La Corte Constitucional busca una salida al conflicto entre indígenas sikuani y menonitas por tierras en el Meta
PUERTO GAITÁN (META) | JUSTICIA Y TERRITORIO | 20 DE NOVIEMBRE DE 2026
La disputa por territorios que la comunidad indígena Barrulia considera ancestrales ha llegado a uno de los escenarios judiciales más importantes de Colombia. La Corte Constitucional examina un conflicto en el que confluyen reclamaciones territoriales, derechos de propiedad privada, desplazamientos históricos, dificultades de acceso a tierras y denuncias de afectaciones medioambientales. Una controversia que mantiene enfrentados dos modelos de vida y que pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar los derechos de las comunidades indígenas sin desconocer las garantías de terceros.
La situación se desarrolla en Puerto Gaitán, departamento del Meta, donde la comunidad indígena Barrulia, perteneciente al pueblo Sikuani, reclama la recuperación de territorios que considera fundamentales para su supervivencia cultural y material. En la otra parte del conflicto se encuentran integrantes de la comunidad religiosa menonita y otros particulares que defienden sus derechos sobre diferentes propiedades situadas en la zona.
El asunto ha adquirido una especial relevancia después de que la Corte Constitucional incorporase nuevas actuaciones al expediente y decidiese profundizar en las circunstancias históricas, jurídicas, sociales y ambientales que rodean esta controversia.
La discusión no se limita a determinar quién figura como propietario de determinadas parcelas. También plantea una cuestión de mayor alcance: cómo deben protegerse los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas que, debido a sus costumbres y a los desplazamientos sufridos durante décadas, no siempre han mantenido una ocupación permanente de los mismos.
Un territorio que los Barrulia llevan décadas intentando recuperar
Para comprender el origen del conflicto es necesario remontarse varias décadas atrás.
Según los antecedentes recogidos por la propia Corte Constitucional en el Auto 1453 de 2026, la comunidad Barrulia mantiene que se estableció de manera semipermanente en diferentes zonas de la altillanura del Meta durante la década de 1930.
Su relación con el territorio se vio alterada por distintos episodios históricos. Entre ellos figuran los enfrentamientos posteriores a la movilización de las guerrillas liberales en 1945, la masacre de Las Planas de 1969 y los posteriores procesos de colonización, ocupación y cercamiento de terrenos.
A estas circunstancias se suma la movilidad estacional característica de esta comunidad Sikuani, cuya forma tradicional de vida no responde necesariamente al modelo de asentamiento permanente que suele utilizarse para acreditar la ocupación de una propiedad.
Los Barrulia sostienen que esos acontecimientos terminaron dificultando su acceso a espacios que consideran parte de su territorio ancestral, incluidos lugares vinculados a sus prácticas culturales y tradicionales.
La comunidad ha defendido durante años que la ausencia de una presencia física continuada no puede interpretarse automáticamente como una renuncia a sus derechos territoriales, especialmente cuando esa situación estaría relacionada con desplazamientos y circunstancias históricas ajenas a su voluntad.
En octubre de 2017, sus representantes solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la aplicación de medidas de protección provisional sobre el territorio ancestral. La petición comprendía 42 predios situados en Puerto Gaitán.
Sin embargo, el reconocimiento administrativo no llegó hasta el 6 de junio de 2024 y únicamente afectó inicialmente a dos terrenos: Cuba Libre y Campoalegre.
La decisión supuso un avance para las reclamaciones indígenas, aunque no resolvió por completo el problema de acceso y recuperación material de las tierras.Corte Constitucional+1
Cuba Libre, el terreno que se ha convertido en el centro de la controversia
Uno de los puntos más delicados del procedimiento es el predio denominado Cuba Libre.
De acuerdo con la documentación examinada por la Corte Constitucional, este terreno comprende algo más de 63 hectáreas que permanecen bajo dominio de la Nación y que fueron identificadas como baldíos estatales después de un procedimiento de recuperación adelantado por la Agencia Nacional de Tierras.
La ANT determinó que el terreno debía entregarse a la comunidad Barrulia. Sin embargo, surgió un problema que ha complicado considerablemente la ejecución de esa decisión: el predio está rodeado por otras propiedades y carece de una vía pública de acceso.
Según los informes incorporados al expediente judicial, los propietarios o responsables de algunos terrenos colindantes no habrían permitido utilizar los caminos internos necesarios para llegar hasta Cuba Libre.
La situación llegó a un punto especialmente significativo el 24 de enero de 2025, cuando, según la información trasladada a la Corte, integrantes de la comunidad menonita impidieron el acceso a funcionarios encargados de realizar actuaciones relacionadas con la recuperación material del inmueble.
