La justicia internacional declara genocidio contra los rohinyás y obliga a Myanmar a reparar los daños de 2017
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia marca un precedente histórico contra la impunidad. El tribunal considera probado que las operaciones militares birmanas tuvieron intención de destruir una parte sustancial de esta minoría musulmana. La decisión exige investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso seguro de los desplazados.
La justicia internacional ha dictado una de sus resoluciones más trascendentales de las últimas décadas en materia de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, ha determinado este 19 de noviembre de 2026 que Myanmar, conocido anteriormente como Birmania, cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares desarrolladas en el estado de Rakáin en 2017.
La decisión supone un acontecimiento histórico, puesto que, según la información difundida por Naciones Unidas, es la primera ocasión en la que este tribunal declara a un Estado responsable de haber cometido genocidio. El pronunciamiento pone fin a años de procedimientos judiciales internacionales y reconoce jurídicamente la gravedad de unos acontecimientos que provocaron miles de muertes, destrucción de localidades enteras y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas.
El fallo llega después de que Gambia presentara una demanda contra Myanmar en noviembre de 2019, al considerar que las actuaciones de las autoridades birmanas vulneraban la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en 1948.
La resolución judicial no se limita a reconocer las consecuencias de aquella ofensiva militar. También establece obligaciones concretas para el Estado asiático, entre ellas investigar a los posibles responsables, adoptar medidas para evitar que se repitan los hechos y garantizar reparaciones a las víctimas.
Una operación militar que terminó convirtiéndose en una tragedia humanitaria
Para comprender el alcance de esta sentencia es necesario retroceder hasta agosto de 2017. En aquellas fechas, las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron una serie de operaciones militares en el norte del estado de Rakáin, después de que el grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) atacara instalaciones militares y puestos policiales.
Las autoridades birmanas justificaron la intervención como una respuesta contra la insurgencia armada. Sin embargo, las investigaciones internacionales posteriores documentaron actuaciones que fueron mucho más allá de una operación contra grupos combatientes.
Según los informes de la misión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos, violaciones, agresiones sexuales, incendios de viviendas y ataques contra población civil. Los investigadores también documentaron patrones de violencia contra mujeres, niñas y otros miembros de la comunidad rohinyá.
La investigación de Naciones Unidas señaló que los ataques se desarrollaron de manera organizada y con métodos similares en diferentes localidades. Entre las prácticas documentadas figuraban la separación de hombres y mujeres, las agresiones sexuales y la destrucción de aldeas enteras.
La dimensión del desplazamiento fue igualmente extraordinaria. De acuerdo con los datos recogidos por Reuters y los organismos internacionales, más de 730.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh tras la ofensiva de 2017, buscando protección frente a la violencia.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado, tras conocerse la sentencia, que el tribunal ha establecido un escenario de extrema gravedad, con más de 10.000 personas asesinadas, violaciones y sufrimientos extremos.
Estas cifras ayudan a comprender por qué el caso ha adquirido una relevancia internacional que trasciende las fronteras de Myanmar.
La CIJ considera acreditada la intención de destruir parte de la población
Uno de los aspectos fundamentales de la sentencia es la determinación de la intención genocida.
En el derecho internacional, no basta con demostrar que se produjeron asesinatos, desplazamientos o actos de violencia para establecer la existencia de genocidio. Es necesario acreditar que esas actuaciones se realizaron con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
En este procedimiento, la Corte examinó diferentes elementos probatorios, entre ellos testimonios de supervivientes, documentación, informes de investigación y patrones de actuación de las fuerzas de seguridad.
Según el resumen oficial de la sentencia, los magistrados consideraron acreditados actos genocidas relacionados con los asesinatos, los daños físicos y mentales graves y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de la comunidad.
El tribunal también concluyó que la población rohinyá afectada constituía una parte sustancial del grupo protegido por la Convención del Genocidio.
La importancia de esta conclusión reside en que no se trata únicamente de una valoración política o de una denuncia formulada por organizaciones humanitarias. Es una determinación judicial adoptada por el máximo órgano de Naciones Unidas encargado de resolver controversias jurídicas entre Estados.
No obstante, conviene precisar que la CIJ no es un tribunal penal encargado de condenar individualmente a militares o dirigentes. Su cometido en este procedimiento ha sido determinar la responsabilidad internacional de Myanmar como Estado.
Gambia llevó el caso ante la justicia internacional
El procedimiento judicial comenzó el 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia.
La iniciativa contó con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica, integrada por 57 Estados, y posteriormente el procedimiento recibió la intervención de otros once países en cuestiones relacionadas con la interpretación de la Convención del Genocidio.
En enero de 2020, la CIJ ya había adoptado medidas provisionales para exigir a Myanmar que protegiera a la población rohinyá frente a los actos contemplados en dicha convención y que preservara las pruebas relacionadas con las acusaciones.
Aquella decisión no significaba que el genocidio estuviera demostrado. Se trataba de medidas preventivas adoptadas mientras continuaba el procedimiento judicial.
Posteriormente, el tribunal celebró las audiencias sobre el fondo del asunto entre el 12 y el 29 de enero de 2026. Tras escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas, los magistrados comenzaron sus deliberaciones.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2026 se hizo pública la sentencia definitiva.
La resolución también recoge un incumplimiento de Myanmar respecto a sus obligaciones de conservación de pruebas, al considerar que se destruyeron elementos relevantes para esclarecer los acontecimientos y que se dificultaron determinadas investigaciones internacionales.
