De la Espriella lleva a la Fiscalía los contratos de Barrancabermeja: 119.000 millones bajo sospecha y seis funcionarios suspendidos
El presidente colombiano ha solicitado investigar siete procesos de contratación financiados con recursos de regalías y gestionados a través de Foncolombia. La Personería ya había apartado temporalmente a seis funcionarios municipales por presuntas irregularidades, mientras el alcalde Jonathan Vásquez defiende la legalidad de las actuaciones y asegura que los proyectos están en marcha.
La contratación pública de Barrancabermeja, en el departamento colombiano de Santander, se ha situado en el centro de una nueva controversia política y judicial. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, acudió este miércoles 18 de noviembre a la sede de la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia relacionada con el destino de más de 119.000 millones de pesos colombianos procedentes de recursos públicos y destinados a diferentes proyectos del municipio.
La denuncia apunta a una serie de operaciones realizadas por la Alcaldía de Barrancabermeja mediante el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, conocido como Foncolombia. Según explicó el mandatario, los recursos procedentes del Sistema General de Regalías fueron trasladados a este organismo, que posteriormente habría adjudicado siete procesos contractuales sin que, de acuerdo con la documentación examinada por el Gobierno, aparecieran publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).
Durante su comparecencia ante la Fiscalía, De la Espriella señaló que seis de los siete procedimientos habrían contado con un único oferente. Además, aseguró que cuatro de los cinco contratos de obra habrían terminado en empresas relacionadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido públicamente como ‘El Bachiller’.
El jefe de Estado pidió investigar la posible existencia de irregularidades en la adjudicación de estos proyectos y determinar si se produjo algún tipo de favorecimiento en el reparto de los recursos. No obstante, las afirmaciones forman parte de una denuncia que deberá ser examinada por las autoridades judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad de las personas o empresas mencionadas.
Siete procesos contractuales y una pregunta sobre el destino de las regalías
Uno de los principales puntos que pretende esclarecer la investigación es el recorrido que siguieron los recursos públicos desde su asignación hasta la adjudicación de los contratos.
Según la información expuesta por De la Espriella, la Administración municipal trasladó dinero procedente de las regalías a Foncolombia, un fondo mixto que desarrolla su actividad contractual bajo un régimen de derecho privado. Posteriormente, ese organismo habría gestionado los procesos de contratación cuestionados.
La utilización de una entidad de estas características ha abierto un debate sobre los controles que deben aplicarse cuando los fondos públicos son administrados por organismos con un régimen contractual diferente al de las entidades estatales tradicionales.
El Gobierno sostiene que es necesario determinar por qué se recurrió a esta fórmula y comprobar si los procedimientos garantizaron la transparencia, la competencia entre empresas y la correcta utilización de los recursos.
En este sentido, el presidente solicitó investigar posibles conductas relacionadas con el interés indebido en la celebración de contratos, la contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, posibles acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias y otras actuaciones que pudieran tener relevancia penal.
También pidió examinar si existieron interferencias políticas en las adjudicaciones, especialmente por la coincidencia temporal de algunos procedimientos con el calendario electoral.
La Personería ya había suspendido a seis funcionarios municipales
La denuncia presentada ante la Fiscalía tiene un antecedente administrativo que resulta especialmente relevante para entender la dimensión del caso.
El pasado 6 de noviembre, la Personería de Barrancabermeja ordenó suspender provisionalmente a seis funcionarios de la Alcaldía durante tres meses y sin derecho a remuneración, en el marco de unas actuaciones disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la aprobación y adjudicación de proyectos financiados con recursos de regalías.
La medida afectó a responsables de diferentes áreas de la Administración municipal, entre ellos la Secretaría General, Planeación, Hacienda e Infraestructura, además de otros cargos de asesoramiento y dirección.
La decisión se produjo después de una denuncia presentada por el ciudadano y periodista Diego Wualdrón Guerrero, quien puso bajo observación diferentes procedimientos contractuales relacionados con cuatro proyectos de inversión.
Según la información publicada por Vanguardia, la providencia de la Personería ordenó remitir copias a la Fiscalía para que el organismo investigador valorara la posible participación del alcalde Jonathan Vásquez, de la alcaldesa encargada Ingrid Julieth Armesto y de otros funcionarios y particulares que hubieran intervenido en la aprobación y asignación de los proyectos.
