Los ex-guerrilleros podrán aspirar a curules especiales para zonas golpeadas por el conflicto armado.

Una lluvia de preguntas y sospechas ha caído desde el miércoles sobre las curules especiales en la Cámara para las zonas más golpeadas por el conflicto, tras un eventual acuerdo de paz con las Farc. Este punto ha sido, de hecho, uno de los más polémicos del acuerdo sobre participación política que ese día anunciaron en La Habana el Gobierno y el grupo armado.  Que “por ahí es que se van a colar los guerrilleros al Congreso”, y que “son las Farc las que van a definir esas zonas para incluir los lugares donde tienen influencia”, han dicho los opositores y los más desconfiados con el proceso de paz.

La primera deducción, que a algunos aterra, es claramente una posibilidad. Pero de eso se trata un proceso de paz. De abrir las puertas de la democracia a quienes cambian las balas por votos. A la vez, los ex-guerrilleros tendrán que acoger las reglas de esa democracia.

Como explica el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, “un movimiento social asociado a las Farc, una vez se desarmen, puede presentar un candidato, pero este debe competir con los candidatos de otros movimientos, de víctimas o campesinos. No podrán ir por esas curules especiales, en todo caso, los ex-combatientes con delitos atroces, sobre los que no se ha definido el futuro y entre los que están los máximos jefes de las Farc. Al final, serán los votos de los habitantes de las zonas donde mayor impacto ha provocado el conflicto los que definirán para quiénes serán los cupos en la Cámara.

Y si lo que asusta es que esas curules sean tomadas por antiguos combatientes de las Farc, solo hace falta ir a una región con presencia fuerte de esta guerrilla, como el Guaviare, para darse cuenta de que es mucha la gente que no la quiere. Es más, la reciente encuesta de la Universidad de los Andes mostró que el 69,3 por ciento de los habitantes de zonas de conflicto no respaldan la participación política de las Farc. Y los que sospechan de los pobladores de estos lugares, olvidan que la mayoría no ha apoyado a esta guerrilla, sino que la ha sufrido, como a otros grupos armados.

Por esta razón, uno de los retos frente al acuerdo del Gobierno y las Farc es dar garantías de seguridad y transparencia a los ciudadanos que competirán con ex-guerrilleros por las curules especiales. Es obvio que las zonas de conflicto son eso porque hay más que Farc. Si se quisiera hilar más delgado, hasta grupos de excombatientes de otros grupos armados que hoy hacen parte de la legalidad podrían organizarse para buscar una curul.

En últimas, como explica el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, las circunscripciones especiales “no son para fomentar la representación del movimiento que surja de las Farc, sino para aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo”.

A tono con esto, el derecho al voto para esas circunscripciones especiales transitorias está reservado para quienes viven y han vivido históricamente en las zonas que las tendrán. La misma condición se aplicará para quienes se someten a la votación. Y será así porque, como afirma Sergio Jaramillo, esas curules están concebidas como “una medida de integración territorial, de inclusión y reparación para las regiones que han estado por fuera del radar de la representación política”.

Es más, los habitantes de estas zonas tendrán derecho a dos votos. Podrán participar también en la elección de los candidatos de sus departamentos, pues las circunscripciones especiales están limitadas a subregiones que han soportado la guerra con mayor intensidad.

Cuáles serán está por definirse, y el criterio, de acuerdo con las informaciones oficiales, serán las estadísticas de la violencia y el sufrimiento generados por el enfrentamiento de los grupos armados que ha tenido el país. Ejemplos podrían ser el oriente lejano de Antioquia, el Catatumbo o la región de Urabá.

Es en la lógica de “ampliar la democracia”, como quedó definido en el acuerdo del Gobierno y las Farc, que encaja la idea de que los movimientos sociales que incursionen en la política a partir de un acuerdo de paz no pierdan su personería jurídica si no alcanzan el umbral electoral. Es decir, el porcentaje de votos que deben obtener para ocupar una curul y que para las próximas elecciones será el 3 por ciento del potencial de votantes. Y este es, precisamente, uno de los cambios previstos en el actual sistema político. Los movimientos que no logren el umbral mantendrán financiación y acceso a medios de comunicación institucionales para que puedan hacerse visibles.

Al lado de los partidos hoy existentes van a participar en la construcción del estatuto de la oposición, la ley de garantías electorales y los planes de desarrollo territoriales. En fin, serán colombianos hasta ahora marginados de la política por las intimidaciones armadas, y también ex-guerrilleros, haciendo parte del debate. Para ellos cambia todo, y para los partidos que hoy conocemos, como es obvio, será más grande la competencia por los votos.

Así sería la política en Colombia en el escenario de las Farc sin armas. El acuerdo de La Habana le da razones a esta guerrilla para dejarlas, y si eso es lo que pide el resto de los colombianos, la contraprestación es aceptarlas en el juego democrático.

El esquema integral de seguridad para garantizar la participación en política de los movimientos que surjan a partir de un eventual proceso de paz no solo tendrá un alto consejero dedicado a este tema, sino que incluirá un esquema de inteligencia. La idea es trascender la protección y la vigilancia. La Fiscalía tendrá un papel clave.

Por:Marisol Gomez.