El ‘Fondo Milagro’ naufraga en su propia paradoja: un billón para la reconstrucción y solo 7.740 millones contratados en medio del escándalo por los sueldos.
El ambicioso vehículo financiero con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretendía levantar las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto se ha convertido, a menos de dos semanas de las elecciones, en el símbolo más incómodo de la contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad de la gestión pública. El ‘Fondo Milagro’, creado mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026, fue concebido como un patrimonio autónomo para centralizar y ejecutar con «transparencia, rapidez y absoluto rigor» los recursos de la reconstrucción. Sin embargo, según la información recabada por este periódico, su corta existencia ha estado marcada por una polémica que estalló esta semana y que ha terminado por decapitar a su primera cúpula directiva: la revelación de una nómina de 27 cargos con salarios que superan en varios millones de pesos los de un ministro del gabinete, en contraste con un avance de contratación que, a todas luces, es insignificante.
La ‘piñata’ salarial que desató el escándalo
El detonante de la crisis fue una denuncia de la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, quien a través de un derecho de petición logró acceder a la estructura salarial del fondo. Los documentos revelaron una nómina mensual que ascendía a aproximadamente 765,6 millones de pesos para un total de 27 personas vinculadas a través de Fiducoldex, la sociedad fiduciaria que actúa como empleadora y administradora del patrimonio autónomo. El dato más llamativo, y el que encendió todas las alarmas, fue el salario del entonces gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, fijado en 39.441.454 pesos mensuales. Para poner la cifra en perspectiva, de acuerdo con la escala salarial oficial, un ministro del Gobierno Nacional recibe 30.770.246 pesos, lo que significa que el gerente del fondo ganaba 8,67 millones de pesos más al mes que un miembro del gabinete.
La estructura salarial no se quedaba en la cúpula. Según la información difundida por La República, de los 27 cargos, 19 superaban la barrera de los 30 millones de pesos. Por debajo del gerente, un bloque de directivos —entre ellos el secretario privado y los directores jurídico, financiero y de ingeniería— devengaba 36 millones de pesos cada uno, mientras que una amplia franja de trece coordinaciones percibía 33 millones. La paradoja era evidente: un fondo creado para administrar la emergencia de miles de damnificados destinaba más de dos tercios de su primera nómina a remuneraciones que, en varios casos, duplicaban el salario medio del país.
El propio presidente De la Espriella reaccionó con sorpresa, aseguró que no había autorizado esos montos y ordenó su reversión inmediata. «Los salarios que se han conocido no estaban autorizados por el Presidente. He ordenado reversarlos», habría señalado el mandatario, según recogieron varios medios. La orden, sin embargo, llegó tarde: el daño político ya estaba hecho y la presión sobre el gerente se hizo insostenible.
La renuncia y el nombramiento de un ‘peso pesado’ para apagar el incendio
El desenlace no se hizo esperar. En la tarde del viernes 13 de noviembre, Jaime Andrés Uribe presentó su renuncia a la gerencia del fondo, apenas 84 días después de haber asumido el cargo. El presidente confirmó la salida y, en un mensaje en su cuenta de X, trató de convertir la crisis en una demostración de coherencia: «Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles», escribió.
El relevo se anunció en tiempo récord. Apenas unas horas después, el Gobierno designó como nuevo gerente al exministro Luis Felipe Henao Cardona, un abogado de la Universidad del Rosario que ocupó la cartera de Vivienda entre 2013 y 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Henao, según El País, es un hombre de la órbita política de Germán Vargas Lleras, fallecido en mayo de este año, y llega al cargo con la misión explícita de «que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas», según las palabras del propio presidente. Su perfil técnico y su experiencia en el sector de la vivienda buscan, supuestamente, aportar la credibilidad que el economista saliente no pudo o no supo construir.
La otra cara del escándalo: un billón en el papel y una ejecución raquítica
Más allá del ruido mediático por los salarios, el verdadero talón de Aquiles del ‘Fondo Milagro’ es su incapacidad para ejecutar los recursos. El patrimonio autónomo arrancó operaciones el 7 de octubre con un capital inicial de 1 billón de pesos, proveniente en su mayoría de un crédito con la banca multilateral y de partidas presupuestales ya comprometidas. El Gobierno, además, proyectaba adicionar 2,7 billones de pesos más en noviembre, lo que elevaría la bolsa total a cerca de 3,7 billones.
