La JEP imputa a nueve exmarinos y dos expolicías por 32 masacres en Montes de María y exige a los comparecientes reconocer 284 asesinatos
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer este martes 10 de noviembre de 2026 una decisión de imputación contra once antiguos integrantes de la Fuerza Pública —nueve de la Armada Nacional y dos de la Policía— a quienes señala supuestamente como «máximos responsables» de 32 masacres perpetradas en la subregión de los Montes de María entre 1999 y 2001, en las que fueron asesinadas 284 personas. La resolución, que se enmarca en el subcaso Montes de María del Caso 08 —que investiga los crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares—, incluye además 107 casos de violencias basadas en género documentados en 15 de las 32 masacres.
El patrón: estigmatización, coparticipación y «terror colectivo»
Lejos de tratarse de hechos aislados, la Sala concluyó que las masacres y las conductas criminales asociadas hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil, que según la información difundida por la JEP se articuló mediante un «alineamiento estratégico» entre estructuras paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales. El mecanismo descrito por el tribunal fue recurrente: las comunidades campesinas fueron estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las extintas FARC, y ese señalamiento convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en criterios para seleccionar a las víctimas.
Ese entramado se habría manifestado, de acuerdo con la imputación, a través de acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional, entre otras conductas que supuestamente favorecieron la ejecución o el ocultamiento de los crímenes. La JEP precisó que para configurar ese alineamiento no era necesaria la existencia de una organización única, un mando común ni relaciones permanentes de subordinación entre sus integrantes.
El Salado y Chengue, los casos emblemáticos
Entre los hechos examinados figuran dos de las masacres más emblemáticas del conflicto armado colombiano. En El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar), perpetrada en febrero de 2000, fueron asesinadas al menos 60 personas; en Chengue, corregimiento de Ovejas (Sucre), en enero de 2001, perdieron la vida 28 personas. En ambos casos se registraron además torturas, intimidaciones y desplazamientos forzados. El impacto de estos hechos se refleja en las cifras de desplazamiento: según los datos del Sistema Único de Registro de Acción Social citados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 28.207 personas abandonaron los Montes de María en el año 2000, el mismo año de la masacre de El Salado.
La violencia contra las mujeres y las niñas tuvo un lugar central en el patrón descrito. La Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales y violencias contra mujeres y niñas en 15 de las 32 masacres, y valoró que estas agresiones «fueron utilizadas para castigar, humillar y someter a las víctimas y sus comunidades».
Los once comparecientes y el paso siguiente
Los nueve exintegrantes de la Armada Nacional imputados son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Por la Policía Nacional fueron llamados Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
Algunos de estos nombres ya contaban con antecedentes en otras instancias. Según la información de Cambio Colombia, el contraalmirante retirado Rodrigo Quiñones comandaba la Brigada de Infantería de Marina No. 1 (BRIM1) cuando ocurrieron las masacres de El Salado y Chengue; la Procuraduría lo sancionó por omisión en Chengue y el Consejo de Estado confirmó esa decisión, aunque en el ámbito penal la investigación en su contra fue precluida por decisión del entonces fiscal general, según consta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El coronel (r) Arango Franco, excomandante de la Policía de Sucre, recibió en 2012 medida de aseguramiento de la Fiscalía como presunto coautor por omisión de la masacre de Chengue, y Cruz Delgadillo fue capturado en 2018 por presuntos hechos relacionados.
Los once comparecientes disponen ahora de 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación. Según precisó la JEP, si reconocen su responsabilidad y aportan verdad podrán recibir sanciones restaurativas; en caso contrario, sus expedientes podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación y, si se establece su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Un contexto institucional tenso
La decisión se conoció el mismo día en que la plenaria del Senado tenía en su agenda el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026, del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que propone que la JEP termine sus funciones en marzo de 2028 sin posibilidad de prórroga. La coincidencia no es menor: la imputación se produce en un momento en el que la propia jurisdicción de paz afronta presiones políticas y presupuestales sobre su continuidad.
Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial independiente de la JEP que desglose de manera pública y verificable cada uno de los 32 hechos imputados con sus respectivas víctimas mortales, por lo que el detalle de las masacres distintas de El Salado y Chengue debe atribuirse según la información a los autos de la Sala de Reconocimiento y a las coberturas periodísticas que han tenido acceso a ellos. Tampoco existe una confirmación oficial de que los once comparecientes vayan a reconocer o controvertir los cargos, por lo que el desenlace del proceso permanece abierto.
