Entre la desesperación y el recelo: haitianos ven en Bukele una “última esperanza” mientras analistas advierten sobre los riesgos del modelo salvadoreño.
Miles de haitianos se manifestaron la semana pasada en Puerto Príncipe y en otras ciudades del país para expresar su apoyo a los más de 2.000 soldados que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó en Haití el pasado mes de octubre. Según los testimonios recogidos por la agencia EFE y otros medios internacionales, los manifestantes, en su mayoría víctimas de la violencia de las pandillas, corearon consignas en criollo como “Lè yo wè Bukele, kè yo sote” (“Cuando ven a Bukele, se asustan”), en referencia a los grupos armados que controlan buena parte de la capital. Una mujer desplazada por la violencia resumió el sentimiento general ante los periodistas: “Bukele, Haití le pertenece. Si no acelera las operaciones, moriremos”.
De acuerdo con la información disponible, el detonante inmediato de este despliegue fue la desaparición, el pasado 18 de octubre, de cuatro técnicos militares salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, tras ser emboscados en la zona de Croix-des-Bouquets. Bukele presentó inicialmente el operativo como una misión de rescate, pero según declaraciones recogidas por Reuters, la magnitud del despliegue —unos 2.000 efectivos en apenas diez días, una cifra que la misión de la ONU tardó más de un año en alcanzar— ha llevado a los analistas a preguntarse si se trata del inicio de una operación más amplia y de largo plazo.
El apoyo popular: un respaldo nacido de la desesperación
El respaldo a Bukele no es unánime, pero según las crónicas periodísticas, es profundamente real en amplios sectores de la población. El sufrimiento acumulado tras años de violencia, extorsión, secuestros y desplazamiento forzado ha llevado a muchos haitianos a ver en el mandatario salvadoreño a su última tabla de salvación. De acuerdo con cifras citadas por la ONU, casi 1,5 millones de personas —alrededor del 13,6% de la población— se han desplazado internamente por la violencia, y al menos 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año. El informe del Secretario General de la ONU sobre Haití (S/2026/800) constata que, pese a las operaciones de seguridad, las bandas siguen perpetrando ataques, secuestros, extorsión y violencia sexual, y desafían la autoridad del Estado.
En este contexto, según testimonios recogidos por France 24 y TV5 Monde, algunos residentes describen que las pandillas “parecen paniquadas” desde la llegada de las tropas salvadoreñas. Marie Yolène Gilles, fundadora de la organización haitiana Fondasyon Je Klere, señaló a France 24 que ve en la solicitud de mediación dirigida a la ONU por parte de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mawozo, un signo de la inquietud de los grupos armados, aunque la propia fuente advierte que esta apreciación no constituye un balance militar verificado. La contraparte de este optimismo es un temor generalizado a las represalias: según el mismo reportaje, en algunas zonas “casi está prohibido pronunciar el nombre del presidente salvadoreño en voz alta” por miedo a las represalias de las bandas.
Las advertencias: un modelo difícil de exportar y un mandato bajo sospecha
Frente al entusiasmo popular, las voces críticas han sido igualmente contundentes. Según el análisis de Reuters, Bukele se enfrenta en Haití a un entorno profundamente distinto al salvadoreño: las instituciones haitianas están corroídas por la corrupción y la falta de fondos, las prisiones están masificadas, el sistema judicial está paralizado y muchos de los reclutas de las pandillas son menores de edad. Maria Fernanda Arocha, analista del grupo de monitoreo de conflictos ACLED, declaró a Reuters que el despliegue “podría aumentar el apoyo a Bukele” de cara a su narrativa regional, pero admitió: “No sabemos si esto traerá los resultados que él espera”. Sam Vigersky, experto del Council on Foreign Relations, fue más lejos: “El panorama general de seguridad no apunta hacia una estabilización, apunta hacia una escalada”.
La preocupación más seria, sin embargo, proviene del ámbito de los derechos humanos. Según un comunicado público de Amnistía Internacional fechado el 9 de noviembre, la organización ha exigido a los gobiernos de Haití y El Salvador que garanticen que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos. La sección española de Amnistía Internacional señala en su comunicado que la organización reclama la publicación del acuerdo que rige el despliegue y que se explique cómo se supervisan las fuerzas, qué reglas rigen el uso de la fuerza y a quién rinden cuentas. Un dato revelado por el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, y recogido por Amnistía, añade una capa de complejidad jurídica: la gran mayoría del personal militar salvadoreño recientemente desplegado en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que queda fuera del mandato y de los mecanismos de monitoreo de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió en el mismo comunicado: “La respuesta a la violencia de las pandillas no debe replicar los abusos y la impunidad que han caracterizado intervenciones anteriores en Haití”. La organización subrayó que las operaciones de seguridad pueden exacerbar los riesgos para comunidades que ya afrontan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se realizan cerca de hogares, escuelas y hospitales, y recordó que cualquier uso de la fuerza debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El telón de fondo: una crisis política sin salida
El despliegue salvadoreño se produce sobre un vacío institucional que agrava cualquier intervención. Según el informe del Secretario General de la ONU, el progreso de la transición política en Haití sigue dependiendo de la capacidad de las autoridades para mejorar la seguridad, impulsar los preparativos electorales y mantener el apoyo al restablecimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, ese mismo informe reconoce que “algunas partes interesadas han puesto en duda la viabilidad de celebrar la primera vuelta de las elecciones el 13 de diciembre” a causa de la inseguridad persistente. Haití no celebra elecciones desde 2016, su último presidente fue asesinado en 2021 y no ha sido reemplazado, y según Swissinfo, el Consejo Electoral Provisional ha postergado de manera indefinida las primeras fases del proceso electoral.
Aunque no existe un balance oficial sobre el impacto del despliegue salvadoreño, el cuadro que emerge de las fuentes consultadas es el de un país que se aferra a una intervención externa como último recurso ante el colapso de su propio Estado. El respaldo popular a Bukele es, según coinciden en señalar los análisis, un síntoma de la profundidad de la crisis más que una validación inequívoca de su método. La pregunta que sobrevuela Puerto Príncipe no es si los haitianos quieren ser salvados, sino si el modelo que se exporta desde San Salvador podrá operar en un terreno tan distinto sin reproducir los costos humanos que ya han marcado el historial de las intervenciones en Haití.
