Caracol Televisión extiende su solidaridad a los medios amenazados y reafirma que «ninguna amenaza» doblegará su labor informativa
La cadena activó sus protocolos de seguridad en la noche del sábado tras una alerta de las autoridades sobre un posible atentado, atribuido según la información disponible a grupos armados ilegales. La evacuación, que se saldó sin explosivos, dio paso a una ola de respaldo institucional en la que la Corte Suprema, la Procuraduría, la Defensoría, la FLIP y el propio presidente de la República coincidieron en rechazar la intimidación contra la prensa
La sede de Caracol Televisión en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, fue evacuada la noche del sábado 7 de noviembre tras recibir una alerta de las autoridades sobre la presunta intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones. El canal activó de inmediato sus protocolos de seguridad, adoptó medidas preventivas para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones, y emitió un comunicado en el que, además de confirmar los hechos, expresó su solidaridad con los demás medios de comunicación que, según señaló, también habrían sido objeto de amenazas.
«Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados», reza el pronunciamiento difundido por la cadena, en el que también se subraya que «ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso» con informar «con rigor, independencia y responsabilidad». El comunicado, fechado este domingo 8 de noviembre, agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes el canal ha trabajado «de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes».
La alerta que encendió las alarmas
De acuerdo con la información difundida por Infobae y Blu Radio, la alerta fue transmitida por las autoridades al canal en la noche del sábado, y apuntaba a la «intención de grupos ilegales de atentar contra el canal». La evacuación se produjo sin incidentes y la señal se mantuvo al aire. Horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá informó de que no había encontrado «evidencia de explosivos» ni en el interior ni en los alrededores del edificio, aunque mantuvo activos los protocolos preventivos mientras avanzaban las verificaciones.
La situación, sin embargo, no se limitó a la sede de la televisión. Caracol Radio informó según la información disponible que también había recibido una alerta de las autoridades sobre el «riesgo de un posible atentado» contra la emisora y otros medios de comunicación, lo que extendió la preocupación al conjunto del ecosistema informativo del país. Fuentes citadas por distintos medios señalaron que la advertencia habría alcanzado igualmente a RCN y a la revista Semana .
Una condena transversal: del Gobierno a la Corte Suprema
La reacción institucional fue inmediata y unánime en el rechazo. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró a través de su cuenta en X que había impartido «instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias». «¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano! La libertad de prensa es sagrada y se respeta», afirmó el mandatario, quien según la información difundida atribuyó la amenaza a posibles atentados del ELN .
La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que reiteró que «el libre ejercicio del periodismo es un pilar fundamental e insustituible para la consolidación de la democracia» y manifestó su «rechazo ante los recientes actos de violencia, amenaza e intimidación dirigidos contra periodistas y grandes cadenas de comunicación en el país». El alto tribunal envió un mensaje de «apoyo y solidaridad explícito» a los equipos de Noticias Caracol, Canal RCN, RCN Radio y Caracol Radio, entre otros.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue categórico: «Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia». La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la información como «grave y profundamente preocupante» y pidió a las autoridades «verificar la información, esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias para evitar que los empleados estén expuestos a situaciones de riesgo». La Contraloría, la Registraduría y el sistema de medios públicos RTVC se sumaron al respaldo.
El contexto de una prensa bajo presión
La alerta contra Caracol Televisión no es un hecho aislado. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) , que manifestó su preocupación por las alertas, advirtió según la información disponible que «la ausencia de explosivos no significa que haya desaparecido el peligro» y solicitó al Gobierno y a la Policía «adoptar medidas inmediatas de protección en coordinación con las empresas periodísticas y sus empleados». La organización ha documentado según sus registros un contexto de amenazas persistentes contra periodistas en varias regiones del país, incluyendo casos de intimidación por parte de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC.
En ese marco, la Fiscalía General de la Nación ha venido implementando según la información oficial la Resolución 119 de 2026, que establece lineamientos para la investigación de hechos victimizantes contra periodistas, con un estándar de «debida diligencia reforzada» para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida o la integridad de los comunicadores. La propia FLIP y la Agencia de Medios Independientes (AMI) coincidieron en exigir que las alertas sean investigadas y que se esclarezca su origen.
Con la investigación en curso y las autoridades trabajando para determinar la veracidad y el alcance de la amenaza, Caracol Televisión ha dejado claro que su prioridad es la seguridad de su equipo, pero también que su compromiso con la información no admite condiciones: «Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso», concluye el comunicado de la cadena.