La documentación citada por ese medio identifica cuatro iniciativas cuyo importe conjunto asciende a 107.420.301.364,63 pesos.
Es importante diferenciar esta cantidad de los más de 119.000 millones mencionados posteriormente por el presidente. Se trata de cifras presentadas en el contexto de actuaciones y señalamientos relacionados, pero no deben confundirse sin conocer el desglose completo de los siete procesos incluidos en la denuncia presidencial.
Colegios, carreteras y energía solar entre los proyectos cuestionados
Entre las actuaciones contractuales que aparecen en la información conocida figuran proyectos de infraestructura educativa, mantenimiento vial y generación de energía renovable.
Uno de los contratos más destacados está relacionado con la construcción de cuatro granjas solares, una iniciativa que fue presentada como una apuesta para mejorar el suministro energético y reducir los costes de electricidad de miles de familias de Barrancabermeja.
La inversión anunciada para este proyecto asciende a 28.004 millones de pesos y fue adjudicada a la Unión Temporal Solar Barranca 2026, cuyo representante legal es Jorge Humberto Argüello Beltrán.
La iniciativa contempla la construcción de cuatro instalaciones solares destinadas a beneficiar a comunidades del municipio. Sin embargo, su desarrollo también ha generado interrogantes técnicos.
En agosto de 2026, Vanguardia publicó una investigación en la que señaló que las instalaciones todavía no contaban con los puntos de conexión aprobados para incorporar la electricidad generada a la red. La Electrificadora de Santander (ESSA) confirmó entonces que todavía debían completarse determinados trámites técnicos y documentales.
Desde la Alcaldía defendieron el proyecto y explicaron que los procedimientos de conexión estaban en marcha, argumentando que podían desarrollarse paralelamente a determinadas fases de construcción.
La controversia llevó a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja a anunciar un seguimiento preventivo sobre la iniciativa, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los requisitos y promover una adecuada coordinación entre las instituciones participantes.
Además de las granjas solares, entre los contratos señalados aparecen actuaciones de mantenimiento y adecuación de infraestructura vial por aproximadamente 22.000 millones de pesos, la construcción del Colegio Los Laureles por unos 23.000 millones y la intervención de la sede B del Colegio 26 de Marzo, en el barrio La Esperanza, por alrededor de 31.000 millones.
Se trata de proyectos que afectan directamente a servicios e infraestructuras de interés público, por lo que el esclarecimiento de su contratación y ejecución resulta especialmente importante para los habitantes del municipio.
El debate sobre Foncolombia y la obligación de publicar los contratos
Otro de los aspectos que deberá examinarse es la utilización de Foncolombia como intermediario en la gestión de los proyectos financiados con dinero público.
El hecho de que un fondo mixto pueda desarrollar su actividad bajo normas de derecho privado no significa necesariamente que quede al margen de las obligaciones de transparencia cuando administra recursos públicos.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación publicó en mayo de 2026 un pronunciamiento sobre un concepto de Colombia Compra Eficiente que aclara que los ejecutores de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías deben someterse a las reglas de contratación pública, independientemente del régimen contractual al que estén sujetos. La orientación incluye expresamente a los fondos mixtos.
Asimismo, la normativa colombiana contempla obligaciones de publicidad de la actividad contractual financiada con recursos públicos, también para entidades sometidas a regímenes especiales.
Por este motivo, la Fiscalía tendrá que comprobar si los procedimientos cuestionados cumplieron las exigencias de publicidad, selección objetiva y control sobre el destino de los fondos.
La ausencia de documentación en SECOP II, si finalmente se acredita, sería un elemento relevante para determinar si se incumplieron las obligaciones aplicables. Sin embargo, esa circunstancia deberá analizarse teniendo en cuenta el régimen jurídico de cada entidad y la documentación contractual correspondiente.
La Ley de Garantías también aparece en el centro de la controversia
La proximidad de algunas adjudicaciones al calendario electoral constituye otra de las cuestiones que han despertado preocupación.
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, establece determinadas restricciones a la contratación pública durante los periodos electorales. Su artículo 33 contempla limitaciones a la contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, mientras que el parágrafo del artículo 38 establece restricciones específicas sobre determinados convenios interadministrativos.
La aplicación de estas disposiciones dependerá de la naturaleza de cada procedimiento, su fecha, la modalidad de contratación y las condiciones jurídicas de las entidades participantes.
