Tribunal de Cundinamarca suspendió por 10 días proceso de destitución del alcalde Petro.

15 de enero de 2014 Vega

Registrador no descarta mover fecha de revocatoria de Gustavo Petro Alcalde de Bogotá.

Cuando todo el país estaba pendiente de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares pedidas por el alcalde Gustavo Petro, una de las cerca de 800 tutelas interpuestas por los seguidores de Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en el accidentado proceso de su destitución por la Procuraduría.

Apenas horas después de que el procurador Alejandro Ordóñez dejó en firme la sanción contra el Alcalde por el lío de las basuras en Bogotá, el magistrado del Tribunal de Cundinamarca José María Armenta Fuentes le ordenó al Gobierno que “se abstenga de darle cumplimiento” al fallo, mientras decide de fondo una tutela interpuesta por un oficial retirado de la Policía que es contratista del Distrito.

Más allá de las consideraciones de fondo, advierten magistrados consultados por el diario Colombiano EL TIEMPO, la tutela no tendría futuro jurídico por una razón que ha sido reiterada por la Corte Constitucional: que este tipo de acciones de amparo no proceden frente a decisiones de los órganos de control que pueden ser cuestionadas a través de demandas administrativas.

Pero si se impone la tesis de Armenta y la tutela en favor de Petro quedara en firme, podría incluso forzar la realización de la revocatoria de su mandato, que está prevista para el próximo 2 de marzo y cuya cancelación definitiva dependía apenas de la notificación oficial de la destitución.

Este martes en la noche, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, afirmó que el proceso para votar la revocatoria del mandato del alcalde Petro “sigue vivo”, pero señaló que la fecha del 2 de marzo “podría modificarse frente a eventualidades, como por ejemplo la suerte de la actual discusión jurídica”.

Con la tutela en juego, la suspensión, en principio, es por 10 días y mientras tanto se congela el proceso en su etapa actual: es decir, se suspenden también los términos para notificar a Petro por edicto y al Gobierno para que proceda a nombrar Alcalde encargado.

La tesis del magistrado que ordena la suspensión, que decidirá el caso con dos de sus colegas del tribunal, es que se estaría frente a una grave violación del debido proceso porque, en su concepto, la Procuraduría no puede investigar ni sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

Es una tesis polémica porque va en contravía de lo que dicen las normas legales, incluida la Constitución, y de la jurisprudencia. De hecho, el reciente fallo de esa Corte, que dejó en firme la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba, reiteró que el Procurador puede disciplinar a los elegidos popularmente. Este martes, el Tribunal de Cundinamarca analizaba la posibilidad de que la tutela, por su trascendencia jurídica, sea fallada en la Sala Plena, integrada por 30 magistrados.

Por ahora, la defensa del alcalde Petro ha ganado 10 días en su carrera por quedarse en el Palacio Liévano. Hasta el lunes, sin la tutela y sin eventuales medidas cautelares de la CIDH, se calculaba que el decreto de reemplazo no se expediría antes de tres semanas. Este martes, otro de sus abogados le pidió al Tribunal de Bogotá que suspenda la sanción mientras la Fiscalía resuelve la investigación contra el Procurador por supuesto prevaricato en el proceso de Petro.

José Gotardo Pérez Soto, coronel (r) de la Policía y actual contratista del Distrito, fue quien instauró la tutela que tiene frenada temporalmente la destitución de Gustavo Petro. Desde el 2011 hasta el 2013, Pérez ha firmado cuatro contratos con el Distrito por un valor de 184 millones de pesos. El contrato, que tiene vigente, con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, vence en abril. Pérez le dijo a EL TIEMPO que su condición de contratista no tuvo que ver con la decisión de defender al alcalde destituido.