Drones, un enemigo fragmentado y las cuentas en rojo: el triple desafío que jaquea la seguridad de Colombia.
A pocos días de que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, el balance en materia de seguridad dibuja un escenario de claroscuros. La ofensiva militar contra los grupos armados ilegales se ha intensificado, pero según los informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esa presión no se ha traducido en un control territorial efectivo. Por el contrario, el país afronta una tormenta perfecta: un enemigo cada vez más fragmentado, una ventaja tecnológica que ha pasado a manos de las guerrillas y unas Fuerzas Militares que operan con un déficit presupuestal que compromete su capacidad de respuesta.
El reto invisible: la guerra de los drones
Si hay un arma que ha redefinido el conflicto en 2026, esa es el dron. Lo que comenzó como una táctica improvisada se ha convertido en una estrategia sistemática que ha puesto a la Fuerza Pública en una posición de desventaja. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), citados por El Espectador, solo en lo que va de 2026 se han registrado 353 ataques con drones, lo que representa un incremento del 132,5% respecto al año anterior. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó un aumento del 146% en estos ataques entre enero y mayo de este año.
La autoría de esta ofensiva aérea está claramente identificada. De acuerdo con el informe de la FIP, el 95% de los ataques con drones kamikaze se atribuye a dos organizaciones: el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, responsable del 72%, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le atribuye el 23%. La concentración geográfica de estos ataques es igualmente reveladora: el 71% de los hechos se registra en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander.
La sofisticación de esta amenaza es tal que ya no se trata solo de drones comerciales modificados. Según ha trascendido, el ELN ha llegado a formar a sus propios ‘droneros’ en escuelas establecidas en Colombia y Venezuela, y ha logrado incautar equipos antidrones de alta tecnología, lo que evidencia un salto cualitativo en su capacidad de disputar el espacio aéreo. La respuesta del Estado ha sido, hasta ahora, insuficiente. Según un análisis de La Nación, la ofensiva contra los vehículos aéreos no tripulados es «poca por parte del Estado», y la compra de sistemas antidrones ha dependido de esfuerzos aislados de gobernaciones como las del Valle del Cauca y Antioquia, mientras que regiones críticas como Norte de Santander aún no cuentan con estos escudos.
El enemigo fragmentado: un mapa que se multiplica
El segundo gran desafío es la naturaleza del adversario. Lejos de ser una estructura monolítica, los grupos armados ilegales en Colombia se han atomizado en una constelación de organizaciones con distintos liderazgos, objetivos y alianzas. Según los servicios de inteligencia citados por El Nuevo Siglo, el mapa criminal está dominado por el Estado Mayor Central (EMC), con unos 4.119 integrantes, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), con 3.008 efectivos. A estas dos grandes facciones se suman la Segunda Marquetalia (584 miembros), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (2.089) y estructuras regionales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (520).
En total, de acuerdo con las autoridades, estos grupos suman alrededor de 27.500 integrantes en todo el país. Esta fragmentación, supuestamente, complica la respuesta estatal: no se enfrenta a un solo mando, sino a una red de estructuras que compiten y cooperan entre sí, lo que dificulta las negociaciones, los procesos de sometimiento y las operaciones militares de gran escala.
La actividad de estos grupos no se ha limitado a la confrontación directa. Según el informe de Pares, entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026 se contabilizaron 111 acciones armadas, con ataques contra la Fuerza Pública y combates como los hechos más frecuentes, concentrados en el suroccidente del país (Cauca, Nariño, Valle del Cauca) y en el norte de Antioquia y Santander. La persistencia de estas acciones, según el mismo informe, ha derivado en confinamientos, desplazamientos y un impacto directo sobre la población civil.
El talón de Aquiles: un Ejército sin recursos para moverse
El tercer pilar de esta crisis es, quizás, el más silencioso pero el que condiciona todos los demás: la falta de recursos. Las Fuerzas Militares enfrentan un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para la vigencia 2026, según el balance técnico presentado por el propio Gobierno durante el proceso de empalme.
Ese faltante tiene un impacto directo y medible en la capacidad operativa. De acuerdo con el informe oficial, de los 19 helicópteros MI-17 con los que cuenta el Ejército, únicamente ocho están en condiciones operativas. Peor aún, en la flota de 49 helicópteros UH-60, hay 18 aeronaves fuera de servicio por falta de mantenimiento preventivo o escasez de repuestos. Esta reducción de la movilidad aérea es especialmente crítica en un contexto donde los grupos armados han crecido sostenidamente y donde el control territorial depende, en gran medida, de la capacidad de desplegar tropas con rapidez.
La situación contrasta con el aumento de la presión operativa. Según el Ministerio de Defensa, en los primeros 60 días de gobierno se realizaron 32.029 capturas, se incautaron 135 toneladas de narcóticos y se decomisaron 3.414 armas de fuego. Sin embargo, según los analistas consultados, la efectividad de esas operaciones se ve limitada por la falta de recursos para sostener el despliegue y por la capacidad de los grupos armados de reconfigurarse y adaptarse.
Un balance de claroscuros en los primeros 100 días
El presidente De la Espriella llegará a sus primeros 100 días de gobierno el próximo 15 de noviembre con una promesa de «ofensiva total» que, según la FIP, aún no se ha traducido en un control territorial efectivo. Los bombardeos, los grandes operativos y las capturas de cabecillas han sido constantes, pero de acuerdo con el informe de la fundación, el poder que las estructuras criminales han consolidado en los últimos años sigue intacto.
El gobierno ha respondido con anuncios de una ofensiva para contrarrestar la ola de ataques con drones, según informó AP, que incluiría operativos y capturas de objetivos de alto valor. Pero supuestamente, la efectividad de esa estrategia dependerá de la capacidad de resolver el nudo que atenaza a las Fuerzas Militares: sin presupuesto para mantener los helicópteros en vuelo, sin sistemas antidrones desplegados en todo el territorio y sin una estrategia clara para enfrentar a un enemigo que ya no es uno, sino muchos, la «ofensiva total» corre el riesgo de quedarse en una sucesión de golpes tácticos sin una traducción estratégica duradera.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, publicado por El Espectador; del informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) difundido por Infobae; del análisis de la FIP sobre drones kamikaze publicado por Semana; de las cifras de inteligencia sobre grupos armados recogidas por El Nuevo Siglo; del reporte sobre el déficit presupuestal del Ejército publicado por El Nuevo Siglo; y de las informaciones de EFE, La FM y La Nación sobre ataques con drones y capacidades antidrones. Las cifras de ataques, miembros de grupos armados y déficit presupuestal proceden de “fuentes oficiales y de organismos de investigación” citadas por esos medios, y deben ser contrastadas con los informes completos de la FIP, Pares, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo. Las afirmaciones atribuidas a los actores políticos y militares son declaraciones públicas y no constituyen hechos probados judicialmente.