La Agencia Nacional de Tierras tuvo que acudir entonces a procedimientos administrativos y judiciales para intentar conseguir una servidumbre de tránsito que permitiera acceder al terreno.
El problema evidencia que una decisión administrativa favorable a una comunidad indígena puede quedarse prácticamente sin efecto si no existen mecanismos que garanticen su cumplimiento sobre el terreno.
En este caso, la controversia no afecta únicamente a la titularidad de las propiedades. También incluye el derecho de paso y las posibles limitaciones que podrían establecerse sobre terrenos privados para garantizar el acceso a una parcela reconocida como baldío estatal.
La discusión ha obligado a estudiar una figura especialmente relevante: la denominada servidumbre cultural, que permitiría tener en cuenta las necesidades territoriales y tradicionales de la comunidad indígena a la hora de determinar las condiciones de acceso.Corte Constitucional+1
Los menonitas defienden sus propiedades y cuestionan las reclamaciones indígenas
La controversia también tiene una dimensión relacionada con los derechos de propiedad privada.
La comunidad menonita, que ha ido adquiriendo terrenos en Puerto Gaitán desde aproximadamente 2017, mantiene una posición contraria a que se reconozcan determinados derechos territoriales a los Barrulia sobre las propiedades que considera legítimamente adquiridas.
Según recoge la documentación judicial, los representantes menonitas han defendido que el hecho de que la comunidad indígena lleve varias décadas sin ocupar permanentemente los terrenos cuestionaría el vínculo material que mantiene con ellos.
También han solicitado que se respeten sus derechos de propiedad y las garantías jurídicas asociadas a los procedimientos de adquisición de las tierras.
No obstante, es importante precisar que la controversia no permite atribuir una actuación irregular a todos los integrantes de esta comunidad religiosa ni considerar que todas las propiedades implicadas tengan la misma situación jurídica.
En el procedimiento también han intervenido particulares, sociedades y representantes de intereses económicos que han defendido sus respectivas posiciones ante el alto tribunal.
Entre los argumentos presentados figuran las garantías de los propietarios y la necesidad de que las posibles restricciones sobre sus terrenos se determinen mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La Corte se enfrenta, por tanto, a un escenario en el que debe analizar simultáneamente derechos constitucionales que merecen protección, evitando que la solución de un conflicto termine provocando una vulneración injustificada de los derechos de cualquiera de las partes.Corte Constitucional+1
Las denuncias medioambientales añaden otra dimensión al enfrentamiento
La disputa también ha adquirido relevancia por las posibles consecuencias de determinadas actividades agrícolas sobre el entorno natural.
La comunidad indígena y distintas autoridades han señalado posibles afectaciones relacionadas con la expansión de explotaciones agrícolas, la remoción de vegetación, la intervención de cauces y la utilización de terrenos próximos a zonas de importancia ambiental.
La Unidad de Restitución de Tierras ya había solicitado en octubre de 2023 medidas cautelares para proteger asentamientos de comunidades Sikuani y Sáliba de Puerto Gaitán.
Entre las preocupaciones trasladadas entonces a las autoridades judiciales figuraban la expansión de actividades de arado hacia las inmediaciones de los caños, la posible deforestación en áreas de conservación y las denuncias de amenazas contra autoridades indígenas.
El 6 de agosto de 2024, el Juzgado Promiscuo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio adoptó medidas cautelares relacionadas con la protección ambiental de la zona.
Además, el Auto 1453 de 2026 recoge información de la Fiscalía y de Cormacarena sobre diferentes actuaciones administrativas y judiciales.
Según los datos comunicados por la Fiscalía a la Corte, existe un proceso en etapa de juicio contra doce integrantes de la comunidad menonita por presuntos delitos relacionados con daños a los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Por su parte, Cormacarena informó de la existencia de dos actos administrativos sancionatorios en firme por actividades de tala, remoción de cobertura vegetal y ocupación de cauce realizadas en el predio Campoalegre.
La corporación ambiental también comunicó la existencia de al menos cuatro procedimientos sancionatorios adicionales por infracciones ambientales presuntamente cometidas por miembros de esa comunidad religiosa.
Estos datos deben interpretarse con rigor: la existencia de investigaciones o procedimientos no significa que todas las personas señaladas sean responsables de los hechos denunciados. En los procesos que continúan abiertos deberán respetarse las garantías legales y las decisiones de las autoridades competentes.Corte Constitucional+1
La Corte Constitucional ya había ordenado medidas para facilitar el regreso de los indígenas
La intervención del alto tribunal no comenzó con las últimas actuaciones de octubre de 2026.
