Proyecto de ley en Colombia limitaría la inversión a empresas extranjeras de vigilancia
Cuatro multinacionales de seguridad privada dicen que dos artículos de la normatividad las sacaría del mercado, el Polo Democrático explica que es cuestión de no dejar las armas en manos de extranjeros.
El proyecto de ley que cursa actualmente en el Senado en Colombia, pretende modificar la regulación del sector de vigilancia y seguridad privada, que se encuentra vigente desde el año 1994 y que tiene enfrentadas a cuatro empresas extrajeras y a las más de 700 empresas nacionales que operan en el mercado Colombiano, dos artículos que en el Senado ya fueron aprobados y que ahora están debatiéndose en la Cámara de Representantes, los cuales textualmente eliminan la inversión de capitales extranjeros en el sector de las empresas de Seguridad Privada.
Todos tanto empresas como gobierno y expertos en el tema, coinciden en que la actualización de la normatividad es necesaria de cara a los nuevos cambios tecnológicos que ha modificado las formas de vigilar en todas partes del mundo, el escollo salió a relucir ayer en la Comisión Segunda de la Cámara, donde tanto el Gobierno, las empresas privadas extranjeras, las nacionales privadas y los congresistas sentaron su posición frente a lo que puede suceder en ese recinto del Congreso de aquí a junio cuando deberá estar aprobada la ley, sólo faltando ese debate y uno en plenaria de Cámara. Las multinacionales que ya operan en Colombia, explican que de aprobarse esa norma, tal como hoy está redactada, las sacaría del mercado una vez se venza la licencia de operación que actualmente es por cinco años, empresas como Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, G4s Secure Solutions Colombia S. A., Securitas Colombia S. A., y la transportadora de valores Brinks de Colombia S. A., tendrían los días contados en el mercado Colombiano si es que pasa el proyecto en la Cámara baja.
Los representantes de las empresas extranjeras en Colombia dicen, que por ahora hablan sin revelar nombres, es que el proyecto 072 atenta gravemente contra la estabilidad jurídica de la inversión extranjera y por eso alistan artillería jurídica para hacer cumplir los tratados internacionales que ha firmado el país y aseguran, “estarían en riesgo más de 60.000 empleos que generamos y cerca de US$400 millones de inversión”. La Asociación Nacional de Industriales -Andi- explicó que el articulo de ley estaría debilitando las relaciones con socios de otros países de la región que sí consagran ese tipo de inversión y solicita que se elimine ese artículo del proyecto de ley”.
“El tema de fondo es el manejo de las armas en el interior de un país, la Corte Constitucional ya dijo que era legítimo limitar la inversión extranjera de seguridad privada y vigilancia, hemos dicho que los dineros externos, lejos de generar empleos, han desindustrializado el país y no vamos a dejar que cuando este sector lo maneja el 90 % de empresas nacionales, ahora vaya a abrirse un boquete para que lleguen en desbandada las externas”, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 2014 la facturación total del sector fue de $7,5 billones, de los cuales, el 7 % correspondió a las cuatro multinacionales que operan en Colombia.
En total son 740 empresas registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales se dividen en compañías de servicios de vigilancia, capacitación, cooperativas, blindadoras, empresas asesoras, transportadoras de valores y arrendadoras. Pero sin duda la puja está concentrada entre las que manejan las armas en todo el territorio nacional, y quienes dicen desde el Congreso que eso debe ser de autonomía de colombianos, los defensores de dichos artículos tienen la mirada puesta en las 7.553 armas en manos de las cuatro multinacionales, de las 85.359 que están distribuidas entre todas las empresas que prestan los servicios de seguridad y vigilancia en el país.