Indemnizaciones, investigaciones y regreso de los refugiados
La sentencia establece varias obligaciones que Myanmar deberá cumplir como consecuencia de su responsabilidad internacional.
Entre las principales medidas figura la obligación de adoptar actuaciones inmediatas y efectivas para investigar a las personas sospechosas de haber cometido actos contrarios a la Convención del Genocidio y, cuando corresponda, llevarlas ante la justicia.
Asimismo, el Estado deberá garantizar que sus leyes nacionales contemplen adecuadamente las obligaciones internacionales relativas a la prevención y sanción del genocidio.
Otro de los puntos más relevantes afecta a los supervivientes que tuvieron que abandonar sus hogares. La Corte exige que se adopten medidas para facilitar su regreso de forma segura, voluntaria y digna, además de promover la reunificación de las familias que fueron separadas durante el desplazamiento.
También establece la obligación de compensar a la comunidad rohinyá y a sus integrantes por los daños sufridos.
Sin embargo, la cantidad económica y las modalidades concretas de las reparaciones todavía deberán determinarse en una fase posterior del procedimiento. Myanmar tendrá que presentar, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las modalidades de compensación previstas.
Esto significa que la sentencia representa un paso decisivo, pero no supone que las víctimas vayan a recibir automáticamente una indemnización inmediata.
Una crisis que todavía está lejos de resolverse
Pese a la importancia del pronunciamiento judicial, la situación de los rohinyás continúa siendo extremadamente complicada.
Según los datos publicados por Reuters, alrededor de 1,2 millones de refugiados procedentes de Myanmar permanecen en Bangladesh, principalmente en los asentamientos de Cox’s Bazar. Las condiciones de vida en estos campamentos siguen siendo difíciles y dependen en gran medida de la asistencia humanitaria internacional.
La situación política y militar de Myanmar tampoco facilita una solución. El golpe militar de febrero de 2021 agravó la inestabilidad del país y abrió una nueva etapa de enfrentamientos armados. Además, los nuevos episodios de violencia en Rakáin han incrementado la vulnerabilidad de la población civil.
A esta situación se añade un problema fundamental: la falta de garantías suficientes para que los refugiados puedan regresar a sus lugares de origen sin exponerse nuevamente a persecuciones, violencia o discriminación.
Por ello, diferentes organismos humanitarios han insistido en que cualquier proceso de retorno debe contar con garantías reales de seguridad, protección jurídica y respeto a los derechos fundamentales.
No bastaría con permitir que las personas crucen de nuevo la frontera. También sería necesario asegurar que puedan recuperar sus viviendas, acceder a servicios básicos y desarrollar su vida sin temor a sufrir nuevas represalias.
Naciones Unidas reclama que la sentencia no quede en papel mojado
Tras conocerse el pronunciamiento, António Guterres expresó públicamente su satisfacción por la decisión de la Corte y destacó la importancia de combatir la impunidad ante los crímenes internacionales.
El secretario general recordó que la sentencia es vinculante, definitiva y no admite recurso ordinario. También reclamó que Myanmar cumpla las obligaciones establecidas por los magistrados y que la comunidad internacional mantenga su compromiso con la protección de los rohinyás.
Sin embargo, existe una dificultad importante: aunque las resoluciones de la CIJ son jurídicamente obligatorias para los Estados afectados, el tribunal no dispone de una fuerza policial propia que pueda ejecutar directamente sus decisiones.
Su cumplimiento depende de las actuaciones de Myanmar y de los mecanismos de presión y cooperación internacional, incluidos los instrumentos disponibles dentro del sistema de Naciones Unidas.
La sentencia abre, por tanto, una nueva etapa en la búsqueda de justicia para una comunidad que lleva décadas denunciando persecución y discriminación.
Después de años de testimonios, investigaciones y procedimientos judiciales, los rohinyás cuentan ahora con un reconocimiento histórico de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas.
La cuestión que queda por resolver es si Myanmar cumplirá efectivamente las medidas ordenadas y si los supervivientes podrán regresar algún día a sus hogares con garantías de seguridad, dignidad y libertad.
Porque reconocer judicialmente un genocidio es un paso fundamental, pero conseguir que las víctimas recuperen sus derechos y que los responsables respondan por sus actuaciones constituye el verdadero desafío que comienza ahora.
Fuentes utilizadas para contrastar la información
He dado prioridad a documentos oficiales y fuentes independientes, no solamente a otros periódicos.
1. Corte Internacional de Justicia (CIJ): Comunicado oficial de la sentencia del 19 de noviembre de 2026. Contiene las conclusiones y las obligaciones impuestas a Myanmar.
2. Resumen oficial del fallo: Resumen de la sentencia de la CIJ. Permite contrastar los fundamentos jurídicos y las pruebas examinadas.
3. Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (ONU): Información sobre el procedimiento Gambia contra Myanmar. Explica el origen del caso y las medidas ordenadas.
4. Secretario general de Naciones Unidas: Declaración de António Guterres sobre la sentencia.
5. Reuters: La crisis rohinyá continúa pese a la sentencia histórica. Información sobre refugiados y la situación actual.
6. The Guardian: Información sobre el alcance histórico del fallo.
7. ACNUR: Datos oficiales sobre refugiados procedentes de Myanmar.
8. Naciones Unidas: Informe sobre violencia sexual y de género durante las operaciones militares de 2017.
9. El Espectador: Artículo original utilizado como referencia temática.

