jueves, noviembre 19, 2026
ActualidadDestacadoNacional

El centro de Cali, entre el orden y la supervivencia: el retiro de 41 puestos abre un nuevo frente de tensión

La intervención de la carrera 9 reavivó el enfrentamiento entre vendedores informales y Administración Distrital. Mientras la Alcaldía defiende la recuperación de las calles por razones de movilidad y seguridad, los comerciantes reclaman garantías para no perder su principal fuente de ingresos.

CALI, VALLE DEL CAUCA. — La recuperación del espacio público en el centro de Cali vuelve a enfrentar a la Administración Distrital con un sector de comerciantes informales que asegura estar viviendo momentos de incertidumbre económica. El retiro de decenas de estructuras comerciales en la carrera 9 ha provocado protestas, reclamaciones por mercancías retiradas y nuevas preguntas sobre cómo debe actuar el Gobierno local cuando la recuperación de las calles afecta directamente a personas que dependen de ellas para subsistir.

La controversia se intensificó el pasado 6 de noviembre, cuando funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, acompañados por integrantes de la Policía Metropolitana, realizaron una intervención en la carrera 9, entre las calles 13 y 13A. Según el balance divulgado por la Administración, durante el procedimiento se retiraron 41 puestos de venta informal y se recuperaron aproximadamente 600 metros cuadrados de espacio público.

La actuación, desarrollada durante la madrugada, no tardó en generar reacciones. Algunos comerciantes manifestaron su desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo el operativo y denunciaron que la medida les había ocasionado pérdidas económicas en un momento especialmente delicado: las semanas previas a la temporada navideña, cuando muchos pequeños vendedores realizan inversiones para abastecer sus negocios.

Las protestas llegaron a las calles y provocaron dificultades de movilidad en algunos puntos del centro. Los vendedores utilizaron elementos de sus propios puestos y otros objetos para expresar su inconformidad y reclamar explicaciones a las autoridades.

Sin embargo, detrás de las manifestaciones existe una discusión mucho más profunda que el simple retiro de unas casetas: ¿cómo recuperar las zonas públicas sin dejar desprotegidas económicamente a las personas que llevan años trabajando en ellas?

Un operativo con cifras y explicaciones oficiales

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Justicia y recogida por distintos medios de comunicación, el operativo permitió retirar 41 estructuras. De ellas, 16 habrían sido desmontadas voluntariamente por sus ocupantes, mientras que otras fueron retiradas durante la intervención. La Alcaldía también informó de la destrucción de cuatro casetas.

A estas actuaciones se sumó la retirada de escombros y la desconexión de 16 instalaciones eléctricas que, según las autoridades, funcionaban de manera irregular.

Existe una pequeña diferencia en los balances publicados sobre los residuos retirados: algunos medios informaron de aproximadamente 30 metros cúbicos, mientras que otros recogieron la cifra oficial de 34 metros cúbicos. Por ello, resulta conveniente mantener la cifra de la Administración como referencia, sin ocultar que las publicaciones no han coincidido completamente.

Fuentes consultadas y contraste periodístico

Para elaborar el texto he utilizado las siguientes publicaciones y documentos. Es importante que conserves estas referencias si vas a publicar la noticia.

1. El Espectador (19 de noviembre de 2026). La polémica por el uso del espacio público en el centro de Cali. Noticia original que has facilitado.

2. El País (15 de noviembre de 2026). Recuperar el espacio público y proteger el trabajo: el reto en el centro de Cali. Aporta declaraciones de representantes de vendedores, datos de seguridad y alternativas de reubicación.

3. El País (6 de noviembre de 2026). Comerciantes del centro protestan tras operativo de la Alcaldía. Información sobre el operativo y las manifestaciones.

4. Caracol Radio (6 de noviembre de 2026). Desmontan 41 puestos de ventas ambulantes en nuevo operativo de recuperación del centro de Cali. Contraste de las cifras de la intervención.

5. Corte Constitucional de Colombia (30 de julio de 2024). Sentencia T-312 de 2024. Documento jurídico fundamental para contextualizar los derechos de los vendedores informales.

6. Alcaldía de Cali (16 de septiembre de 2026). Recuperación del espacio público en la carrera 10 y proyecto de la Estación Central del MIO. Información institucional sobre actuaciones anteriores en el centro.

7. Alcaldía de Cali (18 de septiembre de 2025). Regulación del aprovechamiento económico del espacio público. Contexto normativo sobre el uso de espacios públicos.

El argumento municipal es que la ocupación de este corredor dificultaba la circulación peatonal y obstaculizaba las intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura vial, especialmente los trabajos de reparación de la calzada.

