lunes, noviembre 16, 2026
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Irene Montero plantea elevar hasta cuatro veces el impuesto a las viviendas vacías y promete reducir un 40% los alquileres

La candidata de Podemos defendió en Elche una intervención más intensa del mercado inmobiliario, con medidas fiscales, restricciones a la especulación y la movilización de viviendas de grandes propietarios para destinarlas al alquiler social. Sus propuestas reabren el debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención pública y qué obstáculos económicos y jurídicos tendría su aplicación.

El acceso a una vivienda asequible vuelve a ocupar un lugar destacado en el debate político español. La subida de los precios, las dificultades para encontrar alquileres que se ajusten a los salarios y la escasez de oferta en determinadas ciudades han situado esta cuestión entre las principales preocupaciones de numerosos hogares. En ese escenario, Irene Montero ha presentado una batería de medidas con las que pretende modificar las reglas del mercado inmobiliario y dar un papel más activo a las administraciones públicas.

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre defendió este lunes, 16 de noviembre, en Elche (Alicante), que el Estado intervenga el mercado de la vivienda para reducir el coste de los alquileres y aumentar el número de inmuebles destinados a uso residencial. Durante su comparecencia ante los medios, sostuvo que la Constitución ofrece herramientas para actuar sobre sectores económicos cuando está en juego el interés general.

Entre las propuestas que expuso figura la creación de un nuevo impuesto a las viviendas vacías, con una carga fiscal que, según explicó, podría multiplicar por cuatro lo que pagan actualmente sus propietarios. También planteó eliminar los beneficios fiscales que reciben determinados arrendadores, prohibir los pisos turísticos y movilizar más de 650.000 viviendas de fondos de inversión para incorporarlas al parque de alquiler social.

Se trata de propuestas políticas que todavía necesitarían desarrollo normativo, respaldo parlamentario y mecanismos concretos de aplicación. No son medidas que estén aprobadas ni resultados que puedan darse por garantizados. La reducción del 40% en los alquileres que plantea Montero es un objetivo anunciado por su formación, no una previsión respaldada por un cálculo oficial que asegure que se alcanzará.

Un impuesto más elevado para las viviendas que permanezcan vacías

Uno de los anuncios más destacados de la intervención fue la propuesta de crear un gravamen específico para los inmuebles que permanezcan desocupados. Montero defendió que los propietarios de esas viviendas paguen hasta cuatro veces más de lo que abonan actualmente, con la intención de incentivar que los inmuebles salgan al mercado y puedan ser utilizados como residencia habitual.

La candidata justificó la medida aludiendo a la existencia de millones de personas con dificultades para encontrar una vivienda en alquiler mientras una parte del parque inmobiliario permanece sin uso residencial habitual.

La cifra de viviendas vacías que utilizó en su argumentación tiene un antecedente estadístico oficial. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Censo de Población y Viviendas de 2021, contabilizó 3.837.328 viviendas vacías en España. Sin embargo, es importante precisar que se trata de un dato referido a ese año y que no significa que todos esos inmuebles estén disponibles para incorporarse inmediatamente al mercado del alquiler.

El propio método del INE clasifica las viviendas atendiendo, entre otros elementos, a los registros de consumo eléctrico. Por ello, una vivienda catalogada como vacía no equivale necesariamente a un inmueble en condiciones de ser alquilado, situado en una zona con demanda o disponible para su ocupación inmediata.

Además, la distribución territorial es muy desigual. Según los datos del censo, una parte importante de las viviendas vacías se encontraba en municipios pequeños. Esto introduce una dificultad para cualquier política que pretenda utilizar ese parque inmobiliario para resolver los problemas de acceso a la vivienda en grandes ciudades, donde la demanda y los precios pueden ser mucho más elevados.

