La solicitud de la DNI que sacude la política colombiana: el acceso al censo electoral abre interrogantes sobre el uso de la inteligencia del Estado
Las revelaciones sobre una petición firmada por el entonces director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín, han provocado nuevas exigencias de investigación en Colombia. La solicitud, dirigida a la Registraduría antes de las elecciones presidenciales de 2026, habría buscado obtener información individualizada de millones de ciudadanos habilitados para votar. La controversia gira ahora en torno a los motivos del requerimiento, sus fundamentos legales y los controles que deben regir a los organismos de inteligencia.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo encargado de desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad del Estado colombiano, se encuentra en el centro de una nueva controversia política y judicial. Las informaciones divulgadas durante los últimos días apuntan a una solicitud realizada en abril de 2026 por René Guarín, quien entonces ejercía como director encargado de la entidad, para acceder a información detallada del censo electoral administrado por la Registraduría Nacional.
El asunto ha adquirido especial relevancia porque el requerimiento se habría producido a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, publicada el 16 de noviembre, la comunicación fue enviada el 9 de abril y llevaba como referencia «Envío de información de contrainteligencia».
La documentación conocida por el medio de comunicación recoge una petición que, de acuerdo con las publicaciones periodísticas, no se limitaba a solicitar estadísticas generales sobre el número de votantes. La DNI habría requerido una base de datos con información individualizada de los ciudadanos habilitados para participar en los comicios.
Una petición que va más allá de las cifras electorales
Entre los datos que supuestamente figuraban en el requerimiento se encontraban los números de identificación, el género, la edad, la pertenencia a determinados grupos poblacionales y la ubicación del puesto de votación de cada ciudadano.
También se habría solicitado información sobre el estado de vigencia de los registros electorales.
La diferencia entre conocer el tamaño del censo electoral y disponer de información individualizada sobre millones de votantes es uno de los elementos que explica la preocupación expresada por diferentes sectores políticos y especialistas en materia electoral.
En términos prácticos, una base de datos con esas características permitiría relacionar la identidad de los ciudadanos con su ubicación electoral y determinadas características personales. Por esa razón, los expertos consultados por Noticias Caracol han advertido sobre los riesgos que podría representar un acceso indebido a esta información.
Entre los escenarios de riesgo mencionados se encuentran posibles presiones sobre los electores, utilización indebida de datos personales, constreñimiento electoral o prácticas de compra de votos.
No obstante, conviene establecer una distinción fundamental: que se haya producido una solicitud de información no demuestra, por sí sola, que existiera una operación destinada a manipular los resultados electorales. Esa eventual finalidad tendría que acreditarse mediante pruebas y actuaciones de las autoridades competentes.
Según la información publicada por Infobae y otros medios que han recogido la investigación, la Registraduría habría rechazado la entrega de la información solicitada. De confirmarse documentalmente este extremo, significaría que la petición no se habría traducido en la transferencia de la base de datos completa.
La legislación colombiana establece límites a los organismos de inteligencia
Uno de los aspectos centrales de esta polémica es el marco jurídico que regula las actividades de inteligencia en Colombia.
La Ley Estatutaria 1621 de 2013 establece las condiciones, los límites y los mecanismos de supervisión de los organismos que desarrollan funciones de inteligencia y contrainteligencia.
Su artículo 4 es especialmente relevante para este caso. La disposición establece que estas actividades deben respetar los derechos humanos, la Constitución y las garantías legales. También determina expresamente que la información de inteligencia no puede recolectarse, procesarse o difundirse con el propósito de favorecer los intereses de un partido o movimiento político, ni para perjudicar los derechos de las organizaciones políticas de oposición.
La norma también contempla la protección de derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y el debido proceso.
Por tanto, el interrogante que deberán resolver las autoridades, si se abre una investigación formal sobre estos hechos, no consiste únicamente en determinar si la DNI tenía capacidad técnica para solicitar información a otra institución estatal. También deberán examinar si existía una finalidad legítima, una justificación jurídica suficiente y proporcionalidad entre la información requerida y las funciones legales de la entidad.