La Secretaría también ha defendido que determinados elementos permanecían instalados en la vía pública sin autorización y que algunas conexiones eléctricas representaban posibles riesgos para quienes desarrollaban allí sus actividades.

La Administración sostiene, además, que los bienes retirados fueron trasladados a un centro logístico para su custodia, con el propósito de facilitar su posterior reclamación por parte de los propietarios, una vez cumplidos los procedimientos establecidos.

Por tanto, la versión oficial no presenta el operativo como una actuación dirigida contra la actividad comercial informal, sino como una intervención para recuperar una zona que, según el Distrito, necesitaba una reorganización.

Los comerciantes cuestionan las consecuencias de la intervención

Al otro lado de la discusión están las personas que obtenían sus ingresos de los puestos instalados en ese sector. Para algunos vendedores, la actividad comercial en la carrera 9 no representa un negocio ocasional, sino una forma de vida que han mantenido durante décadas.

Representantes del sector han manifestado que no se oponen necesariamente a mejorar las condiciones del centro, pero reclaman que cualquier reorganización tenga en cuenta sus circunstancias particulares.

En declaraciones recogidas por el diario El País, Jimmy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores de Cali, aseguró que existían conversaciones previas con la Administración para organizar el corredor y que los comerciantes estaban dispuestos a participar en ese proceso.

Su principal cuestionamiento se refiere a la forma en que se desarrolló el operativo y a la falta de una notificación previa que, según su versión, les permitiera prepararse adecuadamente.

Por su parte, Marcelino Olaya, representante de la Fundación de Vendedores Estacionarios de Cali, señaló que algunos trabajadores llevan entre 40 y 50 años desarrollando su actividad en la zona.

Según sus declaraciones, no todos los vendedores tienen las mismas posibilidades económicas ni trabajan con idéntico tipo de mercancía. Hay quienes utilizan pequeños elementos que pueden transportar fácilmente y otros que dependen de estructuras más grandes, casetas o instalaciones que no pueden guardar en cualquier lugar.

Esta diferencia resulta especialmente importante cuando se plantea que los comerciantes retiren diariamente sus elementos de trabajo. Para quienes carecen de bodegas o espacios de almacenamiento, esa exigencia puede convertirse en un problema añadido.

También se han conocido reclamaciones relacionadas con mercancías que, según algunos afectados, habrían sufrido daños o todavía no habrían podido recuperar. Estas manifestaciones deben entenderse como versiones de los propios comerciantes y no como una constatación independiente de que se hayan producido pérdidas generalizadas o actuaciones irregulares.

La Secretaría de Desarrollo Económico, por su parte, ha señalado que está revisando la información aportada por los afectados para gestionar los casos relacionados con mercancías retiradas y posibles daños.

La identificación de los propietarios, los inventarios y las condiciones de entrega son elementos fundamentales para aclarar cada reclamación.

La seguridad, otro de los argumentos de la Alcaldía

La recuperación del espacio público también tiene una dimensión relacionada con la seguridad ciudadana.

Según las cifras de la Policía Nacional citadas por la Secretaría de Seguridad y Justicia y recogidas por El País, en un perímetro aproximado de 200 metros alrededor del sector intervenido se habían contabilizado 137 hurtos durante el año. Dentro de ese registro figurarían 31 casos de atraco y 45 de cosquilleo.

La Administración ha utilizado estos datos para explicar la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad y visibilidad en la zona.

No obstante, conviene establecer una distinción importante: las cifras de hurtos no demuestran que los vendedores informales sean responsables de esos delitos. De hecho, la propia Secretaría ha aclarado que no está atribuyendo directamente a los comerciantes la autoría de los hechos denunciados.

El planteamiento institucional es que una ocupación desordenada, con estructuras que dificulten la circulación y reduzcan la visibilidad, puede generar condiciones que faciliten determinadas actividades delictivas.

La cuestión, por tanto, no debería convertirse en un señalamiento colectivo contra quienes trabajan vendiendo productos en las calles. La seguridad es una responsabilidad pública y debe abordarse mediante actuaciones sustentadas en datos, investigación y prevención.

Tampoco sería razonable ignorar las dificultades que pueden experimentar los peatones cuando las aceras y los corredores comerciales pierden espacio para la circulación.

El desafío está en corregir esas situaciones sin confundir la ocupación irregular de una zona con la responsabilidad individual por hechos delictivos.

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre situaciones similares

El debate tiene también una dimensión jurídica que merece atención.

La recuperación del espacio público constituye una obligación de las autoridades colombianas. Sin embargo, ese deber debe ejercerse respetando los derechos fundamentales de las personas que dependen económicamente de actividades informales.

En este sentido, la Sentencia T-312 de 2024 de la Corte Constitucional resulta especialmente relevante para Cali.

