Bruselas tensiona la competitividad de los puertos canarios con el régimen ETS mientras la banca europea financia la expansión portuaria de Marruecos.

La aplicación progresiva del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) al transporte marítimo y la negociación del próximo marco presupuestario comunitario han colocado a los puertos de Canarias en una posición de supuesta desventaja frente a las infraestructuras portuarias que Marruecos está desplegando a escasas millas del archipiélago, y que según distintas fuentes se benefician de financiación de instituciones europeas. Las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han trasladado su preocupación a Bruselas y han coordinado su posición con el Gobierno de Canarias para reclamar un trato singular para las regiones ultraperiféricas (RUP), según la información recogida por Libertad Digital y La Gaceta.

El epicentro de la controversia económica es el régimen ETS, que desde 2024 obliga a las navieras que escalan en puertos comunitarios a entregar derechos de emisión por los trayectos realizados. Según las estimaciones que manejan las autoridades portuarias canarias, el sobrecoste puede alcanzar hasta 150.000 euros por buque en determinados supuestos. La aplicación ha sido gradual: en 2024 y 2025 se exigió el pago por el 40% de las emisiones verificadas; en 2026 la proporción ha escalado al 70%, y a partir de 2027 alcanzará el 100%, de acuerdo con la información difundida por Libertad Digital y El Debate. La consecuencia que advierten los operadores es un desvío de rutas hacia puertos extracomunitarios —fundamentalmente marroquíes— para evitar el coste regulatorio, un fenómeno que según el presidente de Puertos del Estado, recogido por La Provincia, ya se está produciendo en el Estrecho de Gibraltar.

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha advertido del riesgo de recorte de fondos estructurales en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la UE. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha reclamado a La Moncloa que defienda los intereses del archipiélago ante la propuesta de reducir un 8% el presupuesto comunitario, según declaraciones recogidas por RTVC. Aunque no existe una decisión formal adoptada, la combinación de mayores costes regulatorios y menores recursos disponibles es la base sobre la que las autoridades canarias construyen su discurso de “tormenta perfecta” para los muelles del archipiélago, según la expresión utilizada por Libertad Digital.

Al otro lado del Estrecho, Marruecos ejecuta un plan de expansión portuaria sin precedentes. El complejo de Tánger Med gestionó 11,1 millones de TEU en 2025 y prepara una nueva terminal que, según las previsiones del Gobierno marroquí recogidas por The Maritime Executive y ABC, elevará su capacidad total hasta los 20 millones de contenedores, con una inversión anunciada de 8.000 millones de dirhams (unos 730 millones de euros). El puerto de Nador West Med, situado a unos 30 kilómetros de Melilla, tiene prevista su entrada en servicio a finales de 2026 con una capacidad inicial de hasta 5 millones de TEU, según El Estrecho Digital. Y el puerto de Dajla Atlántico, en el Sáhara Occidental, lleva un avance de obra superior al 74% a finales de septiembre de 2026, con una entrega global prevista para finales de 2028, según Maritime News Maroc; su puesta en marcha operativa se proyecta hacia 2029, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Equipamiento y Agua de Marruecos citadas por La Razón.

La financiación europea de estas infraestructuras es el punto que las autoridades españolas y canarias consideran más contradictorio. Según la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta parlamentaria del eurodiputado Borja Giménez Larraz, difundida en junio de 2026, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) ha concedido préstamos por 310 millones de euros al puerto de Nador West Med en 2015, 2022 y 2025, además de una subvención de 5 millones. El complejo de Tánger Med recibió apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 40 millones en 2007 y 200 millones en 2010, según la misma respuesta parlamentaria. La Comisión sostiene, de acuerdo con el texto oficial, que estas inversiones “crean nuevas oportunidades y mercados” y contribuyen a la estabilidad regional, y que el riesgo de elusión del ETS está siendo monitorizado en el marco de la revisión del régimen prevista para los próximos meses.

Las autoridades portuarias canarias han llevado esta asimetría regulatoria al terreno político. Según Libertad Digital, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el subdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Airam Díaz, han cerrado filas con Clavijo durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, celebrada en Guadalupe, para exigir a los gobiernos de España, Francia y Portugal que reclamen en Bruselas un trato diferenciado para los puertos RUP. Las dos autoridades canarias han culminado además la creación de la primera Asociación de Puertos de las Regiones Ultraperiféricas, que agrupa a nueve enclaves marítimos de la UE —seis franceses, dos portugueses y el sistema portuario canario—, de acuerdo con la información publicada por Libertad Digital. En mayo de 2026, Canarias, junto a las RUP francesas y portuguesas, ya había reclamado formalmente a la UE flexibilidad en la aplicación del ETS, según la información de la agencia EFE.

La diputada canaria y presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha resumido la posición del archipiélago en una fórmula que recoge La Provincia: la UE “da privilegios a Marruecos a costa nuestra”. Siempre según las fuentes consultadas, la preocupación no es solo por la pérdida de tráfico de contenedores, sino por el suministro básico del archipiélago y por el empleo vinculado a los servicios portuarios, logísticos y de reparación naval que podrían desplazarse hacia los complejos marroquíes. La Comisión Europea, por su parte, no ha adoptado por el momento ninguna medida específica para corregir la asimetría regulatoria denunciada, más allá del compromiso de evaluar el riesgo de elusión en la revisión del ETS, según la respuesta oficial remitida al Parlamento Europeo.