Diez empresas españolas han exportado ilegalmente material de Defensa a Irán
Al menos una decena de empresas españolas ha exportado ilegalmente material de Defensa y Doble Uso al régimen de los ayatolás, es decir de la exportación fraudulenta del material militar. Así lo revela el diario El Mundo, que alude a un ‘Irangate’ español, en referencia al nombre con el que se bautizó uno de los casos investigados y con sentencia condenatoria, que afectó a la empresa Fluval Spain.
Una de las empresas que más poder tenía era de orígen vasco y catalán y han sido las grandes beneficiarias de este comercio ilegal con el país de los ayatolás, que desplegó una red de empresas intermediarias controladas por el régimen ayatolá para que las españolas sortearan la vigilancia comercial y llegaran a su destino. No solo España en está ‘metida en el ajo’ sino que, Turquía también ha jugado un papel clave, alojando a estas empresas pantalla iraníes sin problemas, ya que tiene un tratado de libre comercio con este país.
Este tipo de exportaciones se basan en elementos militares y otros productos o tecnologías habitualmente usados en el plano civil pero que son susceptibles de aplicarse a uso militar y, debidamente modificados, contribuir a la propagación de armas químicas o nucleares, según describe la normativa europea.
En el caso de España, nuestro país ha estado a la vanguardia en la fabricación de válvulas y máquinas de electroerosión, elementos relacionados con el desarrollo de la bomba nuclear. Este sector en nuestro país, desde 2003 hasta 2013 ha incrementado la facturación de sus exportaciones de material de Defensa en un 1.020%, y en un 570% en los bienes clasificados como de Doble Uso, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio que destaca el diario.
En el caso de la empresa vasca Fluval Spain con sentencia condenatoria, fueron ‘pillados’ tráilers con válvulas específicas modificadas para fines nucleares con componentes químicos al margen de las leyes europeas. Fueron interceptados en la frontera con Emiratos Árabes, y su destino final era Irán.
Tras la investigación, fue descubierto que la empresa había realizado otros seis pedidos con éxito, consistentes en 94 de estas válvulas prohibidas por más de 2,6 millones de euros.
Estas empresas asumían el riesgo porque la compensación era alta. Según relatan los expertos, los iraníes pagan bien y con puntualidad. Y en el caso de no poder realizarlo en efectivo, el pago se compensa en especie, con coches de lujo o cargamentos de pistachos.
Si eso fue en mayo, en junio era condenada la empresa Onaelectroerosión de Durango. Esta vez dos compañías iraníes, Mapna Turbine Blade Engineering and Manufacturing y MTEM -dedicadas a la fabricación de turbinas de gas- compraron a los productores vascos siete máquinas para fabricar hélices para plantas generadoras de energía que podían estar siendo usadas en el programa nuclear iraní. En este caso, el país pantalla fue Turquía y la empresa elegida Energik Trading Elektric, una sociedad turca controlada por las empresas iraníes y cuya sede está en un pequeño apartamento de la calle Kempinskresidences Astori, 127 de Estambul, un apartamento en el que ni con calzador entraría una de las máquinas contratadas.
La multa impuesta a Onaelectroerosión, la protagonista de la operación Kakum, fue de 1.841.476 euros y la prohibición de comerciar con Irán por un periodo de tres años.
Una multinacional de productos de Defensa llamada BAE Systems vendió legalmente a otra empresa inglesa dos máquinas de conformado para la fabricación de carcasas de misiles. Esos dos enormes artefactos -que, en realidad, habían sido adquiridos por un holding familiar iraní y cuyo traslado se saltaba todas las normas del GSM (Grupo de Suministradores Nucleares) y del RCTM (Régimen de Control de Tecnología de Misiles)-, acabaron en el almacén de la empresa tarraconense.
La firma catalana llevaba ya bastantes años relacionándose con el holding que había adquirido el material y que tiene en propiedad desde la Hispanopersa Trading, una solvente tienda de preciosas alfombras persas con sede en Palma de Mallorca, hasta una firma relacionada con la fabricación de cilindros de gas butano sospechosos para los agentes porque, convenientemente modificados, tienen otros usos.
