Jueces penales de Bogotá se suman al paro del 19-N: denuncian que las tutelas los desbordan mientras el presupuesto se desmorona.
A cinco días de la jornada nacional de protesta convocada por los sindicatos de la Rama Judicial, las juezas y jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá han formalizado su respaldo al paro del próximo 19 de noviembre con un diagnóstico que, según el comunicado difundido por los propios funcionarios y recogido por El Espectador, dibuja una ecuación perversa: “a mayores responsabilidades, menos recursos y condiciones más restrictivas”. No se trata de una queja genérica por las condiciones laborales. Es la constatación, de acuerdo con el documento, de que el crecimiento sostenido de las acciones de tutela, sin una ampliación proporcional de las plantas de personal, ha convertido a los despachos penales en una suerte de dique de contención de la litigiosidad constitucional, mientras los procesos penales ordinarios —que no disminuyen— se acumulan en los escritorios.
La protesta, supuestamente, será la expresión visible de un malestar que lleva meses gestándose en los pasillos de los juzgados y que ahora adquiere dimensión pública en plena discusión sobre el presupuesto de la Rama Judicial para 2026. Los jueces no piden un aumento salarial ni una reivindicación corporativa; según el comunicado recogido por Infobae, Blu Radio y Caracol Radio, piden que se reconozca que el sistema está al borde del colapso y que se adopten medidas estructurales antes de que la crisis sea irreversible.
La “proporcionalidad inversa”: más tutelas, menos personal
El núcleo del malestar está en la carga de trabajo. De acuerdo con el comunicado de los jueces penales de Bogotá, el incremento de las acciones de tutela ha generado una sobrecarga que no se ha visto compensada por un aumento equivalente de funcionarios y empleados. Las tutelas, según reconocen los propios firmantes, tienen una trascendencia constitucional indiscutible y requieren atención prioritaria. El problema no es que lleguen, sino que su tramitación —que incluye numerosas gestiones administrativas, notificaciones, requerimientos y análisis jurídicos— consume un tiempo y unos recursos humanos que se detraen de la atención de los procesos penales.
Según el documento difundido por El Espectador, esa dinámica ha creado una “regla de proporcionalidad inversa” : a medida que crecen las obligaciones de los despachos, disminuyen las condiciones para cumplirlas. Los jueces explican que las tutelas exigen cada vez más tiempo y personal, mientras que los procesos penales a su cargo “no disminuyen” , por lo que deben responder simultáneamente a ambas cargas. A ello se suman las actuaciones administrativas que el trámite de una tutela demanda y que, de acuerdo con los funcionarios, son asumidas por los empleados de los despachos ante la falta de un esquema de apoyo suficiente.
El resultado, según advierten, es que el peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los servidores judiciales. “El compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado” , señalan en el comunicado, una frase que, supuestamente, resume la esencia de su reivindicación: no piden un esfuerzo heroico, sino que se reconozca que el heroísmo no es una política pública.
El contexto del represamiento: Medellín, un caso paradigmático
La situación descrita por los jueces de Bogotá no es un fenómeno aislado. Según ha podido confirmar este periódico, el Tribunal Superior de Medellín declaró en mayo de 2026 una emergencia judicial ante el caos generado por la plataforma Justicia XXI y el represamiento de tutelas y procesos pendientes de reparto. De acuerdo con la información publicada por la presidencia de ese tribunal, desde el 7 de abril de 2026 se presentó un “alto represamiento” de acciones de tutela y de procesos ordinarios que permanecieron pendientes de reparto entre los distintos despachos judiciales.
Ese precedente, supuestamente, ilustra la dimensión estructural del problema. No se trata solo de que lleguen más tutelas, sino de que los mecanismos de distribución y de gestión no dan abasto. Los acuerdos de la Rama Judicial que suspenden temporalmente el reparto de tutelas a determinados despachos —como el Despacho 009 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali o los Juzgados 001 y 002 de Ejecución de Penas de El Santuario— según los documentos oficiales consultados, son una muestra de que el sistema recurre a parches administrativos para evitar que los juzgados colapsen.
La crisis presupuestal: de 17,5 a 11,5 billones
Si la carga de trabajo es el detonante inmediato, el telón de fondo es una asfixia financiera que los jueces describen como “crisis económica” . Según la información recogida por Caracol Radio, los funcionarios cuestionaron la suficiencia del presupuesto destinado a la Rama Judicial frente al aumento de la demanda del servicio, y advirtieron que la falta de recursos limita las posibilidades de ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y adoptar medidas de descongestión.
