MinSalud traslada a la Fiscalía y a instancias disciplinarias un contrato de logística por 2.240 millones y sospechas de desvío de fondos a campañas.
El Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de Ana María Vesga, ha puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias y de la Fiscalía General de la Nación una serie de hallazgos sobre un contrato de logística suscrito el 28 de abril de 2026, durante la administración anterior, que supuestamente presenta irregularidades en su planeación, ejecución y soportes documentales. La denuncia, difundida este martes 10 de noviembre a través de canales oficiales, se produce en un contexto de revisión de la contratación heredada y afecta a un entramado de acuerdos similares que, según la información disponible, sumarían más de 20.200 millones de pesos entre 2023 y 2026.
El contrato bajo la lupa: de 1.750 a 2.240 millones en menos de dos meses
El expediente que ha motivado la denuncia se remonta al 28 de abril de 2026, cuando se firmó un contrato de logística por valor de 1.750 millones de pesos para la organización de eventos institucionales del Ministerio hasta diciembre de ese año. Según la información proporcionada por la ministra Vesga, en menos de dos meses se habría comprometido la totalidad de ese presupuesto inicial, lo que llevó a la administración anterior a adicionar 490 millones de pesos, elevando el monto total a 2.240 millones.
El hallazgo que la cartera considera más delicado no es solo la ampliación presupuestal, sino el estado de las cuentas. De acuerdo con la revisión efectuada, al 7 de agosto de 2026 existían cuentas pendientes de pago por 1.798 millones de pesos que contaban con el visto bueno de la supervisión del contrato, pero supuestamente carecían de los soportes necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones pactadas. A ello se suman, según la información difundida, problemas de planeación que habrían impedido la realización de otros eventos previstos por la entidad.
El contexto: denuncias penales por 20.200 millones y posibles vínculos con campañas
La denuncia no se limita a este contrato específico. Según la información revelada por la Presidencia de la República y replicada por medios como Semana y La FM, la ministra Vesga habría relacionado estos hallazgos con denuncias penales ya presentadas ante la Fiscalía por contratos de logística similares suscritos entre 2023 y 2026, cuyo valor acumulado ascendería a 20.200 millones de pesos. Estas denuncias incluirían supuestamente señalamientos sobre el posible uso de bienes y servicios pagados con recursos públicos para actividades relacionadas con campañas electorales, un extremo que, hasta el momento, no ha sido confirmado por una autoridad judicial y que debe atribuirse a las imputaciones formuladas por la cartera.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha enmarcado estos señalamientos en una revisión más amplia de la gestión sanitaria heredada. Según la información de Infobae, la propia ministra Vesga había anunciado en septiembre un plan de choque contra la intermediación y la congelación de contrataciones, convenios y adiciones, tras detectar una diferencia de 2,9 billones de pesos entre los compromisos y los giros efectivos, así como 176 proyectos por 490.000 millones de pesos, de los cuales 108 (por 365.604 millones) carecían de registro presupuestal al 7 de agosto.
La defensa del exministro Jaramillo
La respuesta del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no se ha hecho esperar. Según la información recogida por Infobae, Jaramillo ha rechazado las denuncias de presuntas irregularidades administrativas y ha sostenido que la gestión presupuestal de su cartera se llevó a cabo «conforme a los trámites legales». Respecto a los hallazgos de la Contraloría, el exfuncionario ha afirmado que corresponden a «auditorías ordinarias» y ha señalado que las observaciones ya contaban con un plan de mejoramiento suscrito desde el 30 de julio de 2026.
Sobre el retraso en los giros, Jaramillo ha explicado supuestamente que los 2,9 billones de pesos no obligados requerían la autorización del Programa Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda, una etapa que describió como «normal del ciclo presupuestal previa al giro de los recursos». El exministro también ha defendido el desempeño de la entidad, señalando que se posicionó en el primer lugar entre 236 organismos evaluados en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (Furag) durante 2025.
El estado del proceso
Hasta el momento, no se ha difundido un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación o de la Procuraduría General de la Nación que confirme la apertura formal de una investigación específica sobre este contrato de logística, ni que haya imputado cargos a los responsables de la supervisión o autorización de los pagos cuestionados. Tampoco existe una decisión judicial que establezca la existencia de desvíos de recursos a campañas electorales, por lo que esas afirmaciones deben considerarse según la información como señalamientos formulados por la cartera de Salud en el marco de sus denuncias, y no como hechos probados.
El caso, en todo caso, añade un nuevo frente de tensión entre la administración saliente y la entrante en el sector salud, un área que ya venía acumulando cuestionamientos por la gestión de contratos, la intermediación de medicamentos y el estado de las finanzas del sistema. La ministra Vesga ha insistido en que los recursos de la salud pública «exigen rigor, control y total transparencia», y ha trasladado los hallazgos a las autoridades disciplinarias para que se investigue «a fondo».
