Bruselas reconoce el fracaso de las expulsiones: solo tres de cada diez órdenes de salida se ejecutan.
La Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen ha puesto cifras a una de las vergüenzas de la política migratoria comunitaria. Según el último Informe Anual sobre Asilo y Migración, publicado el pasado 6 de noviembre y recogido por este periódico, entre julio de 2025 y junio de 2026 los Estados miembros emitieron 463.000 órdenes de expulsión contra ciudadanos extracomunitarios sin derecho legal a permanecer en la UE. En ese mismo periodo, solo se materializaron 142.000 devoluciones efectivas a terceros países. La conclusión es tan elocuente como incómoda: casi siete de cada diez personas con una orden de salida siguen en Europa, y la tasa de retorno se quedó en un exiguo 31% .
El dato, que de acuerdo con el documento oficial supone una mejora respecto al periodo anterior —las devoluciones aumentaron un 11% mientras las órdenes cayeron un 5%—, sigue estando muy lejos de los objetivos que la propia Comisión se había marcado. Bruselas admite en el informe que la ejecución de las expulsiones continúa siendo “uno de los principales problemas de la política migratoria europea” , una confesión que según los analistas consultados llega en un momento de máxima presión política por el auge de las formaciones de extrema derecha en varios Estados miembros.
El mapa de la impunidad: quién ordena y quién devuelve
El informe dibuja un panorama desigual que según las fuentes comunitarias revela las disfunciones del sistema. Francia, Alemania y España fueron los países que más órdenes de expulsión emitieron en términos absolutos. Sin embargo, a la hora de ejecutar las devoluciones, el liderazgo correspondió a Alemania, Francia, Polonia, Suecia y Chipre, que concentraron más de la mitad de los retornos efectivos . Es decir, hay Estados que ordenan mucho pero devuelven poco, y otros que, sin emitir tantas órdenes, son más eficaces en la ejecución.
La nacionalidad de los afectados añade otra capa de complejidad. De acuerdo con los datos del informe, las órdenes de expulsión se dirigieron principalmente a ciudadanos de Argelia, Marruecos, Turquía, Siria y Túnez —lo que supuestamente explica que la mayoría de los afectados sean magrebíes, como destacan algunos medios—. Sin embargo, las nacionalidades más frecuentes entre quienes fueron efectivamente devueltos fueron Turquía, Georgia, Siria, Albania y Colombia . La diferencia entre unos y otros, según los expertos en migración consultados, refleja la distinta disposición de los países de origen a aceptar el retorno de sus nacionales, un factor que los Estados miembros no controlan y que lastra la eficacia de las políticas de expulsión.
Los datos trimestrales de Eurostat, que corroboran la tendencia general, muestran que en el segundo trimestre de 2026 se emitieron 110.335 órdenes de salida y se ejecutaron 36.825 retornos, con un aumento interanual del 9,7% en las devoluciones pero una caída del 12% en las órdenes . Es decir, la maquinaria administrativa sigue produciendo decisiones de expulsión a un ritmo muy superior al de las salidas reales, lo que de acuerdo con las fuentes consultadas genera un stock creciente de personas en situación irregular que permanecen en el territorio pese a tener una orden en su contra.
La respuesta de Bruselas: un giro restrictivo y centros fuera de la UE
Ante la evidencia del fracaso, la Comisión de Von der Leyen ha impulsado un endurecimiento normativo sin precedentes. El nuevo Reglamento de Retornos, aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de junio de 2026 y ratificado por el Consejo el 1 de octubre, sustituye a la antigua Directiva de 2008 y según el texto oficial introduce un sistema común europeo para agilizar las expulsiones .
Las medidas que contempla el reglamento son, de acuerdo con el análisis de los expertos, de una dureza notable. Se prevén sanciones contra los inmigrantes que se nieguen a colaborar con las autoridades, incluida la reducción de prestaciones, multas y posibles consecuencias penales cuando las legislaciones nacionales lo permitan. Se amplía el período de detención, que podrá alcanzar los 24 meses —y hasta 30 en supuestos excepcionales—, y se consagra la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países mediante acuerdos internacionales .
El reglamento también facilita el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros, de modo que una orden emitida por un país pueda ejecutarse en otro, y rompe el vínculo que obligaba a que la devolución se dirigiera al país de origen o a uno con el que la persona tuviera relación demostrable. Ahora, según recoge El Confidencial, las devoluciones podrán realizarse a países terceros sin necesidad de demostrar ese vínculo, siempre que exista un acuerdo bilateral para los centros de devolución .
