De la Espriella proclama que el respeto a las creencias es un “deber constitucional” tras el doble varapalo y espaldarazo del Consejo de Estado.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha salido al paso de la polémica sobre la laicidad del Estado y la exhibición de símbolos religiosos en actos oficiales con una declaración de principios que, según la información recogida por este periódico, busca zanjar la controversia: “El respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional”. En un pronunciamiento público difundido este sábado, 14 de noviembre, el mandatario aseguró que su fe católica no entra en contradicción con las creencias de los demás y que, desde la jefatura del Estado, garantizará la libertad de culto que establece la Constitución de 1991.
La intervención de De la Espriella no es casual. Se produce apenas un día después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado hiciera públicas dos decisiones judiciales que, supuestamente, dibujan un escenario agridulce para el presidente: por un lado, avalaron sus gestos católicos y judíos y su famoso “¡Viva Cristo Rey!”; por otro, le ordenaron rectificar públicamente sus palabras sobre el “social-comunismo ateo” y le conminaron a reconocer que las convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que las religiosas.
La declaración presidencial: “Mi fe es parte de mis convicciones personales”
El pronunciamiento del jefe del Estado, según recoge El Espectador, fue escueto pero cargado de intención: “Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación” . Con esta fórmula, De la Espriella trataba de supuestamente desactivar las críticas de quienes consideran que su exhibición de religiosidad en el cargo difumina la frontera entre la fe personal y la acción de gobierno.
El presidente, que llegó a La Moncloa con un discurso en el que la fe ocupa un lugar central, ha hecho de la defensa de la libertad religiosa una de sus banderas. De acuerdo con su propio relato biográfico, De la Espriella se declaró ateo durante décadas y experimentó una conversión al cristianismo hace aproximadamente cinco o seis años, tras la muerte de un familiar cercano, un giro espiritual que según sus propias palabras transformó su manera de entender la vida y la política. Ese pasado ateo, supuestamente, convierte en especialmente simbólico su llamamiento al respeto de todas las creencias, incluidas las de quienes no creen.
El doble fallo del Consejo de Estado: luz verde al “Viva Cristo Rey”, orden de rectificar por los ateos
El detonante de la declaración presidencial es el doble pronunciamiento del Consejo de Estado del viernes 13 de noviembre. Según la información difundida por Cambio Colombia y La Opinión, la Sección Quinta resolvió dos tutelas distintas que abordaban la misma cuestión de fondo —la laicidad del Estado y la neutralidad religiosa— pero que arrojaron resultados opuestos para el presidente.
En la primera de ellas, de acuerdo con el fallo, el tribunal avaló que De la Espriella pueda seguir diciendo “¡Viva Cristo Rey!” en sus discursos y que sus gestos católicos y judíos —incluida su visita a un templo con kipá— no violan la neutralidad religiosa del Estado. Los magistrados concluyeron que la presencia del mandatario en la coronación de la Virgen de Fátima durante la Gran Velatón por Colombia, un acto de solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto, supuestamente respondió a una finalidad humanitaria e institucional y no a un propósito de proselitismo religioso. El uso de recursos públicos para la producción técnica y audiovisual de ese evento, según el tribunal, contó con una finalidad contractual específica y no constituyó un favorecimiento a la Iglesia católica.
La segunda tutela, sin embargo, fue estimada. Según La Opinión, el Consejo de Estado concluyó que el ateísmo y las convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que las creencias confesionales y que el presidente, al calificar como “enemigos de los valores de la nación” a quienes se identifican por su ateísmo, vulneró los principios de laicidad y neutralidad religiosa e incurrió en una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Constitución. La frase que originó la orden judicial fue pronunciada por De la Espriella el 15 de octubre en un acto oficial, cuando afirmó que el Estado debe “impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación” .
La rectificación ordenada: cinco días, un pronunciamiento público y la retirada de vídeos
La consecuencia de ese segundo fallo es una orden con plazos concretos que según Cambio Colombia obliga al presidente a realizar un pronunciamiento público en un plazo de cinco días en el que reconozca tres extremos: que las convicciones no religiosas están protegidas por la Constitución, que quienes las profesan no son enemigos de los valores de la nación y que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a creyentes y a no creyentes. Además, el tribunal ordenó a la Presidencia y al Ministerio de las Culturas eliminar en 48 horas de sus canales de YouTube los vídeos que contienen el discurso del 15 de octubre, al considerar que mantenerlos publicados prolonga el daño causado.
La declaración de este sábado de De la Espriella, supuestamente, podría interpretarse como el cumplimiento de esa orden de rectificación, aunque según las fuentes consultadas no se trata de un pronunciamiento formal ante el tribunal ni contiene una referencia explícita al discurso del 15 de octubre ni una disculpa por las palabras que motivaron la tutela. De acuerdo con la información disponible, el Gobierno no ha aclarado si el presidente tiene previsto realizar una intervención específica para cumplir con la orden judicial en los términos exactos que el Consejo de Estado ha fijado.