La propuesta de Podemos tendría que concretar, por tanto, qué se considera exactamente una vivienda vacía, durante cuánto tiempo debe permanecer desocupada, qué circunstancias justificarían una exención y cómo se calcularía el impuesto. No es lo mismo una vivienda cerrada durante años en una localidad con poca demanda que un piso desocupado temporalmente por una herencia, una reforma o una situación familiar.

La propuesta de movilizar más de 650.000 viviendas de grandes propietarios

Otro de los puntos centrales del planteamiento de Montero es la incorporación de más de 650.000 viviendas de fondos de inversión al alquiler social. La dirigente sostiene que una parte de los inmuebles está concentrada en manos de grandes propietarios y que las administraciones deberían disponer de instrumentos para destinarlos a alquileres asequibles.

La propuesta no es completamente nueva. En septiembre, Montero ya había defendido en una entrevista con elDiario.es que el Gobierno debía contemplar la posibilidad de expropiar viviendas de fondos de inversión para ampliar la oferta pública y social. En aquella ocasión también reclamó que los alquileres pudieran reducirse por ley y cuestionó que se mantuviera la vivienda como un activo destinado principalmente a obtener rentabilidad económica.

El planteamiento abre, sin embargo, varias preguntas prácticas. Para saber si se pueden movilizar 650.000 inmuebles sería necesario disponer de un inventario detallado que identificara quién es propietario de cada vivienda, dónde está situada, en qué estado se encuentra y si realmente puede destinarse a alquiler social.

También habría que determinar qué procedimiento jurídico se utilizaría. La expropiación no consiste simplemente en ordenar a una empresa que entregue sus inmuebles. El ordenamiento español contempla garantías para la propiedad privada y exige que las actuaciones expropiatorias estén justificadas conforme a la ley y al interés público o social, con las correspondientes condiciones e indemnizaciones cuando procedan.

En este punto, la propuesta ha generado discrepancias políticas y económicas. El ministro Óscar Puente había cuestionado anteriormente el coste de una operación de esta magnitud. Según los cálculos que recogió Newtral, Puente planteó un supuesto de 200.000 euros de media por vivienda, lo que situaría la operación de 650.000 inmuebles en torno a los 130.000 millones de euros. Se trata de una estimación basada en ese precio medio hipotético, no de un presupuesto definitivo ni de una valoración individual de los inmuebles.

Por tanto, el coste real dependería de las viviendas afectadas, su localización, su valor, el procedimiento utilizado y las compensaciones que legalmente correspondieran. La financiación sería uno de los principales aspectos que cualquier Gobierno tendría que explicar antes de poner en marcha una operación de ese alcance.

El artículo 128 de la Constitución, en el centro del argumento

Durante su comparecencia en Elche, Montero recurrió al artículo 128 de la Constitución Española para defender la capacidad de los poderes públicos de intervenir en la economía cuando lo exija el interés general.

Ese precepto establece que toda la riqueza del país, con independencia de quién sea su titular, está subordinada al interés general. También reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y contempla que, mediante una ley, puedan reservarse al sector público determinados recursos o servicios esenciales y acordarse la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general.

La candidata de Podemos considera que este artículo ofrece cobertura constitucional para adoptar medidas más contundentes en materia de vivienda. En sus declaraciones sostuvo que el Estado debe garantizar precios justos y no limitar su actuación a conceder incentivos fiscales a los propietarios.

No obstante, el artículo 128 no debe interpretarse de manera aislada ni como una autorización automática para aplicar cualquier medida. La Constitución también reconoce la propiedad privada y establece garantías para su protección. El artículo 33 contempla la posibilidad de privar a alguien de sus bienes y derechos por causa justificada de utilidad pública o interés social, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes y mediante la correspondiente indemnización.

Por otra parte, el artículo 47 recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. También establece que deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La discusión jurídica, por tanto, no se limita a determinar si la Constitución permite intervenir en el mercado inmobiliario. También exige estudiar qué instrumentos concretos pueden utilizarse, qué requisitos deben cumplir y cómo se compatibilizan los derechos de los propietarios con las obligaciones de las administraciones públicas.

