Un ataque con explosivos deja fuera de servicio la central hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, sin víctimas mortales pero con daños “graves” en la casa de máquinas.
La Central Hidroeléctrica de Amaime, una infraestructura de 19,9 megavatios operada por Celsia en zona rural de Palmira (Valle del Cauca), fue blanco supuestamente de un atentado con explosivos en la tarde de este martes 10 de noviembre de 2026. El hecho, que no dejó personas heridas ni fallecidas, provocó daños materiales de consideración en la planta de máquinas y obligó a activar los protocolos de emergencia y a desplegar tropas del Ejército para asegurar el perímetro.
El relato de los hechos: dos versiones sobre el modus operandi
Según la información proporcionada por Celsia en un comunicado, el ataque fue perpetrado por dos hombres armados que ingresaron a las instalaciones y ubicaron un artefacto explosivo en su interior. La detonación posterior generó un incendio y causó daños estructurales en la casa de máquinas, aunque la compañía confirmó que no hubo trabajadores ni civiles afectados.
Sin embargo, versiones periodísticas difundidas en las primeras horas del suceso, supuestamente basadas en fuentes de seguridad, apuntaron a que los explosivos habrían sido lanzados desde drones contra la infraestructura. Celsia no confirmó esa versión en su pronunciamiento oficial y se limitó a señalar que el artefacto fue instalado por los hombres armados, por lo que la mecánica exacta del ataque permanece según la información disponible bajo investigación.
La atribución preliminar y el contexto de seguridad
La Tercera División del Ejército, que opera en la zona, señaló supuestamente que la acción es “atribuida preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo”, una facción de las disidencias de las extintas FARC que, de acuerdo con la institución castrense, “atenta contra la infraestructura energética y pone en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades”. Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de esa estructura armada que confirme o desmienta su participación en el atentado, por lo que la autoría debe considerarse según la información como una hipótesis preliminar de las autoridades militares.
El ataque no es un hecho aislado. Según la información recogida por Semana, en marzo de 2026 las autoridades ya habían tenido que suspender una visita a Hidroituango por razones de seguridad, y el Frente 36 de las disidencias —entonces bajo el mando de alias ‘Calarcá’— tenía en la mira tres futuras hidroeléctricas en la zona. Andesco, la asociación de empresas de servicios públicos, advirtió supuestamente que este suceso se suma a una serie de agresiones registradas en la región, incluidos atentados contra la sede de Urbaser en el Cauca.
El rechazo del sector energético y el llamado al Gobierno
La reacción del gremio energético fue inmediata. Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, condenó el atentado y advirtió que este tipo de acciones “comprometen la seguridad de los trabajadores, ponen en riesgo la continuidad del suministro eléctrico y pueden generar consecuencias para millones de ciudadanos”. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, hizo un llamado directo al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que implemente “un plan integral de protección de la infraestructura energética, con medidas preventivas, mecanismos de reacción oportuna y esquemas de seguridad” adaptados a las condiciones de cada instalación.
Celsia, por su parte, rechazó “con vehemencia” el ataque y subrayó que la central es “una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país”. La empresa no entregó según la información disponible un balance económico de las pérdidas ni precisó cuánto tiempo tomaría la recuperación de la operación, aunque confirmó que sus equipos técnicos trabajaban en evaluar las afectaciones.
Una central pequeña pero estratégica en un momento de estrechez energética
La hidroeléctrica de Amaime, que entró en funcionamiento en 2011, es una de las 40 plantas de generación que Celsia tiene en Colombia y Centroamérica. Sus 19,9 megavatios la sitúan lejos de la capacidad de grandes complejos como Hidroituango, pero su ubicación en el Valle del Cauca y su papel en el respaldo eléctrico regional la convierten en una pieza supuestamente sensible para el sistema.
El ataque se produce, además, en un contexto de estrechez energética que el propio gremio ha reconocido. Acolgen advirtió según la información disponible que el sistema eléctrico enfrenta “mayores exigencias operativas” y que, en una temporada marcada por el fenómeno de El Niño, la protección de la infraestructura existente resulta crítica para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Las preguntas abiertas
Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Nacional que confirme la identidad de los responsables materiales del atentado ni que precise si el artefacto fue instalado por los hombres armados o lanzado desde drones. Tampoco existe una confirmación independiente sobre el paradero de los dos individuos que, supuestamente, ingresaron a las instalaciones, ni sobre si la central ha reanudado parcialmente su operación. Las autoridades mantienen el despliegue en la zona y han solicitado a la ciudadanía información que permita identificar a los autores. El caso, en todo caso, evidencia según la información disponible la vulnerabilidad de la infraestructura energética colombiana frente a actores armados que operan en zonas rurales del Valle del Cauca.