El 4 de marzo de este año, mediante el Auto 253 de 2026, la Corte adoptó medidas provisionales destinadas a facilitar la recuperación material del predio Cuba Libre y garantizar el acceso de la comunidad Barrulia.
Entre las decisiones recogidas en aquella providencia figuraba una orden para retirar obstáculos físicos, como puertas, portones y cercas, situados en diferentes propiedades que dificultaban el tránsito de los indígenas y de los funcionarios públicos.
La orden afectaba a terrenos identificados como El Brasil, Panumana, Campoalegre, Liviney, La Chaparrera, Rincón de la Casa, El Algarrobo, El Palmar y Barrulia.
La Corte también intervino en el procedimiento judicial relacionado con la servidumbre de tránsito, reclamando que se incorporase un enfoque étnico en la determinación de las condiciones de acceso.
La finalidad era evitar que las características culturales y tradicionales de la comunidad quedasen fuera de una decisión que, en principio, podría parecer exclusivamente relacionada con cuestiones de propiedad y circulación.
Sin embargo, los problemas administrativos y judiciales no desaparecieron.
La primera demanda de imposición de servidumbre fue rechazada el 9 de febrero de 2026. Posteriormente, la Agencia Nacional de Tierras presentó una nueva demanda ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López, el 13 de marzo de ese mismo año.
Paralelamente, continuaban pendientes actuaciones relacionadas con el procedimiento de recuperación del predio Campoalegre.
La sucesión de decisiones demuestra la complejidad de ejecutar medidas de protección territorial cuando existen diferentes propietarios, procedimientos administrativos simultáneos y desacuerdos sobre los derechos que corresponden a cada parte.Corte Constitucional+1
La situación humanitaria de la comunidad también preocupa a las autoridades
Más allá de los expedientes sobre propiedades, uno de los aspectos más preocupantes es la situación que han atravesado los integrantes de Barrulia.
Tras el desalojo de junio de 2024, la comunidad tuvo que alojarse en el polideportivo Unuma, en Puerto Gaitán.
Según los antecedentes recogidos por la Corte, el desalojo se produjo los días 12 y 13 de junio de 2024, después de un procedimiento relacionado con la ocupación del predio Villa Esperanza, donde la comunidad se había instalado desde 2021.
Sus representantes denunciaron que la actuación no había respetado adecuadamente sus derechos y que no se habían proporcionado suficientes garantías de asistencia humanitaria.
El Ayuntamiento de Puerto Gaitán defendió ante el procedimiento judicial que el desalojo había respetado los derechos fundamentales y sostuvo que la comunidad se había negado a participar en el censo de caracterización.
La primera instancia judicial, el 2 de julio de 2024, reconoció los derechos de la comunidad a la vida en condiciones dignas y a una vivienda digna, y ordenó garantizar determinadas necesidades básicas mientras se resolvía su situación.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión en agosto de 2024 al considerar que el representante que había presentado la tutela no estaba legitimado para hacerlo en nombre de la comunidad.
La Corte Constitucional asumió después la revisión del asunto y ordenó diferentes actuaciones para conocer las condiciones reales de los afectados.
Entre ellas se incluyeron brigadas periódicas de salud en el polideportivo donde permanecían los indígenas.
En el Auto 1453, el alto tribunal volvió a poner de manifiesto que la situación material de la comunidad continuaba siendo precaria, incluso después de los avances relacionados con Cuba Libre.
La preocupación judicial no se limita, por tanto, a conseguir que los Barrulia puedan acceder a un terreno. También incluye la necesidad de garantizar condiciones mínimas de alimentación, salud, vivienda y seguridad.Corte Constitucional+1
Una sesión técnica para escuchar a todas las partes
Uno de los movimientos más recientes de la Corte Constitucional ha sido la convocatoria de una sesión técnica para profundizar en las diferentes dimensiones del conflicto.
La decisión quedó recogida en el Auto 1453 del 14 de octubre de 2026, con la magistrada Natalia Ángel Cabo como ponente.
El tribunal consideró necesario escuchar a expertos en cuestiones agrarias, representantes indígenas, miembros de la comunidad menonita y autoridades nacionales, departamentales y municipales.
La sesión fue programada para el 17 de noviembre de 2026, entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá.
La metodología contemplaba tres bloques principales:
- La situación de los Barrulia: análisis de su identidad como comunidad Sikuani, sus costumbres y su forma de ocupación territorial vinculada a la movilidad estacional.