Montero quiere reducir los alquileres un 40%

La propuesta fiscal y la movilización de viviendas forman parte de un objetivo más amplio: reducir un 40% los precios de los alquileres. Montero reiteró en Elche que su formación defiende una intervención directa para rebajar las rentas y evitar que el acceso a una vivienda dependa de la capacidad de asumir precios cada vez más elevados.

La cifra supone una de las promesas más ambiciosas de su planteamiento. Sin embargo, para valorar su alcance sería necesario conocer cómo se aplicaría la reducción, sobre qué contratos tendría efecto, en qué plazo se llevaría a cabo y qué diferencias existirían entre territorios con mercados inmobiliarios muy distintos.

Los datos oficiales muestran que el problema de los precios no se limita a una percepción política. El Instituto Nacional de Estadística publicó que el Índice de Precios de Vivienda registró en el segundo trimestre de 2026 una subida interanual del 12,2%. La vivienda de segunda mano aumentó un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la vivienda nueva lo hizo un 7,4%.

Estos datos se refieren al precio de compraventa, no directamente al alquiler, por lo que no deben confundirse ambos indicadores. Aun así, reflejan la presión que experimenta el mercado inmobiliario y ayudan a entender por qué el acceso a la vivienda se ha convertido en un asunto central del debate público.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dispone, además, del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), una herramienta basada en información tributaria que permite consultar referencias de rentas por distintos ámbitos territoriales. Este sistema puede servir para analizar las diferencias entre municipios y zonas, algo especialmente relevante a la hora de diseñar políticas que no produzcan los mismos efectos en mercados muy diferentes.

El rechazo a los incentivos fiscales para los propietarios

Montero también defendió eliminar los beneficios fiscales concedidos a determinados arrendadores. A su juicio, no debería utilizarse dinero público para compensar a los propietarios con el objetivo de que ofrezcan alquileres a precios asumibles.

La candidata considera que esos recursos deberían destinarse prioritariamente a servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones. Su planteamiento cuestiona así una de las herramientas utilizadas por las administraciones para intentar incentivar la oferta de vivienda en alquiler mediante ventajas fiscales.

La discusión sobre estos incentivos gira en torno a su eficacia. Quienes defienden las bonificaciones sostienen que pueden animar a los propietarios a poner inmuebles en alquiler o a moderar las rentas. Sus críticos consideran que esas ayudas pueden terminar beneficiando a los arrendadores sin garantizar una reducción suficiente de los precios para los inquilinos.

La eliminación de los incentivos, por su parte, también tendría que analizarse teniendo en cuenta sus posibles efectos sobre la oferta. Si una medida fiscal modifica la rentabilidad de los alquileres, podría influir en las decisiones de algunos propietarios. El resultado dependería de las condiciones del mercado y del diseño concreto de la reforma.

Por eso, más allá de las posiciones de los partidos, una evaluación rigurosa tendría que comparar el coste presupuestario de las bonificaciones, el número de viviendas afectadas, los precios finales para los inquilinos y la evolución de la oferta.

Prohibir los pisos turísticos y limitar la especulación

La intervención defendida por Montero incluye también la prohibición de los pisos turísticos y restricciones a la compra de viviendas con fines especulativos. La dirigente sostiene que los inmuebles deben destinarse prioritariamente a vivir y no convertirse en un instrumento de negocio que dificulte el acceso a una residencia habitual.

Esta propuesta afecta a un debate que se desarrolla en numerosas ciudades españolas, especialmente en aquellas donde existe una elevada demanda turística y una oferta residencial limitada. La conversión de viviendas en alojamientos de corta duración es uno de los factores que se discuten en relación con la disponibilidad de alquileres permanentes.

Sin embargo, el impacto de los pisos turísticos no es idéntico en todos los municipios ni en todos los barrios. Para medirlo sería necesario estudiar cuántas viviendas se destinan a esa actividad, qué proporción representan sobre el parque residencial y cómo evolucionan los alquileres en las zonas afectadas.