Según la información publicada por Vanguardia, algunos de los proyectos fueron aprobados y adjudicados en un periodo próximo a las elecciones legislativas de 2026. Además, la denuncia inicial sostenía que las operaciones podían haber vulnerado las restricciones electorales.
Las autoridades tendrán que determinar si los procedimientos estaban sujetos a las prohibiciones correspondientes o si existían circunstancias legales que permitieran su realización.
El alcalde Jonathan Vásquez responde y defiende los proyectos
Frente a las acusaciones, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stiven Vásquez Gómez, ha defendido públicamente las actuaciones de su Administración.
Según recogió La FM, el mandatario local respondió a las declaraciones del presidente asegurando que puede demostrar el destino de los 119.000 millones de pesos mencionados en la denuncia.
Vásquez sostuvo que los recursos están destinados a proyectos concretos, entre ellos centros educativos, granjas solares, infraestructura vial y redes de acueducto y alcantarillado.
Con su respuesta, el alcalde rechaza que las cifras señaladas permitan concluir que el dinero haya desaparecido o recibido un destino distinto al previsto. También cuestionó al presidente por otros recursos públicos relacionados con el denominado Fondo Milagro.
Esta respuesta introduce un elemento importante en la controversia: mientras el Gobierno nacional reclama que se investigue la contratación y la posible existencia de irregularidades, la Administración local sostiene que los proyectos existen y que puede justificar el destino de las inversiones.
La Fiscalía deberá contrastar ambas posiciones mediante la revisión de los expedientes, los contratos, los pagos efectuados, los informes de supervisión y el estado real de ejecución de las obras.
Un caso que pone a prueba los controles sobre el dinero público
La denuncia presidencial y las actuaciones previas de la Personería han situado la contratación de Barrancabermeja bajo una importante atención institucional.
Más allá de las diferencias políticas entre el Gobierno nacional y la Administración municipal, el asunto plantea una cuestión fundamental: comprobar que los recursos procedentes de las regalías se utilizan de acuerdo con los objetivos para los que fueron aprobados.
La investigación deberá determinar si los procedimientos garantizaron la libre concurrencia de empresas, si los contratos fueron publicados conforme a las obligaciones legales, si las obras responden a los presupuestos aprobados y si existieron posibles favorecimientos a determinados particulares.
Por ahora, los señalamientos no equivalen a una condena ni permiten afirmar que se haya producido un desvío de dinero. La responsabilidad de establecer los hechos corresponde a la Fiscalía y a los organismos de control competentes.
Lo que sí está confirmado es que seis funcionarios municipales fueron suspendidos provisionalmente por decisión de la Personería, que esta entidad remitió documentación a la Fiscalía y que el presidente ha anunciado una denuncia para que se investigue el conjunto de las operaciones.
El desenlace dependerá de la documentación que aporten las partes y de las conclusiones a las que lleguen las autoridades. Mientras tanto, los proyectos destinados a colegios, carreteras y energía solar seguirán bajo el escrutinio público, en una controversia que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.
Fuentes consultadas y contrastadas
Estas son las fuentes que recomiendo conservar junto a la noticia:
1. El Espectador: De la Espriella denuncia ante Fiscalía contratos por COP 119.000 millones en Barrancabermeja. Información original de la denuncia presidencial.
2. Vanguardia: Presidente lleva a la Fiscalía contratos irregulares que Vanguardia denunció en Barrancabermeja. Investigación periodística previa, cifras, contratos y antecedentes.
3. Vanguardia: Personería suspendió a seis funcionarios de la Alcaldía. Detalles de la decisión disciplinaria del 4 de noviembre.
4. La FM: El alcalde responde a la denuncia de los 119.000 millones. Importante para incorporar la versión de la Administración municipal.
5. Procuraduría General de la Nación: Concepto sobre contratación de proyectos financiados con regalías. Fuente oficial que explica las obligaciones de los fondos mixtos.
6. Colombia Compra Eficiente: Consulta de procesos de contratación en SECOP II. Herramienta oficial para consultar los procedimientos y contratos públicos.
7. Función Pública: Ley 996 de 2005, Ley de Garantías Electorales. Texto normativo sobre las restricciones de contratación.
8. Vanguardia: Las cuatro granjas solares de Barrancabermeja y el contrato de 28.004 millones. Investigación sobre el proyecto energético y sus trámites de conexión.

