Unasur acuerda con Venezuela la regularización de los colombianos expulsados
El Gobierno de Caracas acordó con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que los colombianos expulsados de Venezuela desde el 19 de agosto pasado puedan regularizar su situación y regresar si así lo desean, informó ayer el organismo. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la crisis humanitaria de los deportados y retornados.
En un escueto comunicado fechado en Quito, la Unasur señaló que su secretario general, Ernesto Samper, se reunió en Nueva York con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del encuentro surgió una propuesta para la regularización de los expulsados. El comunicado no da más detalles de la propuesta ni de la reunión, salvo que el Gobierno venezolano ayudará a quienes deseen regresar.
Desde el 19 de agosto pasado el Gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la mayor parte de los pasos fronterizos con Colombia al con el argumento de acabar con el contrabando y la presencia de «paramilitares» colombianos en su territorio. Más de 20.000 colombianos regresaron por la crisis fronteriza, unos 2.000 expulsados por Venezuela y el resto por propia voluntad, según organismos de Naciones Unidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer también la crisis humanitaria de los colombianos deportados y retornados»como consecuencia del temor y la situación que vivían en Venezuela», así como información «preocupante» sobre «violaciones múltiples de derechos humanos».
«La CIDH pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la situación que estaban viviendo en Venezuela», indicó el organismo en un comunicado.
Además, subrayó haber recibido «información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas».
Entre los problemas enfrentados por estos colombianos figuran «las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud y actos de discriminación y persecución por parte de autoridades, principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también en algunos casos por parte de personas particulares».
Entre el 21 de agosto y el 9 de septiembre la cifra de las personas deportadas (1.482) y las que retornaron (19.952) alcanzaba un total de 21.434, de acuerdo a los datos compilados la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
La delegación de la CIDH que viajó a la frontera colombo-venezolana estuvo encabezada por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez entre el 10 y 12 de septiembre.
En este sentido, el organismo lamentó que solo Bogotá permitiese la visita de sus funcionarios, por lo que la misión solo se realizó en la parte colombiana de la frontera, y lamentó «la falta de respuesta del Gobierno de Venezuela respecto a la solicitud».