Un campesino pierde las dos piernas tras pisar una mina en el Catatumbo: sus vecinos tuvieron que trasladarlo en una camilla improvisada
Amador Becerra, de aproximadamente 45 años, sufrió una grave explosión mientras realizaba labores agrícolas en una zona rural de Sardinata, en Norte de Santander. La falta de acceso inmediato de los servicios médicos obligó a varios habitantes a organizar un traslado de emergencia por caminos rurales hasta conseguir atención sanitaria. El suceso vuelve a poner de manifiesto el peligro que representan los explosivos instalados en territorios afectados por el conflicto armado colombiano.
18 de noviembre de 2026 | Internacional | Colombia
La violencia que continúa afectando a distintas comunidades rurales del noreste de Colombia ha dejado un nuevo episodio de extrema gravedad. Un campesino identificado como Amador Becerra, de unos 45 años, habría perdido ambas piernas después de activar una mina antipersona mientras realizaba labores agrícolas en una zona rural del municipio de Sardinata, en el departamento de Norte de Santander.
El accidente se produjo en la vereda Las Parcelas, perteneciente al corregimiento de Luis Vero, en una zona integrada en el entorno del Catatumbo, territorio que lleva años sufriendo las consecuencias de la confrontación entre organizaciones armadas ilegales.
Según la información publicada el 18 de noviembre por Noticias Caracol y Caracol Radio, el agricultor se encontraba desarrollando actividades relacionadas con el trabajo del campo cuando pisó un artefacto explosivo que detonó bajo sus pies.
La explosión le habría provocado lesiones de extrema gravedad y la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores.
El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente entre las familias campesinas que dependen de los caminos rurales para desplazarse, acceder a sus terrenos y mantener sus actividades económicas.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de este episodio no fue únicamente la explosión, sino las dificultades que encontraron los vecinos para conseguir que el herido recibiera asistencia sanitaria.
Siete vecinos tuvieron que improvisar una camilla para trasladarlo
Después de producirse la detonación, los habitantes de la zona acudieron al lugar para auxiliar al agricultor.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Noticias Caracol, las condiciones geográficas y las restricciones de seguridad existentes en el territorio dificultaron la llegada inmediata de una misión médica hasta el punto donde se encontraba la víctima.
Ante esta situación, los propios vecinos decidieron organizar el traslado.
Siete habitantes de la comunidad participaron en el desplazamiento del herido utilizando una camilla improvisada. El recorrido se realizó por caminos rurales de difícil acceso, en unas condiciones especialmente complicadas debido a la gravedad de las lesiones.
La escena refleja las dificultades que pueden encontrar las comunidades que viven en lugares donde la presencia de explosivos y la inseguridad condicionan incluso las actuaciones de emergencia.
Según la información difundida por el medio colombiano, los vecinos consiguieron trasladar a Becerra hasta un centro asistencial, mientras se coordinaba su posterior remisión a un hospital con mayores recursos médicos.
La intervención de los habitantes fue fundamental para que el agricultor pudiera recibir atención después del accidente.
No obstante, todavía no se ha difundido públicamente un informe médico completo que permita conocer todos los detalles de su evolución clínica.
Un traslado de aproximadamente 71 kilómetros hasta el hospital de Cúcuta
Una vez conseguida la primera asistencia sanitaria, las autoridades de salud coordinaron el traslado del paciente hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander.
El destino fue el Hospital Universitario Erasmo Meoz, uno de los principales centros sanitarios de referencia del departamento.
Según los datos publicados por Noticias Caracol, la evacuación aérea no pudo realizarse, por lo que fue necesario efectuar el desplazamiento por carretera.
El recorrido habría sido de aproximadamente 71 kilómetros y el trayecto duró más de una hora y cuarenta minutos.
Una vez ingresado en el hospital, el campesino fue trasladado a cirugía debido a la gravedad de las heridas.
