viernes, noviembre 20, 2026
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El cierre de los comercios tradicionales de Monserrate deja a decenas de familias sin ingresos y abre un conflicto ambiental en Bogotá

La suspensión de la actividad comercial en el sendero peatonal de Monserrate ha dejado a unas 70 familias en una situación de incertidumbre económica, según la información publicada por medios colombianos. La medida fue adoptada tras una actuación de la CAR sobre ocupaciones y construcciones en una zona protegida. Aunque la investigación ambiental habría sido archivada, la prohibición de vender en el recorrido continúa, lo que mantiene abierto el enfrentamiento entre los comerciantes y las autoridades.

El tradicional camino peatonal que conduce al santuario de Monserrate, uno de los lugares más reconocibles de Bogotá, atraviesa una situación que va mucho más allá de una intervención sobre varios establecimientos. Desde finales de julio, los puestos comerciales que durante años han ofrecido alimentos, bebidas, artesanías y otros productos a los visitantes permanecen cerrados, dejando a numerosas familias sin una de sus principales fuentes de ingresos.

La medida ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar la protección ambiental de los Cerros Orientales con la actividad económica de quienes aseguran llevar décadas trabajando en este enclave turístico. Según la información publicada por El Espectador el 20 de noviembre de 2026, alrededor de 70 familias se han visto afectadas por la prohibición de ejercer el comercio en el sendero.

El conflicto se originó el 29 de julio, cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adoptó una medida preventiva después de una inspección solicitada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La actuación incluyó el sellamiento de establecimientos y la suspensión de actividades que, según las autoridades ambientales, podían afectar el entorno protegido.

La actuación ambiental que desencadenó el cierre

El IDRD explicó en un comunicado oficial publicado el 29 de julio que la visita técnica permitió identificar 33 ocupaciones en un sector del predio Parque Nacional asociado al sendero de Monserrate. La CAR ordenó suspender preventivamente actividades de construcción, ocupación e intervención física que consideraba no autorizadas.

El instituto distrital señaló que la medida permanecería vigente mientras avanzaban las actuaciones técnicas, jurídicas y ambientales correspondientes. También precisó que su responsabilidad consiste en administrar el recorrido peatonal y realizar labores de mantenimiento, aseo y conservación, mientras que la autoridad ambiental competente para la protección y vigilancia de la reserva es la CAR.

Por su parte, una investigación publicada por Plaza Capital el 17 de septiembre habló del sellamiento de 32 establecimientos comerciales. La diferencia entre las 32 instalaciones mencionadas por ese medio y las 33 ocupaciones recogidas en el comunicado del IDRD debe tenerse en cuenta: no son necesariamente cifras equivalentes, puesto que una ocupación identificada durante una inspección no tiene por qué corresponder exactamente a un establecimiento comercial.

Las autoridades justificaron la intervención por la necesidad de evitar posibles daños en una zona de especial protección ambiental. Entre las preocupaciones expuestas en la información periodística figuran la ocupación del terreno, las construcciones sin autorización, la gestión de residuos y el posible vertimiento de aguas residuales.

La CAR sostiene, según las declaraciones recogidas por Plaza Capital, que las actividades desarrolladas en estos espacios deben ajustarse a las exigencias ambientales aplicables. Entre ellas se encuentran los sistemas adecuados para tratar las aguas residuales, la gestión de basuras y las limitaciones a las obras que puedan alterar el suelo o la vegetación.

Familias que aseguran llevar generaciones trabajando en la montaña

Al otro lado del conflicto están los comerciantes, que defienden su vinculación histórica con Monserrate y denuncian las consecuencias económicas que ha tenido el cierre de sus negocios.

Algunas de estas familias se identifican como habitantes tradicionales o nativos del cerro y sostienen que su relación con la montaña viene de varias generaciones. Su actividad se ha desarrollado alrededor del tránsito de turistas, deportistas, peregrinos y visitantes que utilizan el sendero para subir hasta el santuario.

