De la Espriella afronta un pulso político por la posible participación de tropas de EE. UU. en operaciones contra el narcotráfico
El Gobierno colombiano estudia el respaldo que tendría en el Congreso para ampliar la cooperación militar con Washington. El presidente niega haber rechazado una propuesta estadounidense, mientras persisten las dudas sobre el alcance de cualquier autorización y sus implicaciones para la soberanía nacional.
La posibilidad de que militares estadounidenses participen en operaciones contra organizaciones narcotraficantes dentro de Colombia ha comenzado a generar inquietud en el escenario político nacional. El Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene su apuesta por estrechar la relación de seguridad con la Administración de Donald Trump, pero la posibilidad de dar un paso más y permitir una intervención operativa de fuerzas extranjeras ha abierto un debate que podría terminar trasladándose al Congreso de la República.
La controversia se intensificó después de que The New York Times publicara una información según la cual el mandatario colombiano habría comunicado a funcionarios estadounidenses que no permitiría la participación de tropas de ese país en operaciones militares contra organizaciones criminales en territorio colombiano. El periódico también sostuvo que el Ejecutivo no tendría garantizados los votos necesarios para sacar adelante una eventual autorización legislativa.
La versión fue rechazada públicamente por De la Espriella. El presidente aseguró que no ha descartado ninguna propuesta del Gobierno de Donald Trump y defendió que la cooperación bilateral continúa fortaleciéndose en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el cruce de declaraciones no ha cerrado la discusión. Al contrario, ha situado el foco en una cuestión de fondo: hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en su colaboración militar con Estados Unidos y qué condiciones políticas y jurídicas serían necesarias para hacerlo.
El Congreso, una pieza decisiva para los planes del Ejecutivo
Uno de los principales obstáculos que tendría que afrontar el Gobierno es la necesidad de conseguir respaldo parlamentario si pretende autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 173, numeral cuarto, que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el país. Además, el artículo 189, numeral séptimo, contempla que el presidente puede conceder ese permiso durante el receso del Senado, pero únicamente después de recibir el dictamen del Consejo de Estado.
Se trata de una previsión constitucional que sitúa al Legislativo en una posición determinante ante cualquier iniciativa que implique presencia militar extranjera bajo las condiciones contempladas en esos artículos.
La cuestión resulta especialmente delicada porque no se estaría hablando únicamente de intercambios de información, asesoramiento o formación militar, sino de una eventual participación de efectivos estadounidenses en actuaciones operativas dentro de Colombia. Son escenarios distintos y no deberían confundirse.
Según la información publicada por El Espectador el 19 de noviembre, la Casa de Nariño estaba valorando si presentar formalmente la solicitud ante el Congreso. El medio señaló que el anuncio realizado por el canciller Omar Bula no se había traducido todavía en una petición registrada en el Capitolio y que el Ejecutivo estaba examinando los apoyos que podría conseguir.
La publicación también apuntó a la existencia de cautela dentro de sectores de la propia coalición oficialista. Aunque el acercamiento con Washington cuenta con respaldo político entre los aliados del presidente, ese apoyo no significa necesariamente que todos estén dispuestos a autorizar la participación de fuerzas extranjeras en operaciones dentro del país.
Por ahora, no debe darse por hecho que exista una autorización aprobada ni que el Congreso haya dado luz verde a ese escenario.
De la Espriella niega haber rechazado la propuesta estadounidense
La respuesta del presidente llegó después de la publicación del reportaje del diario estadounidense. De la Espriella calificó de falsa la versión sobre un supuesto rechazo a la cooperación militar y afirmó que las peticiones de su Gobierno a Washington están centradas en reforzar las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas.
Según explicó el mandatario, el objetivo sería conseguir más recursos, tecnología, herramientas operativas y capacidades de inteligencia para combatir a los grupos narcotraficantes y otras organizaciones criminales.
También sostuvo que solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano no ha sido la prioridad de su Administración y recordó que una decisión de ese alcance tendría que ajustarse a las competencias del Congreso y a los procedimientos establecidos por la Constitución.
La polémica adquirió una dimensión adicional cuando Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, respaldó públicamente la posición del presidente colombiano y calificó de falsa la información sobre un supuesto distanciamiento entre ambos gobiernos.
No obstante, The New York Times mantuvo su investigación. La periodista Julie Turkewitz, responsable de la corresponsalía del diario en la región andina y una de las autoras del artículo, explicó que el equipo periodístico había intentado contactar en varias ocasiones con la Presidencia colombiana antes de publicar la información. Según señaló, el periódico incorporó posteriormente la respuesta de De la Espriella, pero mantuvo su respaldo a la investigación y a las fuentes utilizadas.
Por tanto, existen dos versiones enfrentadas: la del mandatario, que niega haber rechazado el ofrecimiento estadounidense, y la del periódico, que sostiene que su información está respaldada por fuentes consultadas durante la elaboración del reportaje.
