Galán rechaza el reemplazo de la Policía por el Ejército, pero avala reforzar la asistencia militar en Bogotá.
El alcalde defendió en el cabildo abierto convocado por el Concejo que las Fuerzas Militares «apoyen, no sustituyan» a la Policía Metropolitana. La administración distrital sostiene que la asistencia castrense solo se activaría si la capacidad policial se ve desbordada, mientras la oposición insiste en desplegar hasta 2.000 efectivos en las localidades del sur
La discusión sobre el papel del Ejército en la seguridad urbana de Bogotá llegó este sábado al cabildo abierto convocado por el Concejo de la ciudad, y el alcalde Carlos Fernando Galán fijó una posición que, según la información difundida por su despacho y recogida por distintos medios, marca una línea clara: respaldo al apoyo militar, pero rechazo frontal a que las Fuerzas Militares asuman las funciones de la Policía Metropolitana. «Las Fuerzas Militares deben apoyar a la Policía, no reemplazarla», sostuvo el mandatario durante su intervención, en una frase que resume el eje del debate y que fue replicada por la Alcaldía Mayor en un comunicado oficial.
La cita, celebrada en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada y convocada tras la validación de más de 37.000 firmas ciudadanas, puso sobre la mesa una propuesta que lleva meses tensionando el debate político en la capital: el despliegue de alrededor de 2.000 efectivos del Ejército para reforzar las labores de seguridad en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, donde, según los promotores de la iniciativa, operan estructuras criminales que la Policía no logra contener. La discusión fue impulsada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y su hermano, el concejal Julián Uscátegui, quienes han argumentado que Bogotá arrastra un déficit estructural de pie de fuerza policial y que la asistencia militar es una herramienta constitucionalmente prevista para situaciones excepcionales.
La doctrina Galán: apoyo táctico, no sustitución
La posición del alcalde no es nueva. Ya en octubre, tras los resultados del megaoperativo que dejó 172 capturados, Galán había advertido de que el Ejército podía fortalecer su presencia en puntos estratégicos, pero que eso «no significa trasladar al Ejército las tareas que corresponden a la Policía Metropolitana». En el cabildo abierto, esa idea se profundizó: el mandatario reconoció que Bogotá enfrenta «retos serios» y que sería «incorrecto afirmar que la seguridad en la ciudad va empeorando», pero defendió que la respuesta debe articularse sobre la Policía, no sobre su sustitución. «Yo nunca he dicho que en Bogotá no haya un problema de seguridad. No hemos dicho que esto sea Suiza o Dinamarca», afirmó, según recoge Caracol Radio.
El alcalde respaldó que las Fuerzas Militares «trabajen en llave» con la Policía, como, según su versión, ya ocurre en la ciudad. De hecho, la Secretaría de Seguridad ha precisado que la Brigada 13 del Ejército, adscrita a la Quinta División, ya opera en Bogotá junto con batallones de Policía Militar y el Gaula, y que en los últimos dos años y diez meses se han realizado más de 377 acciones conjuntas con esas unidades, concentradas en zonas de borde y localidades priorizadas. «Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo con el apoyo de las Fuerzas Militares para enfrentar el delito en Bogotá, sí estoy de acuerdo. Se necesita, es fundamental, se requiere; es más, se ha hecho», señaló Galán, para luego insistir en que «no estamos de acuerdo en que las Fuerzas Militares entren a reemplazar a la Policía».
Asistencia militar versus militarización: la distinción jurídica que atraviesa el debate
El fondo del asunto es, en buena medida, semántico y jurídico. La concejal del Pacto Histórico Donka Atanassova subrayó durante el cabildo que «la militarización no es una figura contemplada en la legislación colombiana» y que lo que existe es la asistencia militar, un mecanismo que permite la colaboración entre Ejército, Policía, Fiscalía y administración distrital, y que ya se ha utilizado en la capital. El concejal David Saavedra, por su parte, advirtió que «la seguridad no se construye militarizando, ni poniendo soldados a hacer el trabajo de la Policía», y recordó que un militar «no tiene las mismas competencias que un policía» para atender hurtos, extorsiones o riñas.
La administración distrital ha terciado en esa distinción. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aclaró que la asistencia militar en las calles «únicamente se implementará si las capacidades operativas de la Policía Metropolitana llegan a ser desbordadas por la criminalidad». Es decir, el Ejército no patrullaría de forma ordinaria, sino que intervendría como refuerzo excepcional en escenarios de desbordamiento, una tesis que la Alcaldía ha mantenido de forma consistente y que, según la información disponible, subyace a la posición oficial de Galán.
Los números que la Alcaldía pone sobre la mesa
Para sostener su rechazo a la sustitución, el alcalde presentó durante el cabildo un balance de seguridad que, según los datos oficiales de la Policía y la Fiscalía citados por su despacho, muestra una tendencia a la baja en los principales delitos de alto impacto. Entre las cifras mencionadas figuran la reducción del hurto a personas, que pasó de 158.747 casos en 2023 a 91.724 en lo que va de 2026, y la disminución de 85 homicidios en lo corrido del año respecto al mismo periodo de 2025, un 8,6% menos. La Alcaldía también destacó que septiembre registró la cifra más baja de homicidios desde que se tiene registro oficial y que octubre fue el segundo octubre con menos homicidios en la historia estadística del Distrito.
En localidades clave, como Ciudad Bolívar, los homicidios cayeron un 22% (45 casos menos), y en San Cristóbal un 32% (23 casos menos). Con esos datos, la administración defiende que la estrategia de coordinación entre Policía y Ejército ya está dando resultados y que el problema no se resuelve con un repliegue de la Policía, sino con su fortalecimiento. «La Policía Metropolitana sí está cumpliendo su misión», afirmó Galán, quien atribuyó los avances a «la coordinación entre la Policía, el Ejército y la recuperación de capacidades operativas», y no a la acción aislada de una sola institución.
Un debate que trasciende el cabildo
La discusión, sin embargo, no se agota en el recinto. La propuesta de los Uscátegui de desplegar 2.000 efectivos en el sur de la capital sigue viva, y el cabildo abierto era, precisamente, el escenario para medir su respaldo político y su encaje legal. La Alcaldía ha dejado claro que su prioridad es reducir el déficit de uniformados de la Policía —que la Secretaría de Seguridad cifra en torno a 8.000 agentes— antes que trasladar competencias de control urbano al Ejército. Galán también ha insistido en que la discusión sobre la seguridad no puede reducirse a «cuántos uniformados ponemos en una calle», sino que debe abordarse con una estrategia integral que incluya tecnología, inteligencia y judicialización.
Con la posición del alcalde ya fijada públicamente y el respaldo de su bancada en el Concejo, el debate sobre el papel del Ejército en Bogotá queda enmarcado en una disyuntiva que, según la información disponible, definirá la política de seguridad de la capital en los próximos meses: la asistencia militar como refuerzo excepcional y coordinado, o el despliegue permanente de tropas como respuesta estructural a la criminalidad urbana. Por ahora, la Alcaldía ha dejado claro cuál es su línea roja: el Ejército apoya, pero no reemplaza.