La venta de alimentos, bebidas, recuerdos y artesanías ha constituido durante años una fuente de ingresos para estos trabajadores. Por eso, la suspensión de la actividad no afecta únicamente a quienes atienden directamente los puestos, sino también a otros miembros de las familias que dependen de esos negocios.

En declaraciones recogidas por Plaza Capital, uno de los comerciantes afectados reclamó que se les explique qué incumplimientos concretos se les atribuyen y qué tendrían que hacer para corregirlos. El mismo testimonio planteaba incluso la posibilidad de estudiar cambios en la ubicación de las viviendas o de los establecimientos si fuera necesario para cumplir las exigencias ambientales.

El senador Carlos Fernando Motoa, conocido públicamente como Wally, también denunció en agosto las consecuencias sociales de la medida. Según sus declaraciones, difundidas en redes sociales y recogidas por medios de comunicación, el cierre habría dejado a más de 300 personas vinculadas económicamente a las 70 familias sin su sustento habitual.

Esa cifra corresponde a la estimación difundida por el congresista y no debe interpretarse como un censo oficial de personas afectadas. Aun así, permite dimensionar el alcance social que podría tener una decisión que, sobre el terreno, afecta a una comunidad que afirma depender de una actividad comercial desarrollada durante décadas.

La investigación ambiental y las dudas sobre el futuro de los establecimientos

Uno de los elementos que ha añadido incertidumbre al caso es la evolución de las actuaciones administrativas iniciadas después de la intervención de julio.

El Espectador señala en su publicación del 20 de noviembre que la investigación abierta por las posibles afectaciones ambientales fue archivada, pero que la prohibición de vender en el sendero continúa vigente. Esta circunstancia plantea una cuestión importante: el archivo de una investigación no implica necesariamente que desaparezcan todas las medidas preventivas o que los establecimientos puedan reabrir de manera automática.

Conviene distinguir ambos procedimientos. Una investigación busca determinar si se produjeron incumplimientos y quiénes serían responsables, mientras que una medida preventiva puede mantenerse por razones ambientales o administrativas mientras no se acrediten las condiciones necesarias para levantarla.

Por el momento, la información pública consultada del IDRD confirma la adopción de la medida preventiva y la identificación de las ocupaciones, pero no ofrece en ese comunicado una explicación detallada sobre el posterior archivo al que hace referencia El Espectador. Por ello, ese extremo debe atribuirse a la información publicada por dicho periódico y no presentarse como una resolución cuyo contenido se haya podido verificar directamente.

La cuestión fundamental es saber qué condiciones tendrían que cumplir los comerciantes para que la actividad pudiera desarrollarse de nuevo de manera compatible con la normativa ambiental.

El precedente de 2017 y la recuperación del espacio público

El conflicto actual también recuerda que Monserrate ha sido escenario de intervenciones anteriores relacionadas con la organización del comercio y la protección del tránsito peatonal.

En abril de 2017, la Defensoría del Espacio Público de Bogotá informó de un operativo para retirar 70 casetas y elementos que obstaculizaban el acceso al santuario. Según el balance oficial, aquella actuación permitió recuperar 1.000 metros cuadrados de espacio público efectivo y otros 2.500 metros cuadrados de área de influencia.

En aquella ocasión, el Distrito explicó que se habían celebrado siete mesas de trabajo con vendedores informales y que se había habilitado un espacio alternativo para comercializar productos. El Instituto para la Economía Social (IPES) había caracterizado a 70 vendedores y, de acuerdo con el comunicado, 50 habían aceptado las alternativas ofrecidas.

No obstante, aquella intervención de 2017 no debe confundirse con la actuación ambiental de julio de 2026. Se trata de episodios distintos, separados por varios años y con motivos administrativos diferentes. El antecedente sirve para mostrar que la organización de la actividad comercial en los accesos a Monserrate lleva tiempo siendo objeto de debate, pero no demuestra por sí mismo que los establecimientos afectados ahora sean los mismos que fueron retirados entonces.

La protección de los Cerros Orientales, otro elemento del debate

Monserrate forma parte del entorno de los Cerros Orientales de Bogotá, un espacio de gran valor ambiental para la capital colombiana. La protección de estos terrenos está sometida a instrumentos de planificación y restricciones destinadas a evitar ocupaciones y transformaciones que puedan perjudicar el ecosistema.

