La Fiscalía Europea pone el foco en el contrato de las pulseras antimaltrato de la etapa de Montero por un presunto fraude de fondos UE.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación penal por un presunto delito de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea en la contratación del sistema de pulseras telemáticas de control de maltratadores, un contrato que según la información recabada por este periódico se adjudicó en 2023, durante el mandato de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y que está parcialmente financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La operación, que se ha saldado con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas para reclamar documentación, se produce a escasas dos semanas de las elecciones generales del 29-N y sitúa de nuevo la gestión de la exministra de Podemos en el centro del debate político.
El operativo: una “petición de documentación” con alcance penal
El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, confirmó este jueves que agentes de la UCO acudieron a su sede “a solicitar documentación” sobre el contrato de las pulseras de 2023, adjudicado a Vodafone, y precisó que la entrada “no ha sido un registro, sino una petición de documentación” . Los agentes también se personaron en el Tribunal de Cuentas para recabar expedientes relacionados con la contratación y ejecución del servicio. Fuentes de la investigación citadas por El Debate señalan que las diligencias se encuentran parcialmente secretas y que la EPPO habría detectado irregularidades en la “contratación y seguimiento” de las pulseras adjudicadas en 2018, 2021 y 2023.
La propia Fiscalía Europea, a través de un comunicado difundido desde Luxemburgo, confirmó que las medidas de investigación se adoptaron “en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género” . La EPPO, que según confirma en su comunicado oficial inició la investigación en 2025, no ha identificado por el momento a posibles investigados ni ha precisado el importe económico que podría estar afectado.
El contrato bajo sospecha: 42,6 millones y un sobrecoste de 3 millones
El contrato que centra las pesquisas es el adjudicado en 2023 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas Seguridad, por un importe de 42,6 millones de euros, de los cuales una parte sustancial procedía de fondos europeos del PRTR. Según el informe del Tribunal de Cuentas hecho público el 23 de septiembre, el órgano fiscalizador examinó los contratos de 2018, 2021 y 2023 por un importe conjunto de 102,6 millones de euros e identificó “graves deficiencias” en la gestión del Ministerio de Igualdad que dirigía Montero.
Una de las revelaciones más comprometedoras, según publicó El Confidencial, es que el Ministerio que dirigía Montero pagó un sobrecoste de más de 3 millones de euros (concretamente 3.109.735,61 euros) por la compra de las pulseras, mediante una modificación del contrato que supuso un incremento del 19,78% sobre la adjudicación inicial, cerca del máximo del 20% permitido. La justificación que entonces dio Igualdad, y que Montero reiteró en sus alegaciones ante el Tribunal de Cuentas en junio de 2026, fue que “necesitaban más pulseras por el aumento de casos” .
El legado técnico: fallos de geolocalización, baterías deficientes y absoluciones
Más allá del sobrecoste, el informe del Tribunal de Cuentas y las informaciones periodísticas coinciden en un diagnóstico demoledor sobre el funcionamiento del sistema. Según recoge El Confidencial, “se produjeron graves deficiencias en la ejecución durante prácticamente toda la vigencia del contrato” : fallos en la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías con una autonomía de “una semana y media” cuando las especificaciones técnicas prometían seis meses, y retrasos en las reparaciones.
El problema se agravó con el cambio de empresa proveedora. Según La Vanguardia, la sustitución de Telefónica y Securitas por Vodafone y Securitas en 2023 provocó una pérdida temporal de información y de geolocalización de los agresores, especialmente de los datos anteriores a marzo de 2024. El Tribunal de Cuentas constató que la falta de un plan de transición adecuado “impidió atender 123 requerimientos judiciales pendientes” , una situación que se prolongó hasta octubre de 2024.
El impacto de esos fallos llegó a los tribunales. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, citada por El Mundo, se estaban produciendo “una gran cantidad” de absoluciones de maltratadores por “múltiples fallos” en las pulseras de control telemático, lo que llevó a la EPPO a abrir la investigación formal que ahora se ha concretado en las diligencias de esta semana.
La reacción política: del “contrato del equipo anterior” a la defensa de Montero
La ministra Ana Redondo ha sido la primera en marcar distancias. Según declaraciones recogidas por ABC, Redondo atribuyó la investigación a un contrato “del equipo anterior” , es decir, de la etapa de Irene Montero, y subrayó que “ya está finiquitado” y que “actualmente está vigente uno nuevo que incorpora medidas novedosas” . Redondo insistió en que “el sistema funciona, ha funcionado y va a mejorar cada día” y añadió: “Ni una mujer con un dispositivo ha sido asesinada. ¿Por qué? Porque funciona” .
Irene Montero, por su parte, ha defendido su gestión. Según recoge Infobae, la exministra y ahora candidata de Podemos afirmó que “ninguna mujer ha sido asesinada” por los fallos del sistema, y sostuvo que el Ejecutivo de Sánchez debería “reforzar” el sistema en lugar de “criminalizar” a quienes lo pusieron en marcha. Su defensa se apoya en el argumento de que el incremento de dispositivos y las deficiencias técnicas fueron consecuencia del aumento de casos y de la transición entre empresas, y no de una mala planificación.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, salió al paso de las críticas y según Europa Press consideró que Redondo ha dado “información suficiente” sobre la investigación. La portavoz del PP, Ester Muñoz, en cambio, según La Razón, cargó contra el PSOE y afirmó que “estamos a dos casos de corrupción de que el PSOE tenga la absoluta” , vinculando la investigación de las pulseras con el resto de causas que afectan al partido y al Gobierno.
El contexto: una investigación que no es nueva y un calendario incómodo
La investigación de la EPPO no es un hecho aislado. Según confirma el propio Ministerio de Igualdad, la Fiscalía Europea ya había reclamado documentación en marzo sobre los dispositivos para maltratadores del mismo contrato, y el Departamento de Redondo le entregó “toda la información requerida” . La causa se suma a otras diligencias abiertas por la EPPO en relación con fondos europeos, como las relacionadas con las ayudas al AVE Madrid-Sevilla, y se produce en un momento en el que el Tribunal de Cuentas ya había advertido de “graves deficiencias” en la contratación y ejecución del servicio.
Supuestamente, el calendario judicial no es ajeno a la contienda electoral. La operación de la UCO se produce a diecisiete días de los comicios del 29-N, en plena campaña, y con la exministra Montero como candidata de Podemos. La EPPO, según su propio comunicado, actúa con autonomía respecto a los procesos políticos nacionales, pero la coincidencia temporal ha convertido el caso de las pulseras en un nuevo frente para el espacio político a la izquierda del PSOE y en un argumento para la oposición en materia de gestión de fondos públicos y de protección a las víctimas de violencia de género.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del comunicado oficial de la Fiscalía Europea (EPPO), las informaciones publicadas por Europa Press, El Confidencial, ABC, El Debate, La Vanguardia, Confilegal, El Mundo, elDiario.es y La Razón, así como del informe del Tribunal de Cuentas de 23 de septiembre de 2026. Dado que la investigación se encuentra en fase de diligencias previas y que la EPPO no ha identificado formalmente a investigados ni ha cuantificado el perjuicio económico, algunos extremos —como el alcance exacto del fraude, la eventual responsabilidad de los gestores del contrato o la calificación jurídica definitiva de los hechos— deben ser contrastados con las conclusiones que en su momento haga públicas la Fiscalía Europea. Se recuerda, asimismo, que toda persona mencionada en este texto es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.
