Luis Fernando Velasco recupera la libertad: el Tribunal Superior de Bogotá revoca la detención domiciliaria en el caso UNGRD.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez quedó en libertad este jueves 5 de noviembre por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba en su contra desde el pasado 19 de agosto por su presunta vinculación con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, adoptada tras resolver las apelaciones presentadas por la defensa del exfuncionario y por la Procuraduría General de la Nación, no pone fin al proceso penal, que continuará el 2 de febrero de 2027 en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Según la información consignada en el fallo, los magistrados consideraron que ya no se cumplen los presupuestos para mantener la privación de la libertad. El tribunal avaló los argumentos del Ministerio Público relacionados con el “retiro de la vida pública” de Velasco y con las actuales condiciones políticas del país, al concluir que el exministro ya no ocupa un cargo desde el cual pueda incidir en la investigación ni representa un peligro para la sociedad. En concreto, la corporación señaló que “la posible continuidad de la actividad delictiva por intermedio de otros integrantes de la organización criminal aún no vinculados al proceso se diluye” y que, desaparecida esa previsión, también se disipa la necesidad de la medida de aseguramiento. Supuestamente, según la lectura de los apelantes, el paso del tiempo y la salida de Velasco del Gobierno habrían desactivado el riesgo que justificó su reclusión.

Los cargos que siguen en pie

La libertad no equivale a exoneración. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación, Velasco habría utilizado su cargo y su influencia para direccionar contratos de obra e interventoría de la UNGRD en beneficio de un grupo de congresistas, como parte de una estructura ilegal orientada a comprar apoyos políticos mediante el intercambio de favores por contratos. Los contratos en cuestión están relacionados con las obras en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), y según la información difundida por la Fiscalía, ascenderían a cerca de 90.000 millones de pesos.

Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer —es decir, presunto ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos— e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que Velasco sería uno de los “presuntos líderes o determinadores” de la red de corrupción política que operó dentro del Gobierno, una tesis que la defensa ha cuestionado en audiencias previas por presuntas fallas en la entrega del material probatorio.

Un proceso que acumula aplazamientos y reclamos

El caso contra Velasco llega a esta decisión después de varios tropiezos procesales. La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, el pasado 4 de noviembre, la audiencia preparatoria del juicio que también involucra al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Las defensas de ambos exfuncionarios alegaron que la Fiscalía no ha garantizado un descubrimiento probatorio completo: según lo expuesto por el abogado de Velasco, el ente acusador no habría permitido que la defensa conozca y examine la totalidad de los elementos que pretende utilizar en el juicio, y el propio exministro cuestionó en la diligencia cómo “en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce”. La Fiscalía, por su parte, ha negado que esté ocultando pruebas y ha calificado de equivocada la interpretación de las defensas.

El antecedente inmediato es la libertad de Bonilla, concedida el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos dentro del mismo proceso, después de que un juez concluyera que habían transcurrido los plazos legales para mantenerlo bajo medida de aseguramiento sin avances procesales suficientes. Según la información disponible, la decisión sobre Velasco se produce en un contexto en el que la justicia ha ido desmontando las medidas restrictivas contra los exfuncionarios mientras el fondo del caso sigue sin resolverse.

Reacciones: de la “cortina de humo” al respaldo del expresidente

Velasco se pronunció a través de su cuenta en X. Dijo recibir la determinación “con serenidad” y anunció que buscará demostrar su inocencia en el juicio. “Demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la Ungrd y me usaron como cortina de humo para desviar la atención”, expresó el exfuncionario. Supuestamente, en su mensaje, Velasco habría sugerido que su nombre fue utilizado para desviar la atención sobre los verdaderos responsables del desfalco.

El expresidente Gustavo Petro celebró la decisión en redes sociales: “Muy bien por la libertad de Luis Fernando Velasco en el caso Ungrd”. En su mensaje, Petro sostuvo que fue Olmedo López, exdirector de la entidad, quien encabezó el desfalco, y vinculó la libertad de Velasco con la de Bonilla como parte de lo que considera un “desvío de la investigación”. El exmandatario también afirmó que la pesquisa pudo haber dejado de lado una supuesta red de irregularidades que habría operado durante varios gobiernos, durante al menos “una década de corrupción por billones de pesos en la Ungrd”.

Lo que viene

El juicio contra Velasco seguirá su curso en la Corte Suprema con la audiencia preparatoria pendiente de reprogramación y la vista pública fijada para el 2 de febrero de 2027. La libertad del exministro no cierra el expediente ni define su responsabilidad penal; según la información oficial, solo modifica su situación de libertad mientras se surte el debate probatorio. La pregunta que persiste, según coinciden analistas judiciales, es si la dilación del proceso y la sucesiva caída de las medidas de aseguramiento terminarán por desgastar la causa o si, por el contrario, el juicio en la Corte Suprema permitirá esclarecer el grado de participación que la Fiscalía atribuye a quien fuera uno de los hombres de confianza del Gobierno en el manejo político del Congreso.