En aquella decisión, el alto tribunal estudió el caso de una vendedora informal cuyo quiosco había sido retirado en el marco de una actuación de recuperación de un bien público. La mujer alegaba que aquella estructura constituía su principal fuente de ingresos y que no había recibido una alternativa para continuar desarrollando su actividad económica.

La Corte concluyó que se habían vulnerado sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, entre otros, al no ofrecerle una alternativa de reubicación. Por ello, ordenó adelantar un proceso de concertación y disponer medidas que le permitieran recuperar una fuente de ingresos.

Además, exhortó expresamente a la Alcaldía de Cali a formular una política pública que atendiera las necesidades de los vendedores informales afectados por actuaciones de recuperación del espacio público.

Este antecedente no significa que todos los vendedores tengan automáticamente derecho a permanecer en cualquier lugar ni que la Administración no pueda retirar estructuras que ocupen irregularmente las calles.

Lo que establece es que las autoridades deben estudiar las circunstancias de cada caso, respetar el debido proceso y considerar medidas que eviten que las personas en situación de vulnerabilidad pierdan sus medios de subsistencia sin alternativas razonables.

Por eso, la discusión de la carrera 9 no puede limitarse exclusivamente a determinar cuántos puestos fueron retirados o cuántos metros de calle quedaron despejados.

También debe examinarse qué medidas se adoptaron para proteger a los trabajadores afectados y cómo se está garantizando que puedan continuar generando ingresos.

¿Qué alternativas existen para los vendedores?

Ante las reclamaciones, la Secretaría de Desarrollo Económico ha informado de diferentes propuestas para facilitar que los comerciantes puedan continuar desarrollando actividades económicas.

Entre las posibilidades planteadas figura la colaboración de centros comerciales que podrían facilitar temporalmente espacios para algunos vendedores durante la temporada de fin de año.

Según la información publicada por El País, cuatro centros comerciales habrían puesto espacios a disposición para estudiar esta alternativa.

También se han mencionado oportunidades de participación en ferias comerciales, posibles empleos temporales y programas para vincular a los comerciantes con otras unidades productivas.

Otra iniciativa planteada es el programa piloto Guardianes del Centro, que contempla actividades remuneradas relacionadas con la orientación de compradores y visitantes y la promoción del comercio local.

Aunque estas propuestas pueden representar una oportunidad para determinados trabajadores, los representantes de los vendedores han expresado dudas sobre su viabilidad para todos.

El motivo es sencillo: trasladarse a un establecimiento comercial no siempre resulta económicamente sostenible para una persona que trabaja con un capital reducido y depende de las ventas diarias.

Un local puede implicar gastos posteriores, una ubicación con menos compradores potenciales o condiciones comerciales diferentes a las que el vendedor tenía en la calle.

Por eso, las alternativas deben analizarse individualmente y no presentarse como una solución definitiva hasta que se conozca cuántas personas han podido acceder a ellas y qué resultados están obteniendo.

Una recuperación que tendrá que demostrar sus resultados

El centro de Cali necesita condiciones adecuadas para comerciantes, residentes, compradores y peatones. La limpieza, la seguridad, la movilidad y la conservación de las calles son elementos fundamentales para mantener una zona comercial activa.

Pero una recuperación verdaderamente integral no debería medirse únicamente por la cantidad de casetas retiradas o por los metros cuadrados despejados.

También tendrá que evaluarse por la capacidad de la Administración para ofrecer soluciones sostenibles, resolver las reclamaciones sobre mercancías, garantizar procedimientos transparentes y evitar que las familias afectadas queden sin ingresos.

La experiencia de otros procesos de recuperación del espacio público y los pronunciamientos de la Corte Constitucional muestran que el ordenamiento urbano y la protección del trabajo no tienen por qué ser objetivos incompatibles.

En las próximas semanas será importante conocer si las alternativas anunciadas se materializan, cuántos vendedores consiguen incorporarse a ellas y qué respuesta reciben quienes todavía reclaman sus mercancías.

También será necesario comprobar si las mejoras previstas en la carrera 9 se traducen en una mayor seguridad, mejores condiciones para los peatones y una actividad comercial organizada.

La discusión de fondo para Cali no es si debe existir espacio público o si los vendedores tienen derecho a trabajar. Ambas cuestiones son importantes y están respaldadas por principios constitucionales.

El verdadero reto consiste en conseguir que las calles sean espacios accesibles y seguros para toda la ciudadanía, sin que las actuaciones destinadas a mejorar la ciudad terminen dejando atrás a quienes encuentran en el comercio informal su única posibilidad de subsistencia.

¿Quieres comentar esta noticia?

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.