El Congreso desactiva la ‘ponencia única’ y abre la ley fiscal a una negociación multipartidista con 30 ponentes.
A dos semanas de que se agote el período legislativo, la dirección del Congreso de Colombia ha cedido ante la presión de las bancadas y ha enterrado definitivamente la posibilidad de tramitar la ley de rescate fiscal —el paquete de ajuste con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende tapar un déficit proyectado en 144 billones de pesos— a través de una ponencia única y exprés. Según la información recabada por este periódico, la decisión, adoptada el viernes 13 de noviembre, supone un giro táctico forzado por la aritmética política: el Ejecutivo quería concentrar el debate en dos ponentes afines, pero las comisiones económicas han terminado designando a casi una treintena de congresistas para construir el texto que empezará a discutirse la próxima semana. La jugada, supuestamente, aleja el fantasma del ‘rodillo’ y garantiza que cada partido con representación en las células económicas tenga voz y voto en la redacción de una iniciativa que divide al propio oficialismo.
La cronología de una marcha atrás
El pulso se venía cocinando desde la radicación del proyecto, el pasado 29 de octubre. De acuerdo con las crónicas parlamentarias de La Silla Vacía y Valora Analitik, el Ministerio de Hacienda entregó el texto con mensaje de urgencia y el Gobierno presionó para que el primer debate se surtiera exclusivamente en las comisiones terceras (asuntos tributarios) y con un máximo de dos ponentes: el senador conservador David Barguil y el senador de Cambio Radical Carlos Mario Farelo. Ese diseño, supuestamente, buscaba acelerar el trámite y evitar que la iniciativa naufragara en un laberinto de proposiciones y enmiendas.
Pero la maniobra chocó con la resistencia de las bancadas, que vieron en la ponencia única una forma de “recortar la posibilidad de debatir y votar proposiciones”. Las sospechas apuntaron directamente a los primos Barguil —Nicolás, presidente de la Cámara, y David, senador—, a quienes algunos congresistas señalaron como supuestos facilitadores de la movida oficialista. El entorno de David Barguil se defendió argumentando que “tampoco era un privilegio ser ponente único de un proyecto impopular”, según recogió La Silla Vacía.
La gota que inclinó la balanza fue el concepto jurídico de la Cámara, que recordó que la ley obliga a que los asuntos económicos se discutan también en las comisiones cuartas (presupuesto y deuda). Según El Espectador, el Gobierno terminó cediendo y aceptó que el debate se celebrara en comisiones económicas conjuntas y con una ponencia plural. El propio presidente del Senado, Honorio Henríquez, respaldó públicamente la idea de que el proyecto “debería tener varios ponentes” por su importancia para el país.
El mapa de los ponentes: 30 nombres y ningún coordinador único
El resultado de la marcha atrás es un entramado de coordinadores y ponentes que, según los documentos oficiales de las mesas directivas, se reparte de la siguiente manera: en la Comisión Tercera del Senado, la coordinación recae en David Barguil (Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático), acompañados por Yessid Pulgar (Liberal), Edgardo Espitia (Cambio Radical), Juan Carlos Garcés (La U), Andrea Padilla (Verde), Johana Osorio (Pacto Histórico) y Sara Castellanos (Salvación Nacional).
En la Comisión Cuarta del Senado, el coordinador es Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), y supuestamente se irán sumando ponentes de las demás colectividades en las próximas horas, aunque según la información disponible hasta el momento el listado definitivo de ese equipo aún no se ha cerrado por completo.
En la Comisión Tercera de la Cámara, el coordinador es Carlos Cuenca (Cambio Radical), y lo acompañan María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Catherine Juvinao (Verde), Camilo Ávila (La U), Juan Loreto Gómez (Conservador), Yolanda Wong (Liberal) y Jorge Rodrigo Tovar (Citrep).
Finalmente, en la Comisión Cuarta de la Cámara, el coordinador es Guillermo Alvira (Conservador), junto a Carlos De la Peña (La U), Andrea Vargas (Pacto Histórico), Chadan Francisco Rosado (Centro Democrático), David Pinilla Calero (Liberal), María Janeth Sabogal (Citrep por Tolima) y Santiago Osorio (Verde).
La suma, de acuerdo con el conteo de los medios citados, arroja alrededor de 30 parlamentarios involucrados en la construcción de las ponencias, una cifra que supuestamente convierte el trámite en un ejercicio de geometría política variable, donde cada partido —desde el oficialismo hasta el Pacto Histórico— tendrá que buscar consensos para incluir sus propuestas en el texto final.
El contenido del ajuste: IVA, recortes y la promesa de 90 billones
Más allá del ruido político, el fondo del debate es un paquete de medidas que, según el documento oficial presentado por el Ministerio de Hacienda y recogido por La FM, busca cerrar un desbalance fiscal que el Gobierno calcula en 144 billones de pesos al cierre de 2026. Las proyecciones del Ejecutivo, de acuerdo con la misma fuente, apuntan a que la deuda pública podría escalar al 82% del PIB al final del período presidencial y al 149% en diez años si no se adoptan medidas de ajuste, y que la falta de un acuerdo pondría en riesgo 367.000 empleos.