Las cifras que manejan las autoridades judiciales y que de acuerdo con las fuentes consultadas explican esa percepción son elocuentes. Según la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada Diana Marcela Camacho, la asignación global proyectada para la Rama Judicial se redujo en seis billones de pesos: pasó de un techo inicial de 17,5 billones a una partida final de 11,5 billones. De acuerdo con la advertencia formal formulada por Camacho ante el Gobierno y los organismos de control, ese desfinanciamiento “compromete de manera directa la capacidad del Estado para dictar providencias a tiempo” y “restringe la adecuación técnica y física de las sedes existentes” .
La propia Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, según el comunicado oficial difundido por la institución, expresó su preocupación al Ministerio de Hacienda por una segunda reducción de 695.000 millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, cifra que se sumó a un primer recorte de 4,4 billones frente a la solicitud inicial de 16 billones. Ese recorte, de acuerdo con el documento, impacta el pago de sentencias, la creación de cargos para la implementación del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Jurisdicción Agraria y Rural, y la puesta en marcha de la Ley 2452 de 2025. Otras fuentes, según El Nuevo Siglo, elevan la reducción específica para la Rama Judicial a 696.496 millones de pesos dentro de un recorte global de 13,8 billones de pesos decretado por el Gobierno.
La paradoja de la demanda: más justicia, menos capacidad
El círculo se cierra con una paradoja que los jueces subrayan en su comunicado: la demanda de justicia no ha dejado de crecer. Según el análisis de la magistrada Camacho, los despachos judiciales de la capital atienden “de forma sostenida un tercio de la demanda procesal de todo el país” . Frente a ese volumen, de acuerdo con su advertencia, la limitación de recursos impide habilitar nuevos juzgados y contratar el personal especializado que requieren las distintas salas y áreas de descongestión.
“Nosotros asumimos un tercio de demanda de justicia en el país y necesitamos apoyo suficiente con presupuesto para poder crear más espacios judiciales”, afirmó Camacho, según recoge la Agencia Periodismo Investigativo (API) . La magistrada precisó que la estrechez de caja no solo bloquea la apertura de nuevos despachos, sino que también impide implementar planes de choque contra el represamiento de expedientes en materia penal, civil, laboral y de familia.
Ese represamiento, supuestamente, tiene un coste que trasciende la estadística. Según los propios jueces, las deficiencias estructurales no solo afectan sus condiciones laborales, sino que “pueden repercutir en los ciudadanos que acuden a la justicia para obtener protección de sus derechos” . La frase, de acuerdo con el comunicado, es una advertencia: una justicia lenta, desbordada y sin recursos es una justicia que no cumple su función constitucional.
La protesta del 19-N: una jornada que va más allá de lo salarial
La jornada de protesta del 19 de noviembre, según ha informado este periódico, ha sido convocada por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial y cuenta con el respaldo de los jueces penales de Bogotá y de otras jurisdicciones. De acuerdo con Caracol Radio, en el Tolima, Asonal Judicial también ha anunciado su participación en la protesta contra la sobrecarga laboral y la reducción presupuestal.
Los jueces, según el comunicado recogido por Infobae, han aclarado que su respaldo a la protesta “responde a las dificultades que enfrentan en el ejercicio de sus funciones y a la necesidad de garantizar condiciones que permitan prestar un servicio de justicia oportuno, eficiente y efectivo” . No se trata, supuestamente, de una adhesión a las reivindicaciones salariales de los sindicatos, sino de una toma de posición frente a un problema que consideran que afecta directamente la calidad de la justicia que pueden ofrecer a los ciudadanos.
Las peticiones concretas que formulan en el documento son tres: fortalecer las plantas de personal, establecer mecanismos de descongestión que permitan responder al aumento de las demandas judiciales sin comprometer la atención de los demás procesos, y garantizar una financiación suficiente para la Rama Judicial. “La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva” , concluyen, según recoge Caracol Radio.
Nota de la redacción
La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir del comunicado público de las juezas y jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá, difundido el 13 de noviembre de 2026 y recogido por El Espectador, Infobae, Blu Radio, Caracol Radio y Diario del Huila, así como de las advertencias formuladas por la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, magistrada Diana Marcela Camacho, recogidas por la Agencia Periodismo Investigativo (API), y de los documentos oficiales de la Rama Judicial sobre reducciones presupuestales y medidas de reparto. Las cifras de recorte presupuestal varían ligeramente según la fuente y el periodo de referencia —desde los 695.000 millones hasta los 696.496 millones de pesos, y desde los seis billones hasta los 4,4 billones de recorte frente a la solicitud inicial—, supuestamente debido a la acumulación de ajustes en distintas fases de la discusión presupuestal, por lo que deben ser contrastadas con las series oficiales del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General del Presupuesto. Las afirmaciones atribuidas a los jueces y a las autoridades judiciales son declaraciones públicas y no constituyen hechos probados judicialmente.