El Escudo de las Américas y el alcance de la cooperación
El debate se produce en un momento en el que Colombia busca reforzar su relación de seguridad con Estados Unidos a través de iniciativas regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto de 2026 de la incorporación de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas. En aquel comunicado, la cartera de Defensa presentó la adhesión como una fórmula para fortalecer la coordinación internacional frente al narcotráfico, el terrorismo y las redes criminales transnacionales.
El anuncio también recogió la formalización de un acuerdo bilateral de cooperación con Estados Unidos destinado a reforzar el trabajo entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense.
Sin embargo, la existencia de mecanismos de cooperación no significa automáticamente que las fuerzas de otro país puedan desarrollar operaciones militares autónomas en territorio colombiano. Para determinar qué actividades están permitidas habría que examinar los términos concretos de los acuerdos, sus instrumentos jurídicos y las autorizaciones que correspondan.
La diferencia es importante. El intercambio de inteligencia, la asistencia técnica, el entrenamiento de unidades colombianas y la participación directa de soldados extranjeros en operaciones sobre el terreno no son actuaciones equivalentes.
En septiembre, La Silla Vacía informó de que el Consejo de Estado había confirmado, tras una consulta de la organización Temblores, que no había recibido durante el periodo consultado una solicitud del Gobierno relacionada con el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas estadounidenses en Colombia. Esa información reflejaba que, al menos entonces, no se había activado formalmente ese procedimiento ante el alto tribunal.
El contexto también incluye la presencia de militares estadounidenses en ejercicios de entrenamiento. El País informó en octubre sobre la llegada de alrededor de 350 efectivos estadounidenses a la base de Tolemaida para actividades presentadas como ejercicios de formación y cooperación. Ese tipo de despliegues debe analizarse de acuerdo con su finalidad y autorización, sin equipararlo automáticamente a una operación de combate.
Una decisión que puede tener consecuencias políticas y diplomáticas
La eventual autorización para que militares estadounidenses participen en operaciones dentro de Colombia tendría implicaciones que van más allá de la relación bilateral. También podría convertirse en un asunto de fuerte confrontación entre el oficialismo, la oposición y los sectores que defienden una cooperación internacional más limitada.
Quienes respaldan una mayor colaboración con Washington pueden argumentar que el apoyo tecnológico, la inteligencia y la capacidad operativa estadounidense ayudarían a combatir estructuras criminales que actúan en zonas fronterizas y mantienen conexiones internacionales.
En el lado contrario, las reservas pueden centrarse en la soberanía nacional, el control político de las operaciones, la responsabilidad por posibles daños a civiles y la necesidad de que las Fuerzas Armadas colombianas mantengan el mando sobre las actuaciones desarrolladas en su propio territorio.
Estas preocupaciones no implican necesariamente un rechazo a toda cooperación con Estados Unidos. El debate está en las condiciones y los límites de esa colaboración, especialmente cuando puede suponer la intervención directa de efectivos extranjeros.
Por ahora, el Ejecutivo tiene por delante una tarea política y jurídica: aclarar qué tipo de cooperación pretende impulsar, qué alcance tendría una eventual participación estadounidense y qué procedimiento constitucional considera necesario seguir.
La discusión también deja una cuestión pendiente para el Congreso: si el Gobierno presenta finalmente una solicitud, los senadores tendrán que valorar no solo la relación con Estados Unidos, sino también las condiciones concretas de una autorización que podría afectar a la política de seguridad nacional.
Mientras tanto, no existe base suficiente para afirmar que Colombia haya autorizado ya una participación militar estadounidense en operaciones contra organizaciones criminales. Lo que sí está sobre la mesa es una negociación política y diplomática cuyo desenlace dependerá de las decisiones del Gobierno, de los procedimientos constitucionales y del respaldo que pueda reunir en el Legislativo.
La controversia, por tanto, continúa abierta. De la Espriella defiende que su Gobierno no ha rechazado la cooperación con Trump, mientras el reportaje del New York Times mantiene su versión sobre las conversaciones con funcionarios estadounidenses. La respuesta definitiva no estará únicamente en las declaraciones públicas: dependerá de los documentos oficiales, de los términos de cualquier acuerdo y de si el Ejecutivo decide llevar la cuestión al Senado.
Fuentes consultadas y contraste
- El Espectador: El Gobierno de De la Espriella y el debate interno por los operativos con tropas estadounidenses. EL ESPECTADOR+1
- La Silla Vacía: De la Espriella desmiente el informe del NYT sobre operaciones conjuntas. La Silla Vacía+1
- El Heraldo: The New York Times ratifica su posición sobre el artículo. ELHERALDO.CO+1
- Ministerio de Defensa de Colombia: Comunicado sobre el ingreso al Escudo de las Américas. mindefensa.gov.co
- Constitución Política de Colombia: Artículo 173 y competencias del Senado. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
- El País: Información sobre la presencia de militares estadounidenses en Tolemaida.

