De la Espriella declara la libertad de prensa «sagrada» y ordena blindar a los medios tras las alertas de atentado del ELN
El presidente de Colombia impartió instrucciones para que «toda la capacidad del Estado» proteja a Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, así como a sus periodistas y familias, después de que la Fiscalía alertara de un supuesto plan de atentados atribuido al ELN. La evacuación de la sede de Caracol TV en la noche del sábado, que se saldó sin explosivos, desencadenó una condena transversal de la Corte Suprema, la Procuraduría, la Defensoría y la FLIP
El Gobierno colombiano ha elevado el tono de su respuesta frente a la que, según la información de inteligencia difundida por las autoridades, fue una amenaza coordinada de atentados contra varios medios de comunicación en Bogotá. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en la noche del sábado 7 de noviembre que había ordenado movilizar «toda la capacidad del Estado» para proteger a los medios señalados, después de que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartiera una alerta sobre un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana.
El pronunciamiento presidencial, difundido a través de su cuenta en X, fue inequívoco en su condena. «¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano!», escribió el mandatario, antes de asegurar que «la libertad de prensa es sagrada y se respeta» y que «ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia». De la Espriella precisó que las instrucciones abarcaban la protección de «estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias», y añadió un mensaje directo a los comunicadores: «No están solos».
La noche de la evacuación en La Floresta
La alerta se materializó de forma visible la noche del sábado, cuando la sede de Caracol Televisión en el barrio La Floresta, al norte de Bogotá, fue evacuada de manera preventiva. De acuerdo con la información difundida por el propio canal y recogida por distintos medios, la decisión se adoptó tras recibir «información de las autoridades» sobre la «intención de grupos ilegales de atentar contra el canal». Los empleados abandonaron el edificio con rapidez, algunos por la entrada principal y la mayoría por un acceso posterior, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona durante unos 20 minutos.
Horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá informó de que no se había encontrado «evidencia de explosivos» ni en el interior ni en los alrededores de las instalaciones. La ausencia de artefactos, sin embargo, no desactivó la alarma: según la información disponible, la alerta también alcanzó a Caracol Radio, que confirmó haber recibido advertencias oficiales sobre un «posible atentado» contra sus instalaciones y las de otros medios, y activó sus propios protocolos de seguridad.
Una condena transversal
La reacción institucional fue prácticamente unánime. La Corte Suprema de Justicia calificó las amenazas como un ataque a «un pilar fundamental e insustituible para la consolidación de la democracia» y expresó su solidaridad con los equipos de Caracol Televisión, RCN, Caracol Radio y la revista Semana. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue categórico al señalar que «atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia», y la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a las autoridades «verificar la información, esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias» para proteger a los trabajadores de la prensa.
El Ministerio de Defensa, por su parte, anunció que se desplegarían «todas las capacidades institucionales» para evitar posibles ataques, identificar a los responsables y reforzar los esquemas de protección de los medios amenazados. «La libertad de prensa está protegida y el terrorismo se enfrenta con todo el peso del Estado», afirmó el titular de la cartera, el general Jorge Mora.
Desde la sociedad civil, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió de que la ausencia de explosivos no significaba que el peligro hubiera desaparecido. La organización, que según la información difundida recibió de periodistas presentes en Caracol Televisión la versión de que el CTI de la Fiscalía había alertado de un «eventual plan del ELN» contra Caracol y RCN, pidió «protección inmediata» para los periodistas y subrayó que «informar no puede poner vidas en peligro».
Un contexto de presión sobre la prensa
La alerta contra los medios se produce en un momento de especial tensión en la relación entre el Ejecutivo y el periodismo colombiano. La propia FLIP ha documentado según sus registros un contexto persistente de amenazas y hostigamientos contra comunicadores en varias regiones del país, y ha advertido de que la intimidación por parte de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC sigue siendo uno de los principales riesgos para el ejercicio periodístico.
Mientras las investigaciones avanzan para determinar la veracidad y el alcance de la amenaza, el Gobierno ha dejado claro que su prioridad es la seguridad de los medios, pero también que su respuesta no se limitará a la retórica. Según lo anunciado por el propio presidente, las instrucciones impartidas buscan garantizar que «aquí no gobierna el terrorismo», sino que «imperan la ley y la autoridad del Estado». La eficacia de ese despliegue y el esclarecimiento de quién está detrás de las alertas serán, en los próximos días, la verdadera prueba de fuego para una promesa que el periodismo colombiano lleva años esperando ver cumplida.
