaya, mora y otras variedades.
- Verduras y hortalizas: tomate, cebolla, ajo, lechuga y zanahoria.
- Productos básicos: café, azúcar, pastas alimenticias, legumbres y determinados aceites.
- Productos lácteos: algunos quesos frescos, cuajada y requesón.
- Alimentos de origen animal: determinados productos cárnicos y derivados.
El objetivo de la modificación tributaria era ampliar la capacidad de recaudo del Estado mediante la revisión de los beneficios fiscales existentes.
Sin embargo, el debate también puso de manifiesto las posibles consecuencias sobre los precios finales y el poder adquisitivo de los consumidores.
Conviene aclarar que en Colombia no todos los alimentos tienen actualmente el mismo tratamiento tributario. El Estatuto Tributario distingue entre productos gravados, excluidos y exentos, categorías que tienen consecuencias diferentes tanto para los compradores como para los productores.
Por tanto, anunciar que no se impondrá un nuevo IVA a la canasta familiar no significa que todos los productos alimenticios estén sometidos actualmente a una tarifa idéntica ni que desaparezcan los impuestos que ya existen sobre determinados bienes.
La diferencia es importante para comprender el alcance real de la modificación anunciada.
El Gobierno estudia reducir el IVA general del 19 % al 17 %
La intervención presidencial incluyó otra propuesta que podría tener consecuencias importantes para la economía colombiana.
De La Espriella reveló que el Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de reducir el tipo general del IVA, actualmente situado en el 19 %, hasta el 18 % o incluso el 17 %.
La medida todavía no constituye una decisión definitiva. El Gobierno ha señalado que está evaluando sus efectos sobre la recaudación y la estabilidad de las finanzas públicas.
Una eventual reducción podría beneficiar a los consumidores en determinados productos y servicios gravados, aunque el impacto final dependería de cómo se trasladara esa rebaja a los precios.
También supondría un desafío para las cuentas estatales, ya que el IVA constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios de Colombia.
El Ejecutivo tendría que calcular cómo compensar los recursos que dejaría de ingresar si se aprueba esa reducción.
Según la información publicada por La República, la reforma inicial contemplaba diferentes modificaciones en los impuestos indirectos, algunas de las cuales seguirían formando parte del debate parlamentario pese al cambio anunciado sobre los alimentos.
Entre ellas figuran los ajustes relacionados con los servicios digitales, las apuestas en línea, determinadas importaciones y otros productos.
Por eso, la renuncia a gravar la canasta familiar no supone que el Gobierno haya abandonado su intención de modificar el sistema tributario.
El verdadero problema: cómo conseguir dinero sin encarecer la vida cotidiana
Detrás de la polémica sobre los alimentos existe una cuestión económica mucho más profunda: el Gobierno necesita incrementar sus ingresos y reducir el desequilibrio presupuestario.
La Ley de Rescate Económico fue presentada precisamente con ese objetivo.
El Ministerio de Hacienda ha defendido que Colombia necesita adoptar medidas para controlar el crecimiento del gasto público, mejorar la sostenibilidad de la deuda y garantizar los recursos necesarios para mantener los servicios del Estado.
En su comunicado del 29 de octubre, el Ministerio explicó que el proyecto busca estabilizar las finanzas públicas, fomentar la inversión y establecer mecanismos para que los sectores con mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida al esfuerzo fiscal.
La propuesta también contempla mecanismos de devolución del IVA dirigidos a los hogares más vulnerables.
El Ejecutivo sostiene que una parte de la población con menores ingresos soporta una carga tributaria proporcionalmente elevada a través del consumo y que resulta necesario corregir esa situación.
Sin embargo, los cambios anunciados obligan ahora a buscar otras fuentes de financiación.
Durante su intervención, De La Espriella defendió que el Estado debe asumir una parte mayor del esfuerzo mediante la reducción del gasto y la revisión de determinadas estructuras administrativas.
Entre las alternativas mencionadas figuran la disminución de la contratación pública, la reducción de la burocracia y la venta de activos improductivos de la Nación.
El presidente también reconoció que estas medidas no generan ingresos inmediatos y que la venta de activos requiere tiempo.
Esta advertencia resulta relevante porque muestra la dificultad de sustituir los recursos que inicialmente se esperaba obtener mediante los cambios en el IVA.
La oposición mantiene sus críticas pese a la rectificación
Aunque el anuncio presidencial ha recibido apoyos dentro de diferentes sectores políticos, no ha conseguido cerrar el debate sobre la Ley de Rescate Económico.
Las formaciones de oposición mantienen sus reservas sobre otros componentes de la iniciativa.
Según recogió EL ESPECTADOR, representantes del Pacto Histórico, entre ellos Alejandro Ocampo y Esmeralda Hernández, consideran que existen otros apartados del proyecto que deberían revisarse o eliminarse.
Entre las preocupaciones expresadas figura la posibilidad de que el Gobierno termine recurriendo a la venta de participaciones estatales en empresas estratégicas como Ecopetrol e ISA.
Desde esta perspectiva, el rechazo al IVA sobre los alimentos no sería suficiente para respaldar una reforma que también podría modificar la presencia del Estado en determinados sectores económicos.
