El Canal de Panamá reclamará 450 millones al consorcio de Sacyr por retrasos en la ampliación
La Administración del Canal de Panamá estima que ha dejado de ingresar unos 450 millones como consecuencia de los retrasos en la ampliación de la infraestructura, cuya inauguración estaba prevista en principio para octubre de 2014. El administrador de la vía interoceánica, Jorge Quijano, aseguró que reclamará al consorcio encargado de la ampliación, que lidera Sacyr, esta cantidad en concepto de lucro cesante, aunque admite que tal posibilidad no está contemplada en el contrato. El nuevo Canal de Panamá se inaugurará a finales del próximo mes de junio.
La ampliación del Canal de Panamá se encuentra en su recta final, hasta el punto de que se estima que su inauguración tendrá lugar en los últimos días de junio. Sin embargo, la Administración del Canal (ACP) mantiene la batalla con GUPC, el consorcio liderado por Sacyr y encargado del tercer juego de esclusas, como consecuencia de las sucesivas reclamaciones realizadas a causa de los sobrecostes. La ACP está dispuesta incluso a reclamar a las compañías una compensación por haber finalizado la obra casi dos años después de lo previsto, en concepto de lucro cesante. La cantidad reclamada ascendería al entorno de los 450 millones.
Estas intenciones fueron relevadas por el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, casi al final de una entrevista radiofónica con la emisora local Radio Panamá, propiedad del grupo Prisa. Preguntado por aspectos financieros de la ampliación de la vía interoceánica, Quijano se descolgó con este anuncio, de una forma un tanto peculiar, en tanto en cuanto reconoció que la posibilidad de esta reclamación no está contemplada en el contrato entre la ACP y GUPC.
“El Canal de Panamá ha dejado de ingresar unos 450 millones de dólares por no estar disponible la ampliación en la fecha prevista”, señaló Quijano, quien, en un primer término, indicó que la ACP sólo podía percibir como indemnización los 54 millones de dólares contemplados en el contrato como máxima para el supuesto de retrasos en la entrega de la obra.
Sin embargo, posteriormente Quijano aludió a la posibilidad de reclamar el lucro cesante, aunque a través de vías diferentes a las contempladas en el contrato, consistentes en una junta de resolución de conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y la corte internacional de arbitraje con sede en Miami.
Estas instancias están resolviendo en la actualidad las reclamaciones interpuestas por GUPC, cuyo montante asciende en su conjunto a más de 3.000 millones de dólares. Por el momento, la DAB ha resuelto recursos por valor de algo más de 700 millones, de los que cerca de 250 millones han ido a parar a las arcas del consorcio al obtener fallos favorables. Las resoluciones no son aún firmes por estar pendientes de la decisión final de la corte de Miami.
De hecho, hasta que no se produzcan estas resoluciones, la ACP no podría reclamar ningún lucro cesante, toda vez que las reclamaciones no solamente incluyen conceptos monetarios sino también temporales. Es decir, el consorcio de Sacyr no sólo reclama indemnizaciones económicas sino que se le diera más tiempo para terminar la obra toda vez que alega haberse encontrado con circunstancias no previstas. Así, en función de las distintas resoluciones, la fecha límite para la entrega de la obra podría irse mucho más allá de octubre de 2014, con lo que, incluso, GUPC estaría en condiciones de entregarla a tiempo.
Además de las reclamaciones, la obra se vio afectada por un parón a comienzos de 2014 debido a los problemas de liquidez del consorcio, que derivaron en una fuerte crisis que estuvo cerca de acabar con la revocación del contrato. En ese periodo, la batalla entre la ACP y GUPC fue continua y aunque el problema terminó por resolverse, desde entonces se han reproducido diversas tiranteces entre el cliente y el contratista.