La paradoja de un presidente converso: del ateísmo a la fe en el centro del debate
El trasfondo de toda esta controversia es la particular trayectoria religiosa de De la Espriella, que según Radio Nacional de Colombia pasó de declararse ateo durante décadas a afirmar que es cristiano católico. El propio presidente ha relatado en distintas entrevistas que su conversión se produjo hace aproximadamente cinco o seis años, tras la muerte de una persona muy cercana, y que desde entonces su fe se ha convertido en un eje central de su vida y de su discurso público. En una entrevista de 2017, cuando aún se definía como ateo, llegó a decir que se había casado por la iglesia “por amor” y que “uno por amor hace estupideces y tonterías”, una frase que supuestamente sus críticos utilizan ahora para cuestionar la autenticidad de su conversión.
Esa conversión, según RTVE, le ha permitido conectar con los sectores evangélicos y católicos más conservadores de Colombia, un electorado muy poderoso que de acuerdo con los analistas consultados fue clave en su victoria electoral. Desde que asumió el cargo, De la Espriella ha hecho de la religión un elemento central de su acción de gobierno: ha hablado de “poner a Dios en cada decisión de Gobierno”, ha impulsado propuestas como declarar el 31 de octubre Día de la Biblia y ha protagonizado gestos como poner de rodillas a su gabinete para rezar. Esa simbiosis entre fe y política, supuestamente, es la que ha encendido las alarmas de quienes defienden un Estado estrictamente laico y la que ha llevado el debate ante los tribunales.
El precedente de septiembre: una orden judicial revocada
La controversia sobre la religiosidad presidencial no es nueva. Según informó Semana en su momento, en septiembre de 2026 un juzgado de Bogotá ordenó a De la Espriella abstenerse de participar en actos religiosos en ejercicio de sus funciones, al considerar que su presencia en ceremonias de culto podía entenderse como una vinculación del Estado con una confesión determinada. Esa decisión, supuestamente, fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que no se había acreditado una vulneración de los derechos fundamentales relacionados con la libertad de conciencia y que el carácter laico del Estado “no significa que este sea contrario a la religión ni que las manifestaciones de fe deban ser prohibidas en espacios públicos” .
Ese fallo de segunda instancia, de acuerdo con Diario La Libertad, sentó un precedente que el Consejo de Estado ha confirmado ahora: el Estado es laico, pero no antirreligioso, y el presidente, como ciudadano, conserva sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión, siempre que no convierta su fe en un instrumento de discriminación o de privilegio institucional.
La reacción política y el debate sobre la laicidad
Las declaraciones de De la Espriella y los fallos del Consejo de Estado han reavivado el debate sobre la laicidad del Estado colombiano. Según los expertos constitucionalistas consultados por Ámbito Jurídico, la clave está en distinguir entre las expresiones personales de fe del presidente —que están protegidas por la libertad de conciencia y de expresión— y las manifestaciones oficiales que puedan interpretarse como un respaldo institucional a una confesión determinada. Supuestamente, esa línea divisoria es la que el Consejo de Estado ha tratado de trazar con sus dos fallos: avala los gestos personales, pero censura el discurso que estigmatiza a los no creyentes.
La oposición, según las fuentes políticas consultadas, ha recibido con escepticismo la declaración presidencial y considera que se trata de una rectificación de mínimos que no satisface la orden judicial. Algunos sectores, supuestamente, exigen una disculpa explícita y una condena clara de las palabras que calificaron a los ateos como enemigos de la nación. Otros, en cambio, de acuerdo con la información disponible, consideran que el presidente ha cumplido con el espíritu del fallo al reafirmar su compromiso con la libertad religiosa y la laicidad del Estado.
Nota de la redacción
La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de las declaraciones públicas de Abelardo de la Espriella recogidas por El Espectador, así como de las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado difundidas por Cambio Colombia, La Opinión, El Universal, La FM y Ámbito Jurídico, y de las informaciones biográficas publicadas por Radio Nacional de Colombia y RTVE. Dado que la orden de rectificación del Consejo de Estado se encuentra en fase de cumplimiento y que el pronunciamiento presidencial de este sábado no ha sido validado formalmente por el tribunal, algunos extremos —como el alcance exacto de la rectificación, la eventual respuesta del Consejo de Estado o las consecuencias de un posible incumplimiento— deben ser contrastados con las resoluciones que en su momento dicten las autoridades judiciales. Las afirmaciones atribuidas a los actores políticos son declaraciones públicas y no hechos probados judicialmente.
