A diez años del Acuerdo de Paz, la reincorporación de las FARC resiste entre proyectos productivos y una violencia que no da tregua.

Diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP, el balance de la reincorporación de los excombatientes arroja una realidad dual. Por un lado, según la información disponible, la gran mayoría de los firmantes ha mantenido su compromiso con la vida civil y ha logrado consolidar miles de proyectos productivos. Por otro, la violencia selectiva contra esta población y la incertidumbre sobre la financiación de las instituciones creadas para acompañarlos siguen siendo las principales amenazas para la sostenibilidad del proceso.

El compromiso que resiste

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha sido una de las voces más constantes a la hora de valorar la implementación del acuerdo. Su jefe, Miroslav Jenča, según declaraciones recogidas por Xinhua el pasado 7 de noviembre, destacó que «la dejación de armas, monitoreo del cese al fuego y el retiro de los miembros de las FARC-EP desde los territorios bajo su control se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito». Jenča subrayó además que, a una década de la firma, el 85 por ciento de los firmantes continúa comprometido con su proceso de reincorporación, una cifra que, según coinciden en señalar distintos análisis internacionales, es notable si se tiene en cuenta que más de un tercio de los acuerdos de paz en el mundo se rompen en los primeros cinco años.

Ese compromiso se ha materializado, de acuerdo con los datos difundidos por la propia ONU, en alrededor de 6.000 proyectos productivos individuales y 300 cooperativas en sectores que van desde la agricultura y el turismo hasta el textil y la cervecería artesanal. Estas iniciativas, según las fuentes consultadas, no solo buscan generar ingresos dentro de la formalidad, sino que han funcionado como espacios de pedagogía, pertenencia y articulación territorial, especialmente en las antiguas zonas de conflicto.

La deuda que no cesa: 501 asesinatos

El otro rostro del proceso es mucho más sombrío. Según los registros de la propia ONU, desde la firma del acuerdo en 2016 y hasta septiembre de 2026, 501 excombatientes han sido asesinados. La mayoría de estos crímenes, según investigaciones independientes citadas por medios internacionales, ocurrieron mientras las víctimas participaban activamente en su proceso de reincorporación y no habían retomado actividades criminales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado 460 de estos homicidios, una cifra que, según las fuentes consultadas, refleja la persistencia de estructuras armadas ilegales que ven en los firmantes de paz un objetivo estratégico.

Esta violencia, de acuerdo con el análisis de La Silla Vacía, constituye «la mayor deuda del acuerdo» y, paradójicamente, hace aún más notable que la mayoría de los firmantes siga en el proceso. El exvicepresidente Óscar Naranjo, uno de los arquitectos de la implementación, ha señalado en distintas entrevistas que «ha faltado grandeza política» para cumplir lo pactado y ha destacado el compromiso de los antiguos combatientes «pese a las amenazas y los asesinatos».

Una institucionalidad bajo presión

A la violencia directa se suma la incertidumbre institucional. La Corte Constitucional, según la información conocida este mes de noviembre, dio un plazo de 30 días al Gobierno para que incluya la implementación del Acuerdo de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo y advirtió sobre la desfinanciación de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Según la alerta del alto tribunal, hay cerca de 53.000 millones de pesos bloqueados que estaban destinados a la creación de proyectos productivos, beneficios económicos y apoyos para los firmantes.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, ha advertido que la eventual desaparición de la institucionalidad creada para implementar el acuerdo pondría en riesgo a más de 11.000 firmantes que dependen de estos programas. «No es un acuerdo de gobierno, no depende del capricho de quienes lleguen al poder», ha declarado Miller, según recogió Minuto60, subrayando que la reincorporación es un derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución. A pesar de estos tropiezos, según la información facilitada por la ARN, en abril de 2026 comenzó a operar el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), una instancia que, con la participación de 20 entidades del Estado, busca por primera vez coordinar y medir de manera articulada la oferta institucional para cerca de 12.000 firmantes.

El futuro incierto

El décimo aniversario del acuerdo, según coinciden en señalar los analistas, no es un punto de llegada sino un momento de reflexión crítica. La reincorporación de las FARC ha demostrado una capacidad de resistencia que pocos procesos de paz comparables han logrado, pero esa resistencia se sostiene sobre un equilibrio frágil: el compromiso de los firmantes, la financiación de un Estado que no siempre ha cumplido y la seguridad de unas instituciones que hoy, supuestamente, enfrentan su propio desmantelamiento. La pregunta que sobrevuela el aniversario no es si el acuerdo fue un éxito o un fracaso, sino si las condiciones que permitieron a miles de excombatientes mantener su palabra se mantendrán durante la próxima década.