En este punto será importante conocer la totalidad de la comunicación enviada a la Registraduría, los argumentos utilizados para justificarla y las respuestas institucionales que se produjeron.
Las advertencias desde el ámbito electoral
La preocupación no se limita al enfrentamiento entre los partidos políticos.
En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre los posibles efectos de entregar información individualizada del censo a terceros sin las garantías correspondientes.
La organización ha señalado que el conocimiento de los datos de identificación y ubicación electoral puede facilitar escenarios de presión sobre los ciudadanos, especialmente en territorios donde existen condiciones de vulnerabilidad política y social.
Por su parte, el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo también expresó su preocupación ante la posibilidad de que una entidad ajena a la administración electoral dispusiera de una base de datos de semejantes características.
Estas advertencias no constituyen una demostración de que se produjeran delitos electorales, pero sí ponen sobre la mesa una cuestión institucional importante: la información de los votantes debe estar protegida y su utilización debe responder a finalidades expresamente autorizadas por la ley.
Un contexto de denuncias sobre la seguridad informática electoral
La controversia por la petición de la DNI aparece, además, en un escenario de denuncias relacionadas con posibles ataques informáticos contra los sistemas de la Registraduría.
En su investigación del 16 de noviembre, Noticias Caracol informó de que la Registraduría había presentado 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos desde marzo de 2026.
El mismo reportaje señaló que, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, se habrían registrado 109 millones de ataques contra la página web de la institución, sin que estos consiguieran afectar el sistema electoral, según la información atribuida a la entidad.
Estos datos deben analizarse con cautela: el volumen de intentos de acceso o ataques informáticos no equivale automáticamente a una alteración de resultados, ni permite atribuir su autoría a una persona o institución concreta.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre las denuncias de ciberseguridad y la solicitud de información electoral ha incrementado el interés por esclarecer qué actuaciones se desarrollaron desde los organismos estatales durante el proceso electoral.
La investigación periodística de Noticias Caracol también ha mencionado documentos internos que contendrían referencias a un supuesto plan para atacar los sistemas de la Registraduría. Se trata de señalamientos que requieren verificación independiente y que no deben presentarse como hechos judicialmente demostrados.
El enfrentamiento político aumenta la presión sobre las instituciones
Las revelaciones han provocado reacciones tanto desde sectores que exigen explicaciones al anterior Gobierno como desde representantes del Pacto Histórico, que cuestionan la utilización política de estas informaciones.
El senador Iván Cepeda ha rechazado que las revelaciones se utilicen para deslegitimar los resultados electorales y ha defendido la legitimidad de su resultado en las urnas. En declaraciones recogidas por El Espectador, también ha cuestionado que se pretenda vincular a su candidatura con un supuesto plan de manipulación electoral sin pruebas suficientes.
En el otro extremo, dirigentes del Centro Democrático han solicitado que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de la petición realizada por la DNI. El congresista Hernán Cadavid ha calificado el requerimiento como un precedente especialmente grave y ha reclamado explicaciones sobre su finalidad.
Desde el ámbito institucional, el debate también ha alcanzado al actual Gobierno. El vicepresidente José Manuel Restrepo había reclamado una investigación de fondo sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la DNI, según informó Infobae el 9 de noviembre.
De esta manera, el caso ha dejado de ser únicamente una controversia sobre una comunicación administrativa y se ha convertido en un asunto de discusión sobre la independencia de las instituciones electorales y los límites del poder de los organismos de inteligencia.
¿Qué falta por esclarecer?
A pesar de las informaciones conocidas, todavía existen cuestiones fundamentales que necesitan una respuesta oficial y documentada.
La primera es determinar cuál fue la justificación jurídica concreta utilizada por la DNI para solicitar los datos individualizados del censo electoral.