El IDRD recordó en su comunicado que la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá cuenta con un Plan de Manejo que determina qué actividades están permitidas, cuáles requieren condiciones específicas y cuáles se encuentran prohibidas.

La CAR, como autoridad ambiental competente, debe evaluar si las actividades desarrolladas en el sendero se ajustan a esas disposiciones. Por tanto, la antigüedad de un negocio o la existencia de una tradición comercial no eximen automáticamente del cumplimiento de la normativa ambiental.

Al mismo tiempo, la situación de las familias afectadas plantea la necesidad de estudiar soluciones que tengan en cuenta el impacto social de las decisiones administrativas. La protección del entorno natural y el derecho al trabajo son cuestiones que deben abordarse dentro del marco legal, sin dar por hecho que una de ellas elimina las obligaciones de las autoridades respecto a la otra.

Plaza Capital informó en septiembre de que representantes de la comunidad, integrantes del Concejo de Bogotá y personal técnico de la CAR participaban en espacios de diálogo para estudiar posibles alternativas. Entre las opciones planteadas figuraba que los comerciantes elaborasen una propuesta de manejo sostenible que pudiera ser evaluada por las autoridades.

Una solución pendiente para comerciantes y visitantes

La continuidad del cierre deja abiertas varias preguntas: qué ocurrirá con los establecimientos, si se permitirá alguna fórmula de reubicación, qué requisitos ambientales deberán cumplir los comerciantes y si existe un calendario para resolver la situación.

Por ahora, no puede afirmarse que los negocios vayan a reabrir ni que el cierre sea necesariamente definitivo. Tampoco sería correcto concluir que los comerciantes hayan cometido infracciones ambientales sin una resolución que determine responsabilidades individuales.

Lo que sí está documentado es que la CAR adoptó una medida preventiva el 29 de julio, que el IDRD identificó 33 ocupaciones durante la visita técnica y que la actividad comercial quedó suspendida en el sector afectado. A ello se suma la denuncia de las familias, que aseguran llevar generaciones vinculadas a Monserrate y reclaman una salida que les permita recuperar sus ingresos.

El futuro del sendero dependerá de que las autoridades aclaren el alcance de las restricciones y de que cualquier alternativa propuesta pueda cumplir las exigencias de protección ambiental. Mientras tanto, el conflicto continúa dejando una imagen muy distinta de la habitual estampa turística de Monserrate: establecimientos cerrados, carteles en defensa del derecho al trabajo y una comunidad pendiente de una solución que todavía no ha llegado.

Nota de rigor: Las cifras sobre familias y personas afectadas se atribuyen a las publicaciones y declaraciones que las difundieron. Las referencias a posibles daños ambientales se presentan como motivos de la actuación administrativa, no como responsabilidades individuales demostradas. El archivo de la investigación mencionado por El Espectador tampoco se interpreta como una autorización automática para reabrir los negocios.

Fuentes utilizadas y contraste

  • IDRD – comunicado oficial del 29 de julio de 2026: explica la medida preventiva, las 33 ocupaciones identificadas y las competencias del instituto y de la CAR. Instituto Distrital de Recreación y Deporte
  • Portal oficial de Bogotá: reproduce la información institucional sobre la actuación ambiental en el sendero. Bogotá.gov.co
  • Plaza Capital – 17 de septiembre de 2026: recoge la versión de los comerciantes, las explicaciones de la CAR y el debate sobre las condiciones ambientales. plazacapital.co+1
  • Defensoría del Espacio Público de Bogotá: documenta la intervención de 2017 y las alternativas ofrecidas entonces a vendedores informales. dadep.gov.co
  • Al Punto – agosto de 2026: recoge las declaraciones del senador Wally sobre el impacto económico en las familias. Al Punto
  • El Espectador – 20 de noviembre de 2026: información de referencia sobre las 70 familias y el archivo de la investigación, extremo que he atribuido expresamente al periódico.

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