El tiempo transcurrido entre el accidente, el auxilio inicial y la llegada al centro hospitalario pone de manifiesto las dificultades que afrontan los servicios de emergencia cuando deben intervenir en zonas rurales afectadas por problemas de seguridad.
En estos territorios, la asistencia sanitaria no depende exclusivamente de la disponibilidad de médicos o ambulancias. También resulta determinante que los equipos puedan acceder físicamente a los lugares donde se producen los accidentes.
La situación de Becerra vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar corredores seguros para las comunidades y los servicios de emergencia.
El Catatumbo, un territorio donde los campesinos conviven con el peligro de los explosivos
El accidente de Sardinata no constituye un episodio aislado dentro de la realidad que atraviesa el Catatumbo.
Esta región del departamento de Norte de Santander ha sufrido durante décadas las consecuencias del conflicto armado colombiano y de las disputas por el control territorial entre diferentes organizaciones ilegales.
Entre los actores armados que mantienen presencia en la zona figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC, aunque no sería correcto atribuir automáticamente la instalación del artefacto que hirió a Becerra a una organización concreta sin una investigación que lo determine.
La presencia de minas antipersona y otros artefactos explosivos representa una amenaza especialmente grave para la población civil.
Los agricultores tienen que desplazarse diariamente por caminos, parcelas, zonas de cultivo y terrenos que forman parte de su actividad habitual.
En ocasiones, los explosivos pueden encontrarse en lugares que los habitantes utilizaban desde hace años para desarrollar sus actividades cotidianas.
Esto genera una situación de incertidumbre permanente: un desplazamiento aparentemente normal puede convertirse en una emergencia con consecuencias irreversibles.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha documentado esta problemática en su informe de 2025 titulado Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz.
El documento analiza las consecuencias humanitarias del conflicto y dedica un apartado específico a las minas antipersona, las municiones sin explotar y otros artefactos explosivos improvisados.
Según los datos recogidos en el informe, entre 1990 y el 31 de julio de 2025 se habían registrado 12.610 víctimas de minas antipersona y munición sin explosionar en Colombia. De ellas, 10.244 habían resultado heridas y 2.366 habían fallecido.
Para Norte de Santander, el mismo documento recoge 978 víctimas durante ese periodo.
Son cifras que permiten comprender que el problema no responde únicamente a los enfrentamientos recientes, sino que constituye una amenaza acumulada durante décadas.
Más de 20 víctimas en los primeros meses de 2026, según los registros citados por la prensa
La situación continúa siendo preocupante durante 2026.
Noticias Caracol señala que, con el caso de Amador Becerra, el número de personas afectadas por minas antipersona en el Catatumbo durante este año ascendería a 24.
En esa cifra se incluirían campesinos, menores de edad, mujeres y miembros de la Fuerza Pública.
Es importante precisar que este balance ha sido publicado por el medio colombiano a partir de registros conocidos por autoridades y organizaciones territoriales. No he podido verificar una actualización oficial independiente que consolide exactamente esas 24 víctimas a fecha de publicación.
Otros episodios registrados durante los últimos meses muestran que el problema continúa afectando a diferentes comunidades.
El pasado 31 de enero, por ejemplo, dos campesinos resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda Tres Aguas, zona rural del municipio de El Tarra.
Según la información publicada por El Espectador, las víctimas sufrieron lesiones que provocaron la pérdida de sus extremidades inferiores.
Los militares que se encontraban en la zona prestaron los primeros auxilios y participaron en las actuaciones para estabilizar a los heridos. Posteriormente, ambos fueron trasladados por vía aérea hasta Cúcuta para recibir atención especializada.
También en junio se conoció otro accidente en la vereda El Retiro, en el municipio de Tibú, donde un campesino resultó herido tras caer en un campo minado.
Caracol Radio e Infobae recogieron entonces las advertencias de representantes de organizaciones de víctimas sobre la presencia de explosivos en caminos rurales y zonas de tránsito habitual.
