lunes, noviembre 16, 2026
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La Audiencia de Madrid abre la puerta del banquillo al jefe de la Policía por el presunto acoso al portavoz de Vox.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha asestado un golpe de difícil encaje para el Ministerio del Interior. El tribunal ha revocado el archivo de la causa que investigaba al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, por los presuntos delitos de acoso, prevaricación y coacciones contra el agente en excedencia y actual portavoz de Interior, Inmigración y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. Según el auto del tribunal madrileño, los indicios reunidos en las diligencias de instrucción son suficientes para sentar a Pardo en el banquillo, por lo que ordena a la jueza instructora que transforme las diligencias en procedimiento abreviado, el paso previo e imprescindible para la celebración del juicio oral.

De la denuncia al banquillo: tres años de un pulso judicial

El camino hasta esta decisión no ha sido sencillo. De acuerdo con la información recabada, Vázquez interpuso una querella en 2024 en la que describía una «conducta de hostigamiento sucesivo y coactivo» por parte de la cúpula policial. La jueza instructora, en un primer momento, decidió archivar la causa, pero la Audiencia Provincial ya ordenó reabrirla en mayo de 2024 al considerar que el archivo había sido «precipitado» y que no se habían practicado las diligencias esenciales para esclarecer los hechos. En mayo de 2025, Pardo y el comisario principal Luis Guillermo Carrión declararon como investigados por estos mismos cargos, un trámite que supuestamente confirmó la solidez de la querella a ojos del tribunal.

Ahora, la Audiencia va un paso más allá. Según el escrito del tribunal, el resultado de las diligencias «sí permite conformar unos hechos que indiciariamente pueden colmar los tipos delictivos denunciados». Esa conclusión es la que deja sin efecto el sobreseimiento libre y abre la vía del procedimiento abreviado, lo que supuestamente allana el camino para que el abogado de Vázquez presente el escrito de acusación y solicite la apertura de juicio oral.

El origen del conflicto: seis expedientes en un año y una sanción anulada

El corazón del caso es la batería de expedientes disciplinarios que la Dirección General de la Policía abrió contra Vázquez. Según la versión del querellante, se le incoaron hasta seis expedientes sancionadores en apenas un año —algunos de ellos en un margen de tan solo tres meses— por sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, realizadas en su calidad de presidente de la asociación «Una Policía para el Siglo XXI» , y no como agente en activo. Vázquez sostiene que esos expedientes se utilizaron para denegarle la excedencia que solicitó para concurrir como candidato de Vox a las elecciones generales de 2023, «privándole del derecho de sufragio pasivo» .

La justicia ya le ha dado la razón en un frente paralelo. La Audiencia Nacional anuló en julio de 2025 la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo que se le había impuesto por dos tuits críticos con la cúpula policial, al considerar que sus comentarios estaban amparados por la libertad de expresión y que no actuó en el ejercicio de sus funciones como policía. Aquella sanción, según recogen varios medios, tuvo su origen directo en una decisión firmada por Francisco Pardo, lo que supuestamente refuerza la tesis del acoso que ahora se dirime en los tribunales.

La reacción: «Es cuestión de tiempo»

Lejos de mostrar cautela, Samuel Vázquez ha celebrado la decisión judicial como una victoria en una guerra de desgaste. En declaraciones a La Gaceta, el portavoz de Vox ha afirmado que la apertura del procedimiento abreviado significa que «es cuestión de tiempo» que su abogado entregue el escrito de acusación «para ver al director general de la Policía sentado en un banquillo» . Vázquez ha añadido que «todo apunta» a que la directora general de la Guardia Civil también podría acabar en esa situación, y ha resumido su visión del caso con una acusación política de fondo: «Este Gobierno ha secuestrado todas las instituciones del Estado, y las ha puesto a su servicio, y no al servicio de los españoles» .

El respaldo de su partido ha sido inmediato. El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ya había utilizado el caso en febrero para atacar al Ejecutivo, señalando que mientras «el número 1 y el número 2» de la Policía estaban «encausados muy graves» , los agentes que «curran» sufrían «persecuciones» . La decisión de la Audiencia supuestamente otorga a Vox un nuevo argumento en su relato de que el Ministerio del Interior utiliza el aparato disciplinario para hostigar a los críticos y a los adversarios políticos.

El contexto político: a dos semanas del 29-N

La noticia llega en un momento de máxima tensión política, a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque la causa es de naturaleza estrictamente judicial, su coincidencia temporal con la campaña supuestamente convierte el caso en un arma arrojadiza más. Vox ha hecho de la crítica a la cúpula policial y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de sus caballos de batalla, y el hecho de que el máximo responsable de la Policía Nacional pueda sentarse en el banquillo por acosar a un portavoz del partido de acuerdo con las fuentes consultadas refuerza su discurso sobre la «politización» de las instituciones.

Para el Ministerio del Interior, el escenario es incómodo. Hasta el momento, ni el departamento de Marlaska ni la Dirección General de la Policía han emitido un comunicado oficial sobre la decisión de la Audiencia Provincial. Según las fuentes consultadas, la estrategia del ministerio pasa por mantener un perfil bajo y dejar que el procedimiento judicial siga su curso, evitando así amplificar una polémica que supuestamente puede erosionar la imagen de imparcialidad de la cúpula policial en plena campaña electoral.

Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid difundido por La Gaceta el 16 de noviembre de 2026, así como de las informaciones publicadas por El Independiente, The Objective, Confilegal, Hispanidad, Infobae, Europa Press y la nota de prensa de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Dado que el procedimiento se encuentra en fase de transformación a procedimiento abreviado y que no existe aún una sentencia firme, algunos extremos —como la eventual responsabilidad penal de Francisco Pardo o del comisario Carrión, o la calificación definitiva de los hechos— deben ser contrastados con las resoluciones que en su momento dicte el juzgado instructor y, en su caso, la Audiencia Provincial. Se recuerda, asimismo, que toda persona mencionada en este texto es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme, y que la presunción de inocencia ampara a los investigados durante toda la tramitación del procedimiento.

Karlos García

Karlos García es ingeniero en Grupo VegaMedia, y en sus ratos libres escribe disertaciones sobre tecnología e internet. Por eso siempre está en la nube.

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