Sin embargo, la realidad de la contratación dista mucho de esas cifras macroeconómicas. De acuerdo con las cifras reveladas por El Espectador y confirmadas por el senador Duvalier Sánchez, con corte a la primera semana de noviembre, el fondo había firmado contratos por un valor aproximado de 7.740 millones de pesos, lo que representa apenas el 1,19% de los 624.656 millones de pesos aprobados en la primera partida. El senador de la Alianza Verde fue aún más lejos y afirmó que, tres meses después del terremoto, el fondo reportaba «cero pesos pagados, ningún avance porcentual y ninguna vivienda contratada», además de cuestionar 75.000 millones de pesos destinados a gastos operativos y líneas transversales.
Esa brecha entre la disponibilidad teórica de recursos y la nula materialización de las obras es, según los analistas consultados, el verdadero motivo de la indignación ciudadana. No se trata solo de que los directivos del fondo ganaran sueldos millonarios, sino de que lo hacían mientras las familias que lo perdieron todo en el sismo seguían esperando una solución habitacional.
Un nombramiento bajo sospecha: la sombra de Fiducoldex y la ausencia de títulos
La polémica por el perfil del gerente saliente añadió un ingrediente adicional. Según la información publicada por Publimetro, Jaime Andrés Uribe Tamayo no contaba con un título profesional documentado públicamente. Su perfil destacaba su experiencia como empresario al frente de Silicaucho durante cerca de dos décadas, pero no especificaba ninguna carrera universitaria, especialización o maestría. Supuestamente, esa carencia de formación académica fue uno de los argumentos que utilizaron los congresistas de la oposición para exigir su salida, en el entendido de que la complejidad de la reconstrucción exigía un perfil técnico que el designado no reunía.
A ello se sumó el cuestionamiento sobre el mecanismo de contratación. Según informó Cambio Colombia, el Ministerio de Hacienda contrató de forma directa a Fiducoldex para administrar los recursos del fondo, sin un proceso de licitación abierto. Esa decisión, de acuerdo con los expertos en contratación pública consultados, si bien puede tener amparo legal en el marco de la emergencia económica, contribuyó a alimentar la percepción de opacidad en la gestión de los recursos públicos.
El contexto político: una crisis en el peor momento posible
El escándalo del ‘Fondo Milagro’ estalla en un momento de máxima fragilidad para el Gobierno. A menos de dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el Ejecutivo de De la Espriella afronta un doble frente: por un lado, la presión de la oposición, que ha encontrado en este caso un argumento potente para cuestionar la capacidad de gestión y la coherencia del discurso de austeridad presidencial; por otro, la desazón de los damnificados, que ven cómo el vehículo creado para ayudarles se consume en una paradoja de sueldos de lujo y obras inexistentes.
Según las fuentes políticas consultadas, el nombramiento de un exministro con el perfil de Henao busca «apagar el incendio» y devolver la credibilidad a una entidad que, en apenas tres meses, ha pasado de ser la gran promesa de la reconstrucción a convertirse en un lastre político. El reto del nuevo gerente no es menor: deberá revertir la nómina, acelerar la contratación, rendir cuentas ante un Congreso que ya ha olido la sangre y, sobre todo, demostrar que el ‘Milagro’ no era solo un nombre.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del Decreto Legislativo 1379 de 2026, publicado en el Diario Oficial y disponible en la base de datos de leyes de la Secretaría del Senado; de los comunicados oficiales de la Presidencia de la República sobre la creación y puesta en marcha del Fondo Milagro; y de las informaciones publicadas por El Espectador, La República, Infobae, Publimetro y El País. Las cifras de salarios y de ejecución presupuestal proceden de «documentos obtenidos mediante derechos de petición por congresistas de la oposición» y «respuestas oficiales del Fondo Milagro» citadas por esos medios, y deben ser contrastadas con los estados financieros y los reportes de contratación que en su momento publique la entidad. Las afirmaciones sobre la gestión y la responsabilidad del gerente saliente son declaraciones políticas y periodísticas en el marco del debate público, y no constituyen hechos probados judicialmente. Se recuerda, asimismo, que toda persona mencionada en este texto es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.
