El partido en el gobierno de España, imputado por corrupción y financiación ilegal
Tras años de instrucción, el juez español Pablo Ruz ha procedido a la publicación de lo que ha denominado un ‘auto incoación pieza separada”, centrado en lo sucedido entre los años 1999-2005. Lo que esto significa es que el juez ha decidido, de acuerdo con las fiscales del caso, en trocear el sumario no por personas, o por áreas geográficas, sino por diferentes épocas. Y la que concluye ahora es la primera.
En esta pieza separada el juez hace un relato detallado de todo lo sucedido en esos años, del comportamiento de la trama, así como de la participación de toda una serie de personajes que él recuerda dando una lista de los imputados (nada menos que 45).
Pero lo más importante, quizás, después de haber investigado las responsabilidades de quienes estaban en control de los hechos y los personajes del PP que actuaban en ellos, el juez, con el apoyo, insistimos, de las dos fiscales que durante estos años le han acompañado en la confección del sumario, hace una especie de ‘imputación’ al PP nacional como responsable de lo sucedido.
La imputación del partido como tal no resultaba posible, pero Ruz y las fiscales, ante las evidencias que se han acumulado, han encontrado una puerta que les ha llevado, como se puede ver en el párrafo que reproducimos a ‘hacer una imputación’ de Génova, 13 como “posible partícipe a título lucrativo (art. 122 CP), designando abogado y procurador que en tal condición le represente, por el beneficio que pudiere haber obtenido de la actuación atribuida a Jesús Sepúlveda y a, entre otros, Guillermo Ortega”.
Lo que viene a decir el juez, después de estudiar los estatutos del PP, es que es el partido en sí quien resulta responsable del control de la financiación de las campañas electorales también en municipios y Comunidades Autónomas. De hecho, el juez viene a decir que los tesoreros nacionales, de hecho mete de lleno a Álvaro Lapuerta, y no sólo a Luis Bárcenas, en este auto, como responsables de lo que pasó en las operaciones entre el PP y la trama Gürtel.
Y en consecuencia, el juez advierte al PP que se busque defensa legal. El artículo 122 del Código Penal se titula “Responsabilidad civil directa de terceros en la comisión de infracciones penales”, y viene a decir que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa con base en el art. 111CC o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación con base en el art. 113 CC”. Es decir, lo que viene a plantear el juez es que el PP se lucró económicamente de la trama Gürtel, más allá de que la participación en la trama fuera de personas determinadas, porque es la estructura económica del propio partido la que resulta responsable, y beneficiada, de lo sucedido.
El caso Gürtel es la investigación iniciada en febrero de 2009 dedicada a la red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España. La trama estuvo encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido en alemán da nombre al caso. Se abrió el caso Gürtel gracias a la denuncia presentada por Ana Garrido, funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte que cuenta con detalle las vicisitudes del caso en su blog La honestidad tiene precio. A raíz de esta denuncia, la funcionaria sufrió acoso laboral continuado en el ejercicio de su cargo. El acoso por parte de superiores y antiguos compañeros fue tal que se vio obligada a emigrar temporalmente a Sudamérica. Después de la celebración del juicio, el tribunal condena al ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral. En mayo 2014, el acosador, Adolfo Arias Javaloyes , ejerce todavía su cargo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cobrando de las arcas públicas 73.000 € brutos.
El caso fue instruido inicialmente por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación profesional. Después fue retomado por juez de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en un juez en situación de comisión de servicios, Pablo Ruz, ya que no es el titular del Juzgado. El denominado caso Bárcenas, que recoge una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro en sobres a los dirigentes del partido, pudo haber sido instruida de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, sin embargo fue planteado un conflicto de competencia y la propia Audiencia Nacional concedería su investigación a Pablo Ruz.
El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al «mejor trabajo de prensa». El 18 de abril de 2010 el diario publicó un amplio informe sobre el caso.
