Tensión por el futuro del SENA: entre la expansión presupuestal y las alertas por posible desperdicio de recursos.
Bogotá, 6 de noviembre de 2026. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) atraviesa un momento paradójico en medio de la discusión de la Ley de Rescate Fiscal que avanza en el Congreso. Mientras la entidad se prepara para operar con uno de los presupuestos más altos de su historia, un sector de analistas y congresistas advierte que la reforma fiscal podría, supuestamente, profundizar la ineficiencia en el uso de esos recursos en lugar de optimizarlos.
De acuerdo con la información oficial publicada por el SENA, la entidad pasará de un presupuesto de $4,05 billones en 2022 a $8,51 billones para la vigencia 2027, lo que representa un crecimiento superior al 110 % en el cuatrienio. Este aumento, que la entidad ha presentado como el mayor fortalecimiento financiero de su historia, contrasta con el contexto de austeridad que el Gobierno Nacional ha planteado para el resto del sector público.
La Ley de Rescate Fiscal, radicada el pasado 29 de octubre en la Cámara de Representantes, introduce cambios en el régimen de aportes parafiscales. Según lo consignado en el articulado, la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a salud, que actualmente cubre a los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos, quedaría limitada únicamente a quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. Para el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, esta medida implica que los empleadores deberán “volver a pagar Sena, Icbf y salud por casi toda la nómina” de trabajadores que se ubiquen por encima de ese umbral.
En la práctica, y según los cálculos expuestos en el análisis de la reforma, para un trabajador con un salario de $4 millones, el empleador tendría que asumir nuevamente un 6 % de aportes patronales: un 4 % para salud, un 1 % para el SENA y un 1 % para el ICBF. Esto se traduciría en un costo adicional de aproximadamente $240.000 mensuales por empleado, es decir, cerca de $2,88 millones al año.
Para los críticos de la iniciativa, entre ellos el columnista Eduardo Lora, esta mayor disponibilidad de recursos para el SENA no necesariamente se traducirá en mejores resultados de empleabilidad o productividad. En su columna de opinión, Lora sostiene que la evidencia reciente sugiere que aumentar los títulos y certificaciones no genera automáticamente más puestos de trabajo formales, y que la Entidad podría estar entrando en una fase de “expansión acelerada” sin los correctivos necesarios para evitar el desperdicio.
El debate también ha expuesto fisuras en el frente político. Mientras el presidente del Senado, Honorio Henríquez, ha manifestado su respaldo a la reducción del tamaño del Estado, ha sido enfático al señalar que “los colombianos no aguantan un impuesto más” y que no apoyará artículos que impliquen nuevas cargas tributarias para la ciudadanía. En la misma línea, congresistas del Centro Democrático han cuestionado que el rescate fiscal se traduzca en mayores impuestos y han pedido un análisis “reposado” de la propuesta antes de tomar una posición definitiva.
Por su parte, el SENA no ha emitido un comunicado oficial específico sobre el impacto de la Ley de Rescate Fiscal en su presupuesto, aunque sus canales institucionales han difundido el crecimiento histórico de sus recursos. Mientras tanto, el proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso, un trámite que, según los analistas, no será sencillo dada la resistencia que han generado los artículos relacionados con nuevos impuestos y la modificación de los aportes parafiscales.
La discusión de fondo, según la información disponible, no es si el SENA tendrá más o menos dinero, sino si la combinación de un presupuesto récord, una reforma que amplía la base de aportantes y la promesa presidencial de otorgar un millón de certificaciones en inteligencia artificial —sin una estrategia clara de absorción laboral— terminará por validar la tesis de que, en este caso, más recursos no significan necesariamente mejores resultados.