El contrato maldito de Adif: 18 millones de ahorro para una seguridad que nunca llegó a Urda.
La tragedia de Urda, que costó la vida a 69 personas el pasado 28 de octubre, ha proyectado una sombra de sospecha sobre una serie de decisiones contractuales adoptadas por Adif años atrás. En el centro del huracán se encuentra la adjudicación, en octubre de 2021, del contrato para renovar los sistemas de seguridad y señalización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según la información publicada por OKDIARIO y contrastada con otras fuentes del sector, el gestor ferroviario aceptó una oferta que, en su conjunto, suponía un ahorro de aproximadamente 18 millones de euros respecto al presupuesto base de licitación. Ese ahorro, sin embargo, supuestamente se habría conseguido a costa de recortar partidas críticas, incluyendo el software de las centrales de control, entre ellas la de Urda, el epicentro del siniestro.
La oferta de Thales: 77,5 millones frente a los 108 de presupuesto
El contrato en cuestión, adjudicado a la multinacional francesa Thales (ahora Hitachi Rail), tenía un presupuesto base de licitación de 108,38 millones de euros. Según los documentos del expediente citados por El Confidencial y Gaceta, la oferta de Thales fue de 77,5 millones de euros, lo que representa una rebaja del 28,45% sobre el precio de salida. Las otras dos compañías que pujaron, Siemens y CAF, presentaron ofertas de 100,79 y 102,8 millones, respectivamente, con descuentos mucho más moderados, del 7% y el 5%.
La diferencia era tan sustancial que superaba con creces el umbral del 17,2% que Adif había fijado en los pliegos para considerar una oferta como «anormalmente baja» o en presunción de temeridad. Esto obligó a la empresa pública a solicitar a Thales una justificación detallada. Thales, según las explicaciones que Adif aceptó, argumentó que podía asumir el contrato por ese precio gracias a «soluciones técnicas únicas» y a su profundo conocimiento de las instalaciones. Adif dio por buenas esas razones y adjudicó el contrato, materializando un ahorro que, en términos brutos, rondaba los 30 millones de euros, aunque otras fuentes elevan la cifra a 37 millones al compararla con una licitación anterior. La cifra de 18 millones que maneja OKDIARIO supuestamente se referiría al ahorro neto tras depurar otras partidas, un extremo que no ha podido ser confirmado de forma independiente.
El recorte del 72% que dejó a Urda fuera de la renovación
El verdadero talón de Aquiles de este contrato no es tanto el ahorro global, sino el desglose interno de los recortes. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, Thales propuso y Adif avaló una reducción del 72,17% en el presupuesto destinado a renovar el software de las centrales LZB. En la práctica, esto significó que, de las diez versiones de software previstas inicialmente, solo se ejecutaron tres. Las actuaciones se concentraron en las centrales de Atocha II, Bifurcación Torrejón y Córdoba II, dejando fuera de la renovación, entre otras, la central de Urda. El ajuste en este apartado permitió ahorrar 1,97 millones de euros.
Este dato adquiere una relevancia estremecedora porque, según la reconstrucción de los hechos expuesta por el exministro de Transportes, Óscar Puente, el origen del accidente podría estar relacionado con un fallo en los computadores de la central de Urda, precisamente uno de los sistemas que quedaron fuera de la renovación. La investigación judicial deberá determinar si existe una relación causal, pero la coincidencia, supuestamente, es uno de los elementos que más está pesando en el debate público sobre la seguridad ferroviaria en España.
Los recortes no se limitaron al software. De acuerdo con Gaceta, Thales también rebajó un 20% el presupuesto para los equipos de señalización ASFA y un 18,85% el de los sistemas ERTMS, ambos porcentajes por encima del límite del 17,2% fijado para las bajas temerarias. Es decir, el ahorro se extendió a múltiples capas del sistema de seguridad, no solo a la capa de software.
El retraso: un contrato que debía estar listo en enero de 2026
Más allá de los recortes, el contrato acumula un problema de plazos. Según Maldita.es, el plazo de ejecución era de 52 meses, por lo que la migración completa al sistema ERTMS debería haber estado finalizada antes del 16 de enero de 2026. Sin embargo, a 30 de octubre de 2026, el sistema seguía «en proceso» , y las previsiones del Gobierno apuntaban a que no estaría plenamente operativo hasta comienzos de 2027.
Este retraso es significativo porque el sistema LZB, el que debía ser sustituido, según los operadores, presentaba fallos frecuentes. Fabrizio Favara, consejero delegado de Iryo, alertó en el Senado, veintitrés días antes del accidente de Urda, de que las desconexiones del LZB inmovilizaban sus trenes y dificultaban la reanudación del servicio. La coexistencia de un sistema obsoleto que falla y un sistema nuevo que no termina de llegar dibuja un escenario de vulnerabilidad prolongada que, supuestamente, las autoridades no supieron o no quisieron atajar con la urgencia necesaria.
El contexto: la sombra de la Fiscalía Europea y la UCO
La polémica por este contrato no es un asunto meramente mediático. Según El Mundo, la Fiscalía Europea rastrea 261,6 millones de euros en contratos de Adif financiados con fondos de la UE en la línea Madrid-Sevilla, e investiga particularmente los relacionados con «la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones». El contrato de Thales, financiado íntegramente con fondos Next Generation, es uno de los principales focos de esa investigación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado registros en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en el Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre estos contratos. Las pesquisas buscan determinar si hubo fraude en el uso de los fondos europeos y si las irregularidades detectadas guardan relación con las obras en el tramo donde se produjeron los accidentes de Adamuz y Urda. Hasta el momento, no se ha formulado una acusación formal contra ninguna persona o entidad, y según las fuentes consultadas, la investigación se encuentra en una fase incipiente.
Nota de la redacción
La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de las informaciones publicadas por OKDIARIO, El Confidencial, Gaceta, El Mundo, Preferente, Maldita.es y los testimonios recogidos en el debate público, así como de los documentos del expediente de licitación citados por esos medios. Las cifras de ahorro (18 millones, 30 millones, 37 millones) varían según la fuente y el periodo de comparación, por lo que supuestamente deben ser interpretadas con cautela y contrastadas con la documentación oficial de Adif. La posible relación entre los recortes y el accidente de Urda es una hipótesis de la investigación que no ha sido confirmada judicialmente. Se recuerda, asimismo, que toda persona o entidad mencionada en este texto es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.

