A 41 años de la “Gran Decepción”: Colombia conmemora la semana en que el Palacio de Justicia y Armero marcaron un antes y un después.
Colombia recuerda este viernes el aniversario 41 de una de las semanas más dolorosas de su historia reciente. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, y la erupción del volcán Nevado del Ruiz que sepultó a Armero el 13 de noviembre de ese mismo año, conforman lo que el columnista Juan Carlos Botero ha denominado, en un análisis publicado por El Espectador, como “la Gran Decepción”: un punto de quiebre en el que, según la información disponible, el país perdió la inocencia y la confianza en sus instituciones, en la guerrilla y en la Fuerza Pública por igual.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Rama Judicial, las Altas Cortes conmemoran este viernes los 41 años del “Holocausto del Palacio de Justicia” con una jornada de homenaje a las víctimas y sus familias, denominada «6 y 7 de noviembre: Memoria». El Consejo Superior de la Judicatura también ha programado actos conmemorativos para esta fecha, en los que se prevé un pronunciamiento sobre las garantías de no repetición y el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con los hechos.
La dimensión de la tragedia del Palacio de Justicia, según lo consignado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), incluye la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada de al menos once personas durante la toma y retoma del edificio. El alto tribunal calificó la retoma militar como un “holocausto”, y en su sentencia de 2014 ordenó al Estado adoptar medidas de reparación y esclarecimiento que, de acuerdo con organizaciones de víctimas, aún presentan un cumplimiento parcial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, ha ordenado al Ministerio de Defensa la instalación de una placa conmemorativa en memoria de las víctimas, un fallo que, según la información publicada, otorga a esa cartera un plazo de tres meses para su ejecución.
Siete días después de la tragedia del Palacio de Justicia, la erupción del Nevado del Ruiz desencadenó una avalancha de lodo que borró del mapa al municipio de Armero, en el departamento del Tolima. Las cifras oficiales, contrastadas con los reportes del Instituto Geofísico del Perú y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalan que la tragedia dejó entre 22.000 y 25.000 víctimas fatales, la mayoría de ellas habitantes de Armero. La niña Omayra Sánchez, cuya imagen quedó grabada en la memoria colectiva, se convirtió en el rostro visible de una catástrofe que, de acuerdo con análisis posteriores, pudo haberse mitigado si se hubieran atendido las alertas tempranas de los organismos científicos.
El columnista Juan Carlos Botero, en el texto que motiva esta conmemoración, sostiene que la coincidencia de ambas tragedias en una misma semana de noviembre de 1985 generó una “desilusión profunda” en todos los sectores de la sociedad colombiana. Según su análisis, los defensores de la izquierda tuvieron que aceptar que los integrantes del M-19, a quienes consideraban sus “paladines”, habían actuado como “asesinos a sueldo” al pactar con el narcotráfico; los defensores de la derecha, que sus “héroes” de las Fuerzas Armadas habían actuado como “carniceros” al incurrir en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; y los defensores de la democracia, que los líderes del Gobierno civil de la época “no habían servido para nada” ante la magnitud de la crisis. “Esa semana perdimos la inocencia”, concluye Botero, y añade que, 41 años después, el país aún no ha superado ese trauma fundacional.
El informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, citado en los archivos de la Rama Judicial, coincide en que el incendio que devoró la sede de la justicia se produjo por una combinación de factores que incluyen el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de coordinación entre las autoridades civiles y militares. Dicho organismo concluyó que los hechos constituyen una violación grave de los derechos humanos y recomendó la creación de un centro de información y documentación sobre lo ocurrido, así como la adopción de medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares.
La conmemoración de este año transcurre en un contexto político distinto. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, según los datos de la encuesta Atlas-Intel conocida en marzo de 2026, registraba una desaprobación del 53,7%, mientras que un 37,5% aprobaba su gestión. Otras mediciones, como la de Invamer de febrero de 2026, mostraban un respaldo del 49,1%, lo que evidencia una opinión pública dividida. En paralelo, la Contraloría General de la República alertó en octubre de 2026 que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5%, “el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos”, con un 44% de metas incumplidas y un 23% con avances inferiores al 50%. Estos datos, si bien no están directamente relacionados con la conmemoración del Palacio de Justicia y Armero, configuran el telón de fondo sobre el cual el país reflexiona, 41 años después, sobre las promesas incumplidas y las deudas históricas que aún persisten.
La semana que Botero denomina “la Gran Decepción” no solo dejó un saldo de más de cien muertos y once desaparecidos en el Palacio de Justicia, y de decenas de miles de víctimas en Armero, sino que, según la interpretación del columnista, instaló una sensación de “orfandad y naufragio nacional” de la que el país, supuestamente, aún no logra reponerse. Las ceremonias de este 6 de noviembre, los fallos que ordenan reparaciones y las alertas de los organismos de control son, quizás, la evidencia de que la herida sigue abierta y de que la pregunta por las responsabilidades —la de la guerrilla, la de la Fuerza Pública y la de los gobiernos de turno— continúa siendo materia de debate público, tal como lo fue hace cuatro décadas.