Supersalud pone bajo la lupa 356.500 millones de pesos en giros directos de las EPS del régimen subsidiado.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha encendido las alarmas sobre el destino de una porción significativa de los recursos públicos del sistema de salud. Tras una revisión preventiva a las postulaciones de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, la entidad identificó posibles inconsistencias que ascienden a 356.500 millones de pesos, según el reporte oficial difundido por la Superintendencia y recogido por varios medios nacionales. Esta cifra representa el 8,25% del total de 4,3 billones de pesos que fueron objeto de análisis, de acuerdo con la información disponible.
El giro directo es el mecanismo a través del cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfiere los fondos del sector directamente a hospitales, clínicas y proveedores, con base en la información que reportan las propias EPS. La revisión de la Supersalud, según se desprende del informe, se enmarca en las acciones de seguimiento preventivo para verificar que esos recursos lleguen efectivamente a los prestadores de servicios de salud y no se diluyan en el camino.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, las alertas se concentran en dos periodos. Entre octubre y noviembre, la entidad detectó inconsistencias por aproximadamente 289.069 millones de pesos en la información reportada por las EPS. Para septiembre, la medida adoptada fue de carácter preventivo: la Supersalud excluyó temporalmente del mecanismo de giro directo a 26 prestadores de servicios de salud, por un monto que asciende a 38.724 millones de pesos, según la información facilitada por la entidad. Posteriormente, de acuerdo con la versión de la Superintendencia, esos recursos fueron redistribuidos por las propias EPS entre otros prestadores de sus redes de atención.
Las anomalías que motivaron estas alertas, según la información recopilada, incluyen acuerdos con baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos contractuales y posibles problemas en la destinación de los recursos. La Supersalud ha solicitado a las EPS que realicen los ajustes necesarios, verifiquen los soportes documentales y aclaren las inconsistencias detectadas antes de que se efectúen los desembolsos definitivos.
Un aspecto central del informe, y que la propia entidad se ha apresurado a subrayar, es que estas alertas no equivalen a recursos perdidos, desviados ni a un fraude comprobado. Según la Superintendencia, se trata de problemas de trazabilidad, soportes e inconsistencias en la información entregada por las aseguradoras, situaciones que requieren aclaración y corrección dentro de los procesos de seguimiento. La entidad insistió en que su labor es de inspección, vigilancia y control, y que el objetivo de estas revisiones preventivas es garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a los prestadores de atención a los usuarios.
El caso, según coinciden en señalar los medios que han cubierto la información, pone de relieve la complejidad de la gestión financiera del sistema de salud colombiano y la necesidad de un control riguroso sobre los flujos de recursos públicos. La Supersalud ha anunciado que continuará con el seguimiento permanente a estos procesos, de acuerdo con su comunicado, en cumplimiento de sus funciones legales. Por el momento, según la información disponible, no se ha iniciado ningún proceso sancionatorio formal contra las EPS involucradas, y las irregularidades permanecen en el terreno de las posibles inconsistencias sujetas a verificación.