- El conflicto de tierras en el Meta: estudio de la expansión de los asentamientos menonitas, las reclamaciones indígenas y los derechos de los particulares que afirman ser propietarios.
- Las posibles soluciones: valoración de medidas jurídicas que permitan proteger los derechos fundamentales de los afectados y prevenir nuevos escenarios de confrontación.
Entre los invitados inicialmente previstos figuraban Alba Rubiela Gaitán, gobernadora de la comunidad Barrulia; representantes de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas; miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia; expertos en derechos étnicos; representantes de la Iglesia Menonita y delegados de organismos públicos.
La Corte estableció que la sesión sería grabada con fines probatorios, pero no retransmitida públicamente, debido a los posibles riesgos que podrían afrontar algunas de las personas que han intervenido en defensa de los derechos territoriales de la comunidad.
A fecha de publicación de esta información, la convocatoria y sus objetivos están documentados en la providencia judicial, pero no debe confundirse la celebración de la sesión con una sentencia definitiva sobre la propiedad de las tierras.Corte Constitucional+1
Un conflicto que puede marcar un precedente sobre los territorios ancestrales
El caso de Puerto Gaitán tiene implicaciones que van mucho más allá de las propiedades implicadas.
La Constitución colombiana reconoce una protección especial a los territorios colectivos de los pueblos indígenas. Sus artículos 63 y 329 establecen garantías específicas para los resguardos y las tierras comunales de los grupos étnicos.
Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce la relación especial que mantienen los pueblos indígenas con los territorios que tradicionalmente han ocupado o utilizado.
Este marco jurídico resulta especialmente importante cuando se analizan comunidades con formas de vida diferentes a las de los propietarios convencionales.
En el caso de Barrulia, la movilidad estacional constituye uno de los elementos centrales de la discusión. Si una comunidad se desplaza tradicionalmente por distintos espacios y posteriormente pierde el acceso a ellos por circunstancias históricas, determinar sus derechos territoriales exige algo más que comprobar quién ocupa físicamente cada parcela en la actualidad.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de derechos ancestrales debe desarrollarse respetando las garantías procesales y los derechos legítimos de terceros que puedan verse afectados por las decisiones administrativas o judiciales.
Por ese motivo, el expediente exige una valoración especialmente cuidadosa de los antecedentes históricos, los títulos de propiedad, las actuaciones administrativas, los posibles daños ambientales y las circunstancias que rodearon los desplazamientos.
La decisión que finalmente adopte la Corte podría aportar criterios importantes sobre la protección de territorios ancestrales cuando existen reclamaciones enfrentadas con derechos de propiedad privada y actividades económicas desarrolladas durante años.
Por ahora, la controversia continúa pendiente de una resolución definitiva sobre el alcance de los derechos territoriales reclamados por Barrulia y las garantías que corresponden a los demás implicados.
Lo que está en juego no es solamente la recuperación de algo más de 63 hectáreas en Cuba Libre o la situación jurídica de Campoalegre. Es también la capacidad de las instituciones colombianas para resolver conflictos históricos sobre la tierra, proteger a las comunidades indígenas y garantizar que ninguna de las partes quede desprotegida ante la ley.
Fuentes documentales y contraste periodístico
Para elaborar esta información se han utilizado documentos judiciales y administrativos, además de antecedentes periodísticos. Estas son las principales referencias:
1. Corte Constitucional de Colombia: Auto 1453 de 2026, del 14 de octubre. Es la principal fuente para conocer el estado del expediente, los antecedentes y la convocatoria de la sesión técnica. Consultar el Auto 1453 de 2026.
2. Corte Constitucional: Auto 253 de 2026, del 4 de marzo. Recoge las medidas provisionales para garantizar el acceso a Cuba Libre y facilitar el retorno de Barrulia. Consultar el Auto 253 de 2026.
3. Agencia Nacional de Tierras: información oficial sobre la recuperación de terrenos baldíos y las actuaciones relacionadas con Cuba Libre. Consultar información de la ANT.
4. Agencia Nacional de Tierras: información sobre los mecanismos de protección provisional de territorios ancestrales. Consultar información oficial.
5. ANLA: informe de análisis regional sobre las subzonas hidrográficas del Alto Vichada, río Muco y río Guarrojo, que incluye referencias a conflictos socioambientales en Puerto Gaitán. Consultar informe ambiental.
6. El Espectador: información periodística sobre el conflicto territorial entre Barrulia y los menonitas, publicada el 20 de noviembre de 2026. Consultar la información original.
7. El Espectador: antecedentes sobre las medidas judiciales para facilitar el acceso de Barrulia al predio Cuba Libre. Consultar información relacionada.