La oposición ha mantenido además su convocatoria a una jornada de movilización prevista para el 19 de noviembre.
Las protestas se enmarcan en el rechazo a diferentes medidas económicas y fiscales impulsadas por el Ejecutivo.
El Gobierno, por su parte, defiende que la situación presupuestaria exige decisiones urgentes y que está dispuesto a negociar los detalles del proyecto sin renunciar a su objetivo principal.
El Congreso tendrá la última palabra
El proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado como 477 de 2026 en la Cámara de Representantes, se encuentra en una fase decisiva de su tramitación.
La ficha legislativa de la Cámara confirma que la iniciativa fue presentada el 29 de octubre y que su discusión corresponde a las comisiones económicas de la corporación.
El procedimiento contempla debates en las comisiones conjuntas de las cámaras legislativas y, posteriormente, su discusión en las respectivas plenarias.
El Gobierno ha solicitado un trámite prioritario, consciente de que el calendario legislativo limita el margen disponible para alcanzar acuerdos.
La retirada del IVA a la canasta familiar podría facilitar las negociaciones con las bancadas que habían mostrado mayores objeciones.
Sin embargo, todavía será necesario determinar qué modificaciones se incorporan oficialmente al articulado y cómo se compensarán los recursos que dejaría de aportar la propuesta inicial.
Este último punto será especialmente importante para conocer si el Ejecutivo puede mantener sus objetivos de recaudo sin introducir nuevas cargas que afecten al consumo.
La ficha oficial del proyecto y los documentos legislativos permitirán comprobar si el compromiso presidencial se transforma finalmente en una modificación formal.
Una decisión con impacto directo sobre los hogares colombianos
La discusión sobre el IVA a los alimentos ha demostrado hasta qué punto las decisiones fiscales pueden convertirse en un asunto de enorme sensibilidad social.
Para millones de familias, cualquier incremento en el precio de productos básicos puede tener consecuencias inmediatas sobre su presupuesto mensual.
La alimentación representa una parte fundamental del gasto doméstico, especialmente en los hogares con menores ingresos, donde existe menos margen para absorber subidas de precios.
Por eso, la decisión del presidente De La Espriella ha sido recibida con alivio por diferentes representantes políticos y económicos.
No obstante, la verdadera prueba llegará cuando se conozca la versión definitiva de la reforma.
El Gobierno tendrá que demostrar que puede proteger la capacidad de compra de los ciudadanos sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.
También deberá explicar de dónde procederán los recursos que inicialmente esperaba conseguir mediante los cambios tributarios sobre los alimentos.
Por ahora, la renuncia presidencial a ampliar el IVA de la canasta familiar ha permitido recuperar parte del diálogo político y ha recibido el respaldo público de Álvaro Uribe.
Pero la negociación continúa abierta y todavía quedan diferencias importantes sobre el resto de las medidas fiscales.
La decisión definitiva dependerá del Congreso y de la capacidad del Ejecutivo para construir una alternativa que consiga equilibrar tres objetivos: proteger a los consumidores, garantizar los ingresos del Estado y recuperar la confianza de los sectores económicos.
La polémica sobre los alimentos puede haber perdido fuerza, pero el debate sobre quién debe asumir el coste del ajuste fiscal colombiano está lejos de terminar.
Fuentes y documentación para contrastar
Estas son las fuentes principales que he utilizado para construir la información:
- Presidencia de Colombia – Anuncio oficial sobre la canasta familiar sin IVA (15 de noviembre). Declaraciones del presidente y detalles de la propuesta.
- El Espectador – Giro del Gobierno y respaldo político en el Congreso. Reunión con Uribe y reacciones de las diferentes bancadas.
- EL PAÍS – De la Espriella retrocede en el IVA a la canasta familiar. Análisis de las consecuencias políticas del cambio.
- Semana – Reacción de Álvaro Uribe. Declaración pública del expresidente.
- La República – Cambios en la Ley de Rescate Económico. Detalle de los productos afectados y las modificaciones tributarias.
- La Silla Vacía – El Gobierno retira el IVA de la canasta familiar. Contexto político y económico de la rectificación.
- Cámara de Representantes – Expediente oficial del proyecto 477/2026. Estado y datos de tramitación legislativa.
- Ministerio de Hacienda – Mesas de negociación de la Ley de Rescate. Posición oficial del Gobierno sobre la negociación.
- DIAN – Estatuto Tributario, artículo 424. Base legal para comprender los productos excluidos del IVA.
- Ministerio de Hacienda – Texto del proyecto de Ley de Rescate Económico. Documento legislativo original para comprobar qué modificaciones se propusieron.
A fecha de 16 de noviembre de 2026, el anuncio presidencial no debe presentarse como si la modificación ya estuviera aprobada por el Congreso. El texto oficial del proyecto y su evolución parlamentaria son los que determinarán qué medidas entran finalmente en vigor. Tampoco conviene afirmar que todos los alimentos pasan a estar libres de IVA, porque algunos ya tienen tratamientos fiscales distintos.
La noticia está escrita con estructura y enfoque propios, diferenciando declaraciones políticas, propuestas tributarias y decisiones legislativas. La atribución de las informaciones ayuda a evitar presentar como hechos consumados cuestiones que todavía están en negociación.