La prohibición general que plantea Podemos tendría que concretarse también desde el punto de vista competencial y normativo, ya que la regulación turística y urbanística implica la participación de distintas administraciones. No bastaría con anunciar una prohibición: habría que determinar su alcance, los procedimientos de control y las consecuencias para las licencias existentes.

Una propuesta que abre un debate económico y jurídico

La intervención de Irene Montero en Elche vuelve a situar la vivienda en el centro de la campaña electoral. Su propuesta combina impuestos a los inmuebles desocupados, eliminación de beneficios fiscales, limitaciones a los usos turísticos, restricciones a la especulación y una mayor participación del sector público en el mercado del alquiler.

El objetivo anunciado es reducir las rentas y ampliar la oferta de vivienda social. No obstante, la viabilidad de las medidas dependerá de cuestiones que todavía necesitan una explicación detallada: el coste de las expropiaciones, la disponibilidad real de los inmuebles, el diseño de los nuevos impuestos, las competencias de las administraciones y los efectos que las restricciones puedan tener sobre la oferta privada.

La información estadística disponible confirma que España afronta un problema de acceso a la vivienda y que los precios de compraventa han seguido aumentando durante 2026. También muestra que el número de viviendas clasificadas como vacías es elevado, aunque no todas pueden considerarse disponibles para resolver la demanda de alquiler en las zonas donde más se necesitan.

En consecuencia, la propuesta de Podemos abre una discusión que va más allá de las declaraciones realizadas en Elche: qué papel debe desempeñar el Estado en el mercado inmobiliario, qué límites jurídicos tiene esa intervención y qué medidas pueden conseguir que más personas accedan a una vivienda sin trasladar costes desproporcionados a otros sectores.

Por el momento, las cifras del 40% de reducción de los alquileres y de las más de 650.000 viviendas que se pretenden movilizar deben entenderse como compromisos políticos anunciados por la formación. Su eventual aplicación exigiría convertir esas promesas en normas, presupuestos y procedimientos concretos, además de evaluar sus resultados.

La vivienda seguirá previsiblemente en el centro de la discusión electoral, pero la diferencia entre una promesa y una política efectiva estará en los detalles: quién paga, qué viviendas se movilizan, cómo se protegen los derechos de todas las partes y cuánto tardan las medidas en traducirse en alquileres realmente asequibles.


Fuentes y documentación para el contraste

  • Europa Press, información sobre las declaraciones de Irene Montero en Elche, 16 de noviembre de 2026.
  • Cadena SER, desglose de las propuestas fiscales y de vivienda anunciadas por la candidata.
  • Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de Población y Viviendas de 2021 e Índice de Precios de Vivienda del segundo trimestre de 2026.
  • Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) y Observatorio de Vivienda y Suelo.
  • Boletín Oficial del Estado (BOE), Constitución Española, artículos 33, 47 y 128.
  • elDiario.es, entrevista a Irene Montero sobre la expropiación de viviendas de fondos de inversión, publicada el 28 de septiembre de 2026.
  • Newtral, análisis sobre el coste estimado de una eventual expropiación de 650.000 viviendas.

Aclaración editorial: Las acusaciones sobre supuestas prácticas ilícitas de determinados propietarios o fondos de inversión se atribuyen a quien las formula y no se presentan como hechos acreditados de manera general. Las cifras de reducción de precios y de viviendas que se pretenden movilizar son propuestas de Podemos, no resultados comprobados. Las expresiones «según la candidata» o «de acuerdo con los datos del INE» identifican el origen de la información, pero no sustituyen la obligación de verificarla ni garantizan por sí solas protección frente a una reclamación legal.

Fuentes de contraste

Karlos García

Karlos García es ingeniero en Grupo VegaMedia, y en sus ratos libres escribe disertaciones sobre tecnología e internet. Por eso siempre está en la nube.

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