Las medidas más controvertidas, según el análisis de los expertos consultados, son las siguientes: el proyecto contempla modificaciones al IVA de algunos bienes de la canasta básica (un punto que ha generado rechazo en el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Liberal), incrementos en los precios de la gasolina, una ampliación de la base gravable para personas naturales en renta y una reducción del impuesto de renta para las empresas. En el capítulo del gasto, la iniciativa propone disminuir en un 15% el tamaño del Estado y recortar en un 50% los recursos destinados a contratos de prestación de servicios durante 2027, además de revisar más de 250 transferencias estatales y vender activos improductivos.
El objetivo de recaudo que maneja el Ejecutivo, según Valora Analitik, es superar los 40 billones de pesos en ingresos adicionales, que se complementarían con medidas de reducción del gasto, aunque el vicepresidente José Manuel Restrepo ha llegado a hablar de una necesidad de 90 billones para cuadrar las cuentas. Esa cifra, supuestamente, explica la urgencia del Gobierno: el proyecto necesita surtir su trámite en tiempo récord para que el Ejecutivo pueda reducir el desbalance fiscal proyectado para 2027, y a seis semanas de que termine la legislatura apenas se está conformando el equipo que construirá la ponencia.
La oposición no se queda quieta: ponencia sustitutiva y paro nacional
El escenario multipartidista no garantiza que el trámite sea pacífico. Según La FM, el Centro Democrático ya anunció que presentará una ponencia sustitutiva que plantea reducir el impuesto de renta empresarial al 30%, crear bonos y eliminar los impuestos saludables y al patrimonio, dos de los tributos contemplados en la iniciativa oficial. Esa contrapropuesta, supuestamente, busca marcar perfil propio de cara a las elecciones regionales de 2027 y forzar al Gobierno a negociar sobre unas bases distintas a las del texto original.
A la ofensiva del uribismo se suma la del Pacto Histórico, que según La Silla Vacía ha calificado la ley fiscal como “uno de los motivos” por los que llama al paro nacional del próximo 19 de noviembre, la misma jornada en la que los sindicatos de la Rama Judicial han convocado su propia protesta por la crisis presupuestal del sistema judicial. La coincidencia de ambas movilizaciones, de acuerdo con los analistas consultados, añade un componente de presión social sobre un Congreso que ya llega tarde al debate.
La advertencia del Ejecutivo: “No se admiten pañitos de agua tibia”
Mientras las comisiones designan ponentes, el Gobierno ha desplegado una estrategia de “zanahoria y garrote” para asegurar la aprobación del texto. Según Head Topics y La Silla Vacía, el vicepresidente Restrepo lanzó un mensaje de dureza al Congreso: “Aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza”. Restrepo advirtió de que, de no aprobarse la ley, las consecuencias podrían desatar una “crisis fiscal severa”, y subrayó que “cualquier recorte en un área debe ir acompañado de una propuesta para llenar ese hueco fiscal”.
En paralelo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha asumido el rol de negociador político y ha mantenido reuniones con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien le habría transmitido que el Congreso tiene “tiempos ajustados” para el proyecto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, coordina el frente técnico, según Head Topics, y su equipo mantiene encuentros con las bancadas para conocer sus propuestas detalladas. Esa doble vía —negociación política y presión técnica— supuestamente busca evitar que el proyecto se hunda en el primer debate, algo que, de acuerdo con las fuentes consultadas, ya ocurrió con una anterior reforma tributaria en las comisiones conjuntas.
El fantasma de las sesiones extraordinarias
El calendario es implacable. Según Valora Analitik, el período legislativo termina en la semana del 14 al 17 de diciembre, y el proyecto debería estar debatiéndose en las comisiones económicas conjuntas la última semana de noviembre para tener alguna posibilidad de pasar a las plenarias antes del cierre. Dado que la ponencia apenas comienza a construirse, de acuerdo con la misma fuente, “se da por hecho que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias” para intentar salvar la iniciativa.
Ese escenario, supuestamente, añade un elemento de incertidumbre adicional: las sesiones extraordinarias suelen convocarse con un temario limitado y suponen un desgaste político adicional para el Ejecutivo, que tendría que justificar ante la opinión pública la prolongación del debate parlamentario más allá del período ordinario. El Gobierno de De la Espriella, según los analistas consultados, se juega en esta ley una parte sustancial de su credibilidad económica, y la dispersión de ponentes que él mismo intentó evitar puede convertirse, paradójicamente, en su tabla de salvación si logra tejer una mayoría en un Congreso fragmentado.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de las informaciones publicadas por El Espectador, La Silla Vacía, Valora Analitik, La FM, Head Topics, Caracol Radio y BBVA Research, así como de los documentos oficiales de las mesas directivas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. La lista de ponentes puede sufrir modificaciones en las próximas horas, según las fuentes consultadas, y el número total de congresistas involucrados —que aquí se estima en torno a 30— depende de si se completa la designación en la Comisión Cuarta del Senado. Los datos fiscales citados (déficit de 144 billones, deuda al 82% del PIB, necesidad de recaudo de 40 a 90 billones) proceden de las proyecciones presentadas por el Ejecutivo y deben ser contrastados con las series oficiales del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Las afirmaciones atribuidas a los funcionarios y a los congresistas son declaraciones públicas y no constituyen hechos probados judicialmente.
