Freno a las Foto-Multas en Colombia

Con la decisión del Congreso, se controlan abusos y se quita a los alcaldes el manejo autónomo.

Dos años de tránsito por el Congreso, se aprobó en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca regular el uso de Foto-comparendos en Colombia, sistema que se había convertido en algunas regiones en un lucrativo negocio, lo que desató olas de denuncias sobre irregularidades en su implementación en vías nacionales y urbanas. “Queremos decirles a los colombianos que se acabaron los abusos, los atropellos y los asaltos contra los conductores y los propietarios de vehículos. El Congreso de la República tomó la decisión de sacar adelante el Proyecto de ley 102 del 2015 y ya no se seguirán instalando foto-multas sin cumplir con una serie de criterios para su puesta en marcha”, expresó el senador Mauricio Aguilar, quien lideró la propuesta junto con los senadores Antonio Guerra y Mauricio Lizcano. Las foto-multas van a continuar, pero con un aspecto distinto: con un concepto técnico

“La atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un lucrativo negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”, algunos Alcaldes realizaron convenios con operadores privados para la instalación de cámaras, en que los operadores terminaban ganando más que los propios municipios, llegando a ser en algunos casos del 70 por ciento para el operador.
En el Congreso se determinó que el Ministerio de Transporte, en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, será el único que podrá autorizar el funcionamiento de foto-multas en las diferentes vías y ciudades del país, quienes quieran utilizar este sistema tendrán que cumplir con ciertas condiciones: respetar las velocidades establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial, tener un estudio técnico que indique que es indispensable colocar la foto-multa, la identificación de puntos críticos de accidentalidad y tener una adecuada señalización, entre otras. “Además, se asegura el cumplimiento del debido proceso, ya que hoy en día la mayoría de comparendos no son notificados al conductor o propietario del carro”, complementó Aguilar, quien destacó que ese aviso deberá hacerse por intermedio de un correo eléctrico y de un correo certificado.

“Quienes reciban alguna notificación de fotomulta tendrán la opción de hacer sus descargos hasta de forma virtual, se les garantizará una defensa, y solo cuando eso sucede y se demuestre la culpabilidad, la sanción será proferida”, afirmó el senador. La nueva ley permitirá que el negocio de algunos particulares se termine: los concesionarios que manejan las foto-multas pasarán de recibir el 70 por ciento del recaudo a solo el 10 por ciento. Mientras que a los municipios o ciudades donde funcionen, se les entregará, mínimo, un 50 por ciento. “Los entes territoriales recibirán una cifra considerable, que tendrá que ser invertida en planes de seguridad vial que ayuden a reducir los altos índices de accidentalidad”.

Con respecto a las foto-multas que ya funcionan, los operadores tendrán un plazo de 180 días, desde cuando el Presidente de la República firme la ley, para acomodarse a los criterios técnicos que emita el Ministerio de Transporte.Al término de ese tiempo, las que no cumplan con los requisitos serán desmanteladas. De acuerdo con cifras de la oficina del senador Aguilar, a la fecha hay al menos 50 municipios, la mayoría con terrenos en vías nacionales, sobre los que se han instalado los sistemas de detección electrónica de infracciones.