La segunda consiste en establecer si la petición fue autorizada internamente, qué funcionarios participaron en su elaboración y qué finalidad operativa se pretendía alcanzar.
También será necesario conocer si existieron solicitudes posteriores, qué alternativas se contemplaron después de la respuesta de la Registraduría y si alguna información electoral terminó llegando a personas o dependencias que no estaban autorizadas para recibirla.
Por último, las autoridades deberán establecer si los hechos guardan alguna relación con las denuncias sobre posibles ataques informáticos contra los sistemas electorales o si se trata de episodios independientes que están siendo agrupados en el debate político.
Hasta ahora, la información publicada permite identificar una solicitud atribuida a la anterior dirección de la DNI y una serie de cuestionamientos sobre su alcance. Sin embargo, no permite concluir por sí sola que existiera una operación institucional para alterar los resultados presidenciales.
La Fiscalía y los organismos de control tendrán que determinar si existen elementos suficientes para abrir o profundizar las actuaciones correspondientes y, en su caso, establecer responsabilidades individuales.
La confianza electoral, en el centro del debate
Más allá de las diferencias entre Gobierno y oposición, el episodio vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener separados los ámbitos de inteligencia, seguridad nacional y administración electoral.
Una democracia necesita organismos capaces de anticipar amenazas y proteger sus instituciones, pero también requiere límites efectivos para impedir que las herramientas del Estado puedan utilizarse con finalidades ajenas a la ley.
La información de los ciudadanos no puede convertirse en un instrumento de presión política, y las sospechas sobre posibles irregularidades tampoco pueden transformarse en condenas públicas antes de que existan pruebas suficientes.
La pregunta que permanece abierta es qué buscaba exactamente la DNI cuando solicitó información individualizada del censo electoral y por qué consideró necesario disponer de esos datos en plena etapa preelectoral.
La respuesta no debería depender de las declaraciones de los partidos ni de las interpretaciones de los protagonistas políticos. Deberá surgir de los documentos, las verificaciones técnicas y las investigaciones independientes que permitan reconstruir lo ocurrido.
Por ahora, el caso exige explicaciones, transparencia y rigor. Lo que está en juego no es únicamente la actuación de un antiguo responsable de inteligencia, sino la confianza de los colombianos en las instituciones encargadas de garantizar que su voto sea libre, secreto y respetado.
Fuentes consultadas y contraste informativo
Estas son las publicaciones y fuentes que he utilizado para elaborar una versión independiente y contrastar los datos:
1. Noticias Caracol – Unidad Investigativa. El plan secreto de la DNI con el que habría intentado obtener el censo electoral de la Registraduría. Es la investigación periodística principal que reproduce los detalles del documento del 9 de abril. Noticias Caracol
2. El Espectador. Congreso pide investigar presuntas irregularidades en la DNI de Petro sobre Registraduría. Fuente de partida y referencia para las reacciones políticas del 18 de noviembre. EL ESPECTADOR
3. Infobae Colombia. DNI de Petro buscó obtener datos de millones de votantes de la Registraduría. Contraste sobre los datos solicitados y la respuesta atribuida a la Registraduría. Infobae
4. Función Pública – Gobierno de Colombia. Ley Estatutaria 1621 de 2013. Fuente normativa oficial para verificar los límites legales de las actividades de inteligencia. Gestor Normativo
5. La FM. DNI habría solicitado el censo electoral a la Registraduría. Información complementaria sobre la comunicación y la negativa atribuida a la Registraduría. La FM
6. El Espectador. El Pacto Histórico responde a las denuncias sobre la DNI. Contraste de las posiciones políticas y de las declaraciones de Iván Cepeda. EL ESPECTADOR
7. Infobae Colombia. El vicepresidente pide investigar las denuncias sobre la DNI. Contexto sobre las peticiones de investigación y las denuncias anteriores. Infobae

