Garriga eleva el tono contra Sánchez y señala al Ministerio de Transportes como epicentro de la corrupción socialista.
La precampaña electoral hacia los comicios del 29 de noviembre ha dejado este viernes una de sus imágenes más tensas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido en Figueres para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber convertido el Ministerio de Transportes en “la base operativa y la zona cero de la corrupción” del PSOE, y ha llegado a calificar al propio Sánchez como “el capo de la mafia”, una expresión que la formación venía utilizando en los últimos días y que este viernes ha reiterado con especial dureza.
Las declaraciones de Garriga no se producen en el vacío. Según la información publicada por Infobae, Europa Press y El Diario Vasco, el líder de Vox se refería a las últimas actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del ‘caso Koldo’, una investigación que indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
El detonante: una nueva pieza secreta y seis detenciones
De acuerdo con la información difundida por El Diario Vasco, el pasado jueves 5 de noviembre la UCO desplegó una operación derivada de una nueva pieza separada y secreta del ‘caso Koldo’, abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a raíz de un nuevo informe policial. El operativo incluyó un registro en el domicilio del exministro Ábalos en Valencia, un requerimiento de documentación en la sede de Adif y seis detenciones en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.
Entre los arrestados, según las mismas fuentes, figuraban Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, a quien el PP identifica como el chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. La investigación, según El Diario Vasco, examina el supuesto favorecimiento de varias constructoras mediante adjudicaciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas, y sitúa parte de las adjudicaciones investigadas en Adif y la Dirección General de Carreteras.
Las acusaciones de Garriga: de la corrupción a los accidentes ferroviarios
En su comparecencia, Garriga no se limitó a comentar las detenciones. Según recoge Infobae, el secretario general de Vox sostuvo que el Ministerio de Transportes “se haya utilizado para supuestamente colocar personas vinculadas al partido, adjudicar contratos a amigos y cobrar comisiones”, en lugar de destinar los recursos públicos a mejorar la red ferroviaria y garantizar su seguridad.
El líder de Vox vinculó esa presunta corrupción con los accidentes ferroviarios, y de acuerdo con la información disponible, exigió responsabilidades penales por el siniestro de Urda (Toledo), que según la versión difundida por el propio Garriga se saldó con 69 víctimas mortales. “La corrupción del Partido Socialista mata”, afirmó, antes de advertir que Vox “no se conformará” con dimisiones de responsables políticos y reclamar que se investigue la responsabilidad de Sánchez y que “responda” ante la justicia.
El contexto: una ofensiva coordinada de Vox y el PP
Las palabras de Garriga se suman a las que el presidente de Vox, Santiago Abascal, pronunció el jueves en Albacete. Según Demócrata, Abascal sostuvo que “el Ministerio de Transportes era la zona cero de la corrupción” del Ejecutivo de Sánchez y exigió la dimisión “inmediata” del presidente del Gobierno, además de pedir que se ponga a disposición de la Justicia. En la misma línea, el PP ha apuntado directamente a Sánchez tras las detenciones: según Telemadrid, la eurodiputada popular Ester Muñoz afirmó que “solo queda el número uno” en la cadena de responsabilidades.
Las incógnitas y el marco judicial
Mientras la investigación sigue bajo secreto de sumario, según ha podido confirmar El Diario Vasco, el magistrado Ismael Moreno instruye la pieza número ocho de las diligencias previas 65/2023, centrada en los contratos de obra pública. El procedimiento examina el supuesto favorecimiento de constructoras como Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos, y atribuye indiciariamente a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero el papel de “facilitadores” de las operaciones presuntamente irregulares.
Supuestamente, la investigación patrimonial también apunta a que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y algunos de sus familiares podrían haberse beneficiado de fondos de la empresa Servinabar, vinculada al empresario Antxon Alonso, y que según los informes policiales habría recibido el 87,04% de sus ingresos de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora.
La pregunta que sobrevuela, según coinciden analistas jurídicos consultados, es si las nuevas diligencias permitirán a la Audiencia Nacional estrechar el cerco sobre los responsables políticos que Garriga y Abascal sitúan en la cúpula de la trama, o si el secreto de sumario y la complejidad de la causa mantendrán el caso en un limbo probatorio durante meses. Por lo pronto, a menos de un mes de las elecciones, Vox ha convertido el ‘caso Koldo’ en su principal arma de confrontación contra Sánchez, y el Ministerio de Transportes, en el símbolo de una corrupción que la formación sitúa, supuestamente, en el corazón mismo del Gobierno.