La sucesión de estos episodios evidencia que la población civil continúa expuesta a un riesgo que no desaparece cuando cesan los enfrentamientos armados.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido del peligro para las comunidades
Uno de los documentos más relevantes para comprender la dimensión del problema es el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación humanitaria del Catatumbo.
La institución advierte de que la instalación de minas y otros artefactos explosivos afecta directamente a la movilidad de las comunidades.
Los caminos de acceso, las inmediaciones de centros educativos y determinadas rutas utilizadas por los habitantes pueden convertirse en espacios de riesgo.
El informe también describe cómo la presencia de explosivos puede limitar el acceso a servicios básicos y dificultar el ejercicio de derechos fundamentales.
Esto tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los campesinos.
Una familia que no puede utilizar con seguridad los caminos de su comunidad puede tener dificultades para llevar a sus hijos a la escuela, acudir a un centro médico o transportar sus productos agrícolas hasta los mercados.
En el caso de los agricultores, el problema adquiere una dimensión económica adicional.
No poder acceder a una parcela puede significar perder una cosecha, dejar de trabajar durante días o abandonar temporalmente una actividad de la que depende el sustento familiar.
Por tanto, las consecuencias de las minas antipersona no terminan cuando se produce una explosión. También afectan a la estabilidad económica, social y psicológica de comunidades enteras.
¿Quién coloca las minas y por qué resulta tan difícil eliminarlas?
La instalación de artefactos explosivos forma parte de las estrategias utilizadas por distintos actores armados en escenarios de confrontación territorial.
Estos dispositivos pueden utilizarse para dificultar el avance de fuerzas militares, proteger determinadas posiciones o impedir el acceso a corredores considerados estratégicos.
Sin embargo, cuando se colocan en zonas transitadas por civiles, el riesgo se extiende mucho más allá de los enfrentamientos.
En el Catatumbo, la confrontación entre organizaciones armadas ha convertido numerosos espacios rurales en escenarios de elevada inseguridad.
Las autoridades y los organismos humanitarios han advertido reiteradamente de las consecuencias que tiene esta situación para los habitantes.
No obstante, determinar quién instaló una mina concreta requiere disponer de pruebas y de una investigación específica.
En el accidente sufrido por Amador Becerra no debe atribuirse la responsabilidad a un grupo determinado sin una confirmación oficial.
La retirada de estos explosivos tampoco es una tarea sencilla.
El desminado humanitario exige personal especializado, equipos adecuados, procedimientos técnicos y condiciones mínimas de seguridad.
Además, antes de intervenir en una zona es necesario evaluar el terreno y determinar la posible presencia de otros artefactos.
Por ello, recuperar la seguridad de un territorio afectado por minas puede requerir meses o incluso años de trabajo.
El problema de las minas antipersona también es una cuestión de derechos humanos
Colombia es uno de los países que más tiempo lleva afrontando las consecuencias de las minas antipersona.
El país forma parte de la Convención de Ottawa, tratado internacional que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, además de establecer obligaciones relacionadas con su destrucción y asistencia a las víctimas.
El objetivo de este marco internacional es impedir que estas armas continúen provocando daños indiscriminados sobre la población.
La Convención también contempla obligaciones de cooperación y asistencia para las personas afectadas.
Esto resulta especialmente importante en situaciones como la de Becerra, cuya vida cotidiana puede cambiar radicalmente como consecuencia de una sola explosión.
La pérdida de ambas extremidades inferiores supone un proceso de recuperación que puede requerir intervenciones médicas, rehabilitación, prótesis, apoyo psicológico y adaptaciones para recuperar la mayor autonomía posible.
También puede tener consecuencias sobre la capacidad de trabajar y mantener económicamente a la familia.
Por ello, la atención a las víctimas no debería limitarse a la intervención quirúrgica inicial.
