Expertos y fuentes oficiales cruzan miradas sobre el rumbo de la seguridad y la defensa en Colombia tras el giro político en EE.UU.

El análisis sobre las implicaciones que tiene para Colombia el nuevo panorama político en Estados Unidos, planteado por el columnista Francisco Gutiérrez Sanín en El Espectador, se entrelaza con un complejo entramado de datos oficiales sobre el gasto en defensa, las alertas por presuntas irregularidades y los retos operativos de la Fuerza Pública. Mientras el país avanza en un proceso de modernización militar sin precedentes, las cifras de inversión y los hallazgos fiscales dibujan un panorama donde la eficiencia y la transparencia son puestas a prueba.

En su columna, Gutiérrez Sanín sostiene que, según la información disponible, la «zurra» que recibió el trumpismo en las elecciones de medio término tiene implicaciones «muy grandes y positivas» para el mundo y, particularmente, para Colombia. El analista argumenta que el presidente Abelardo De la Espriella, a quien describe como «una criatura de Trump», supuestamente se queda sin su principal carta política, al tiempo que el modelo de la extrema derecha global queda en cuestión. El texto también reflexiona sobre cómo los hechos objetivos, como el costo de la vida, terminan imponiéndose sobre las narrativas. Este análisis de opinión se produce en un momento en que el gobierno colombiano profundiza su alianza estratégica con Washington en materia de seguridad.

Lejos del terreno de la opinión, las fuentes oficiales ofrecen un panorama de la apuesta financiera y operativa del Estado colombiano. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el sector Defensa, Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la vigencia 2026 contempla un incremento cercano a los $5 billones de pesos. En una escala mayor, el Gobierno Nacional, a través de un documento CONPES aprobado en marzo de 2026, destinó 13 billones de pesos (unos 3.540 millones de dólares) para la modernización de las fuerzas públicas, una de las mayores inversiones recientes en el sector. Según la información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de estos recursos, el Ejército recibirá 5,8 billones para fortalecer su presencia territorial, la Armada 3,4 billones para vigilancia marítima y fluvial, la Policía 2,3 billones para seguridad ciudadana y la Fuerza Aeroespacial 1,3 billones para tecnología y control del espacio aéreo.

Este esfuerzo inversor se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno del presidente De la Espriella, quien ha propuesto a Estados Unidos un «Plan Patriota Siglo XXI». Dicho plan, según lo informado por la Presidencia de la República, busca modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones y capacidades de defensa aérea e inteligencia. La cooperación con Washington se ha materializado en anuncios como el del secretario de Estado, Marco Rubio, quien no descartó la instalación de bases militares compartidas en Colombia y celebró la adhesión del país al «Escudo de las Américas». La Embajada de EE. UU. en Colombia ha respaldado esta alianza, mencionando un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para apoyar la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.

Sin embargo, la magnitud de estos recursos ha encendido las alertas de los organismos de control. De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026 se detectaron presuntas irregularidades en la gestión de recursos del sector defensa que ascienden a $1.062 billones**. El ente de control identificó 248 hallazgos con incidencia fiscal, siendo el más cuantioso el relacionado con el proyecto «América Centro de Negocios El Pedregal», donde se transfirieron 14 inmuebles de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) por un valor de aproximadamente **$543.644 millones sin una contraprestación efectiva. A esto se suma el seguimiento de la Procuraduría General de la Nación a los planes de contratación del Ministerio de Defensa por los 13 billones de pesos, con el fin de vigilar la correcta ejecución de los recursos en la compra de helicópteros, aviones y sistemas antidrones.

El contexto operativo tampoco es sencillo. Según datos del Ministerio de Defensa, citados en un análisis del sector, entre abril de 2024 y octubre de 2026 se registraron 551 ataques con drones por parte de grupos armados contra la Fuerza Pública y la población civil, siendo 2026 el año con más afectaciones (272 ataques). A esto se suman los retos en zonas críticas como el cañón del Micay, el Catatumbo y el Pacífico, y la meta del gobierno de dar de baja a diez cabecillas del narcotráfico en sus primeros 90 días.

Mientras el análisis de Gutiérrez Sanín sugiere que el escenario político internacional podría obligar a un replanteamiento de las estrategias de poder, los datos oficiales muestran un país que, según la información disponible, apuesta por una expansión militar y de seguridad sin precedentes. El cruce entre una inversión histórica, las alertas por el manejo de esos recursos y un entorno operativo cada vez más complejo plantea la pregunta de fondo: si la magnitud de los recursos y la alianza con Washington serán suficientes para garantizar la seguridad, o si, como supuestamente advierten los críticos, la eficiencia en la ejecución y la transparencia seguirán siendo el eslabón más débil de la cadena.