La paradoja española: exigir fondos para Marruecos y rechazar condicionarlos
El caso español ilustra las contradicciones que atraviesan la política migratoria europea. Según ha publicado este periódico, el Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido a Bruselas más fondos para Marruecos mientras rechaza condicionar los 50 millones de euros destinados a Rabat a su cooperación efectiva contra la inmigración ilegal. Esa postura, supuestamente, entra en contradicción con la evidencia de que Marruecos es uno de los principales países de origen de las órdenes de expulsión que no se ejecutan y con el hecho de que la cooperación de Rabat es considerada clave por la propia Comisión para mejorar las tasas de retorno.
La paradoja se agrava si se tiene en cuenta que España es uno de los países que más órdenes de expulsión emite en términos absolutos, de acuerdo con el informe comunitario, pero no figura entre los que más devoluciones ejecutan. Esa brecha entre la decisión administrativa y la ejecución material, según las fuentes consultadas, es especialmente visible en el caso de los ciudadanos magrebíes, cuya repatriación depende en gran medida de la voluntad de los países de origen y de los acuerdos de readmisión vigentes.
El contexto político: el avance de la extrema derecha como motor del giro
El endurecimiento normativo no se explica solo por razones técnicas. Según el análisis de El Confidencial, los Estados miembros y los líderes comunitarios consideran importante “enviar el mensaje a los votantes de que la Unión Europea está endureciendo su política migratoria” ante el crecimiento de formaciones de extrema derecha que acompañan un discurso muy duro en inmigración con mensajes críticos hacia el club comunitario . Es decir, el giro restrictivo responde tanto a la constatación del fracaso de las expulsiones como a la necesidad de contener electoralmente a esas fuerzas políticas.
Ese cálculo, supuestamente, ha tenido un coste en términos de derechos fundamentales. Más de 250 organizaciones de la sociedad civil pidieron en septiembre a la Comisión que retirara la propuesta, advirtiendo de que el nuevo sistema “se caracteriza por la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas” , y de que tendrá como consecuencia que “más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a situaciones de peligro” . Las críticas, de acuerdo con las entidades firmantes, apuntan a que el reglamento prioriza el control y la expulsión sobre la protección de los derechos de las personas migrantes.
Las entradas irregulares caen, pero la brecha persiste
El informe de la Comisión contiene un dato que, según las fuentes comunitarias, matiza el debate: las entradas ilegales por las fronteras exteriores de la UE disminuyeron un 32% durante el periodo analizado . Esa caída, supuestamente, refleja el efecto disuasorio de las políticas restrictivas y de la cooperación con países terceros, y podría interpretarse como un éxito parcial de la estrategia migratoria europea. Sin embargo, la reducción de las llegadas no ha venido acompañada de una mejora proporcional en la ejecución de las expulsiones, lo que de acuerdo con los expertos consultados deja intacto el problema de fondo: las personas que ya están en Europa con una orden de salida siguen, en su gran mayoría, sin ser devueltas.
Ese desfase, según el informe, es el que explica que la tasa de retorno se haya quedado en el 31% pese a los avances normativos y a la disminución de las llegadas. La maquinaria de expulsión no termina de engrasarse, y supuestamente la nueva normativa, con sus centros en terceros países y sus plazos de detención ampliados, tardará aún meses o años en desplegar sus efectos, si es que finalmente los despliega.
Nota de la redacción
La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del Informe Anual sobre Asilo y Migración de la Comisión Europea, publicado el 6 de noviembre de 2026, y de las informaciones y datos estadísticos publicados por Eurostat, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, El Confidencial, EJIL: Talk! y otros medios que han seguido la evolución de la política de retornos. Los datos de órdenes de expulsión y devoluciones efectivas proceden de “fuentes oficiales comunitarias” , y las cifras sobre la tasa de retorno —que oscilan entre el 28% y el 31% según la fuente y el periodo— deben ser contrastadas con las series estadísticas completas que Eurostat actualiza trimestralmente. Las afirmaciones atribuidas a los distintos actores políticos e institucionales son declaraciones públicas y no hechos probados judicialmente. Se recuerda, asimismo, que las políticas migratorias y los procedimientos de expulsión están sujetos al principio de no devolución y a las garantías del Derecho internacional y comunitario, y que toda persona afectada tiene derecho a la tutela judicial efectiva.
