Santos defiende el acuerdo de paz a diez años de su firma y advierte del «revisionismo» del gobierno de De la Espriella.
En el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, el expresidente Juan Manuel Santos ha protagonizado supuestamente una defensa cerrada del proceso que le valió el Nobel, al tiempo que ha lanzado una advertencia directa sobre lo que considera un «revisionismo histórico» impulsado desde la actual administración de Abelardo de la Espriella. Las declaraciones se han producido en el marco de una gira internacional y de varios foros académicos, el más reciente este martes 10 de noviembre en la Universidad del Rosario, donde Santos compartió escenario con la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el presidente de la JEP, Danilo Rojas.
El balance: luces y sombras de una década
Lejos de presentar el acuerdo como un éxito sin matices, el expresidente ha reconocido según la información disponible que la implementación ha enfrentado «numerosos obstáculos» y que los compromisos «no se han cumplido de manera adecuada». Sin embargo, ha atribuido el recrudecimiento de la violencia no al acuerdo en sí, sino a la falta de cumplimiento del mismo. «El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. (…) Culpar al acuerdo por accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad», habría afirmado Santos, para quien el fracaso «no es del acuerdo, sino de quienes han impedido que se implemente de manera integral».
Esa lectura supuestamente contrasta con la de la propia ONU. La Misión de Verificación ha reiterado que «la mayor responsabilidad la tiene el Estado» y ha advertido de que el Gobierno aún no ha definido plenamente su enfoque para la aplicación del acuerdo. Las cifras que maneja Naciones Unidas dibujan un panorama agridulce: si bien alrededor del 85% de los firmantes seguían participando en programas de reincorporación en 2026, más de 493 excombatientes han sido asesinados desde la firma, y los grupos armados ilegales han pasado de unos 15.000 integrantes en 2022 a cerca de 28.000 en la actualidad.
La crítica al gobierno de De la Espriella: «Firmando bombas como regalos»
El eje más duro de la intervención de Santos ha sido supuestamente la política de seguridad del nuevo Ejecutivo. «Me preocupa que 10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo», ha señalado, advirtiendo de que estos gestos podrían representar «un retroceso hacia la violencia del pasado».
A esta crítica se ha sumado según la información la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien ha cuestionado que la fuerza pública olvide que debe tratar a todas las personas sin discriminación: «La fuerza pública es legítima en la medida en que protege a todas las personas y les respeta sus derechos, inclusive a las personas que han cometido crímenes». En el plano institucional, el presidente de la JEP, Danilo Rojas, ha anunciado que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento, completando así la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.
La postura del gobierno de De la Espriella ha sido supuestamente calificada por Santos como una «torpeza» y una contradicción «por razones ideológicas y políticas sin ninguna lógica». El Ejecutivo ha venido reduciendo los recursos para las instituciones de implementación y ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU retirar el seguimiento a la Reforma Rural Integral, una decisión que según la información fue criticada por el propio Santos por carecer de sentido.
La contraofensiva política y el «ridículo» de Gaona
La defensa de Santos no ha quedado sin respuesta. Desde el uribismo, la senadora María Fernanda Cabal lo ha calificado de «cínico» y lo ha acusado de haber «entregado el país a las Farc». El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, ha sostenido que el acuerdo «no es un modelo para el mundo», una afirmación que Santos ha despachado citando un editorial de El Espectador: «Decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz».
Incluso desde el propio santismo se ha supuestamente reconocido el desgaste del relato. El analista Mauricio Gaona ha llegado a calificar de «ridículo» el tono de Santos en algunos de sus pronunciamientos, lo que evidencia que la batalla por la narrativa de los diez años del acuerdo no se libra únicamente entre el Gobierno y la oposición, sino también dentro de las propias filas del establecimiento político.
El contexto internacional como tabla de salvación
Ante el aislamiento interno, Santos ha supuestamente buscado refuerzo en el exterior. Su gira internacional lo ha llevado a Londres, Barcelona y Ciudad del Cabo, donde ha presentado el acuerdo colombiano como una «lección para el mundo» en materia de justicia restaurativa. En el centro Nobel de Oslo, el pasado septiembre, defendió que «la negociación no es debilidad» y que «el diálogo no significa abandonar los principios», en un momento en el que, a su juicio, «las guerras están regresando» y «la fuerza militar» se presenta como «el único lenguaje que los adversarios entienden».
Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la Presidencia de la República que responda de manera directa y detallada a las acusaciones de Santos sobre el «revisionismo» o la política de seguridad, por lo que las afirmaciones sobre las intenciones del Ejecutivo deben atribuirse según la información a las declaraciones del expresidente y a las coberturas periodísticas que las han difundido. Tampoco existe una confirmación oficial e independiente de que las cifras de reincorporación y de crecimiento de los grupos armados citadas por la ONU hayan sido validadas por el Gobierno colombiano en su totalidad.