La recuperación requiere un acompañamiento prolongado y recursos que permitan reconstruir, en la medida de lo posible, el proyecto de vida de la persona afectada.
Una emergencia que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del campo colombiano
El accidente de Amador Becerra refleja una realidad que afecta a numerosos habitantes del Catatumbo: la dificultad de desarrollar actividades cotidianas en un territorio donde todavía existen amenazas derivadas del conflicto armado.
Los campesinos necesitan trabajar sus tierras, desplazarse entre comunidades y transportar sus productos sin tener que enfrentarse al riesgo de encontrar explosivos en los caminos.
La intervención de los siete vecinos que participaron en el traslado del agricultor demuestra, además, la importancia de las redes de solidaridad comunitaria cuando los servicios de emergencia no pueden acceder inmediatamente a una zona.
Pero esa colaboración no puede sustituir de manera permanente la presencia de instituciones capaces de garantizar seguridad, asistencia sanitaria y protección a la población civil.
Las autoridades colombianas mantienen el desafío de avanzar en la localización y eliminación de explosivos, reforzar la prevención y asegurar que las víctimas reciban atención integral.
Por ahora, el caso de Becerra se suma a una larga lista de afectados por las minas antipersona en el país.
Un hombre salió a trabajar al campo y terminó en un hospital después de perder ambas piernas. Detrás de ese accidente hay una realidad mucho más amplia: miles de personas que necesitan recuperar algo tan básico como la posibilidad de caminar por su propia comunidad sin miedo a que el suelo esconda un explosivo.
Fuentes documentales para acompañar la noticia
He seleccionado las referencias más útiles para respaldar los datos y las explicaciones del reportaje.
Noticias Caracol, el medio que más consultan los líderes de opinión de Colombia – NoticiasCaracol
1. Noticias Caracol — 18 de noviembre de 2026
Fuente principal del accidente, identidad de Amador Becerra, traslado por los vecinos, hospitalización y balance regional.Leer la noticia original
2. Caracol Radio — 18 de noviembre de 2026
Confirma la ubicación del accidente en Las Parcelas, Luis Vero, Sardinata, y recoge la información de las comunidades.Consultar la información
Defensoría del Pueblo Colombia Logo Vector File Download | Logowik
3. Defensoría del Pueblo de Colombia — Informe 2025
Documento institucional sobre el conflicto del Catatumbo, las minas antipersona y las víctimas registradas.Consultar informe completo
4. Presidencia de Colombia — Datos abiertos
Registro oficial de eventos y víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.Consultar los datos oficiales
El Espectador, más que una imagen | EL ESPECTADOR
5. El Espectador — 31 de enero de 2026
Otro caso de dos campesinos heridos por un campo minado en El Tarra.Leer la información
6. La FM — 19 de octubre de 2026
Información sobre las víctimas de minas antipersona en el Catatumbo durante las últimas tres décadas.Consultar el reportaje
Infobae Colombia (@infobaecolombia) on X
7. Infobae Colombia — 23 de junio de 2026
Información sobre otro campesino herido por un explosivo en Tibú y las advertencias de las organizaciones de víctimas.Leer el artículo
Comprobaciones editoriales antes de publicar
Hechos contrastados en fuentes periodísticas e institucionales
| Dato | Tratamiento |
|---|---|
| Identidad de Amador Becerra | Publicada por Noticias Caracol y Caracol Radio |
| Edad aproximada de 45 años | Atribuida a los medios |
| Pérdida de ambas piernas | Recogida por Noticias Caracol y Caracol Radio |
| Siete vecinos y camilla improvisada | Información de Noticias Caracol |
| Traslado de 71 km a Cúcuta | Información de Noticias Caracol |
| 24 víctimas en 2026 | Cifra publicada por Noticias Caracol, pendiente de consolidación oficial |
| Responsabilidad de un grupo armado concreto | No establecida; no se atribuye |

