Más de 8.000 Colombianos con escoltas pagos por el gobierno
El esquemas de seguridad le cuestan al país $ 1.323 millones diarios.
Carros y apartamentos blindados, chalecos antibalas, escoltas armados, gasolina, viáticos y hasta escudos blindados, entre muchos otros son los costos asumidos por el Estado para garantizar la seguridad de más de 8.000 personas que hoy cuentan con alguna medida de protección en el país por supuestos riesgos contra su vida. Más de 8.000 esquemas de seguridad, algunos de ellos con 20 o más escoltas, que cada año le cuestan al país más de 483.000 millones de pesos, asumidos por la Unidad Nacional de Protección, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Procuraduría.
El asunto ya fue objeto de un debate en el Congreso, promovido por el senador conservador Hernán Andrade: ¿la mejoría en todos los indicadores de seguridad en el país, especialmente en los asuntos de orden público, no debería reflejarse también en la reducción del ‘ejército’ de guardaespaldas y camionetas blindadas a cargo del Estado? No se trata, dice Andrade, de desproteger a quienes realmente están en riesgo, pero sí de racionalizar el uso de los esquemas de seguridad, para ponerlos a tono con una realidad en la que la capacidad de violencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales viene siendo disminuida por los golpes del Estado.
La tarea de reducir los esquemas no es nada fácil, pues solo la UNP coordina 6.571 esquemas propios y decenas de altos funcionarios que tienen también apoyo de la Policía y anillos de seguridad del Ejército en las zonas de vivienda. La Fiscalía maneja la seguridad de 50 funcionarios y de unos 200 testigos a los que sacan del lugar de la amenaza y ubican en casas de protección. El personal de seguridad, al igual que los equipos y medios de transporte, corre por cuenta del ente acusador.
El esquema básico de protección arranca con un chaleco blindado y un mecanismo de botón de pánico para tener reacción inmediata de la Policía, que tienen centenares de personas, muchas de ellas en regiones donde aún es fuerte la presencia de los violentos. Un esquema de un carro blindado y dos escoltas le vale al país $ 20 millones mensuales. Y si el protegido es un asiduo viajero, los costos se incrementan por cuenta de los viáticos. En el caso del Congreso, la Unidad de Protección y la Policía pagan 300 millones de pesos anuales tan solo en viáticos para los escoltas. Los congresistas, además, tienen carro blindado en Bogotá y otro en su región de origen o vivienda. En cuanto a casas blindadas, es emblemático el caso de un exalcalde de Bogotá cuyo apartamento fue protegido contra ataques de balas a un costo de 100 millones de pesos. Lo vendió y exigió que su nueva casa fuera blindada, a un costo similar.
Otro gasto millonario es el de gasolina, hasta hace un año, la UNP pagaba 1.200 millones mensuales en combustible por todos sus carros. Cuando se implementó un chip que permite medir los recorridos, esa cuenta bajó a 800 millones. Hasta ahora no hay una explicación válida de por qué bajaron los costos cuando hubo controles. Para el debate quedan casos como los de 43 de los 45 concejales de Bogotá, que tienen carro blindado y dos policías en moto para moverse por la ciudad, a pesar de que la misma UNP considera que el riesgo es bajo. De hecho, uno de los más reconocidos, Juan Carlos Flórez, nunca aceptó esa seguridad y va y viene a las sesiones en Transmilenio. “Nunca he aceptado algo que considero un privilegio innecesario. Deberían acabar en el Concejo con eso de que la gente cuanto más rango desea demostrar, más escoltas debe tener”.
A pesar de que por norma los escoltas deben respetar las reglas de tránsito, es común que bloqueen las vías, se pasen los semáforos en rojo y estacionen en sitios prohibidos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene bloqueado desde hace más de cuatro meses el Registro Único de Transporte porque debe más de 40 millones de pesos en multas, algunas del 2014. Solo podrá volver a realizar traspasos de carros y otros trámites cuando se ponga al día. La mayoría de los comparendos se impusieron por exceso de velocidad. La Superintendencia de Vigilancia señaló que los escoltas y empresas de vigilancia y seguridad privada tampoco “tienen autorización constitucional, legal ni reglamentaria para abusar de su posición de poder o transgredir las normas de tránsito y ninguna otra ley o reglamento vigente”.
